Reforma fiscal complicaría recuperación de empresas de Mazatlán advierte especialista

Para las empresas de Mazatlán que enfrentan pérdidas, bajas ventas y dificultades para sostener su operación, los cambios fiscales descritos para 2027 representarían la presión adicional de destinar recursos al pago de Impuesto Sobre la Renta aun cuando mantengan pérdidas acumuladas.

Así lo advirtió José Luis Ureña, líder del Comité Fiscal de RSM México, quien señaló que este escenario sería particularmente complicado para la hotelería y los desarrollos inmobiliarios del puerto, donde la disminución de ingresos también afecta a constructores, proveedores y otros negocios vinculados con ambas actividades.

El especialista financiero explicó que los principales retos para los empresarios del puerto se concentran en las limitaciones a las deducciones y al aprovechamiento de pérdidas fiscales.

“Ahora, a partir del ejercicio del 27, aunque tengas pérdidas fiscales o que tus deducciones sean mayores a tus ingresos, aun así va a haber un pago de impuestos”, comentó.

Para dimensionar las dificultades locales, mencionó casos de hoteles de cuatro estrellas que en 2022 y 2023 obtenían utilidades de entre 35 y 40 millones de pesos y que ahora registran pérdidas de entre 15 y 20 millones.

“Hay que estarle aportando al flujo de efectivo para efectos de poder sacar la operación, ¿no? Y a eso le sumamos a esta problemática que vamos a tener hoy, de que sí vamos a tener que pagar impuestos”, declaró.

Ureña también se refirió a ciertos desarrollos inmobiliarios con ventas de apenas tres unidades en un año, un nivel que consideró insuficiente para mantener su funcionamiento.

Asimismo, a esas dificultades, indicó, que se sumarían obligaciones fiscales que harían necesario revisar los recursos disponibles para cubrir tanto la operación como el pago de impuestos.

“vamos a tener que reestructurar el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque, miren, bajo ese contexto, aun no tengas flujo de efectivo, implica pagar impuestos. Vamos a tener que eficientar costos, vamos a tener que estar haciendo corridas financieras”, dijo.

“Es como una lucha entre que el Gobierno dice, ‘necesito recaudar más, porque ya ahorita la recaudación de impuestos’. Es el ingreso más importante que tiene el Gobierno para hacer frente”, añadió.

El especialista describió uno de los cambios, el cual consiste en limitar la aplicación de pérdidas fiscales acumuladas hasta por el equivalente al 50 por ciento de la utilidad fiscal del ejercicio.

En este sentido, explicó que una empresa con pérdidas pendientes de 200 y una utilidad de 100 solo podría descontar 50, por lo que conservaría una base gravable de 50, aun cuando todavía tenga pérdidas por aprovechar.

Para los negocios de Mazatlán que han acumulado resultados negativos, esto implicaría que una eventual recuperación de sus utilidades no necesariamente podría compensarse por completo con las pérdidas anteriores.

Además, Ureña añadió que, conforme a la postura de la autoridad que expuso, la restricción también alcanzaría las pérdidas generadas antes de 2027. Aunque el plazo para aplicarlas se ampliaría de 10 a 20 años, consideró que algunas empresas podrían tener dificultades para agotarlas.

“Porque ahorita, en estos dos periodos que tenemos en Mazatlán de vivir difícil situación, se han estado generando pérdidas. Y si ya traías atrasadas, pues nunca nos las vamos a terminar porque se van a estar generando o no las vamos a estar pudiendo aplicar”, manifestó.

El otro ajuste que destacó corresponde a las deducciones, es decir, los gastos que los contribuyentes pueden descontar de sus ingresos para determinar la utilidad fiscal.

En el caso del puerto, explicó que la falta de movimiento en el turismo y las ventas inmobiliarias se extiende hacia otros sectores, lo que dificulta la circulación del dinero.

“Le preguntas a un constructor, pues no tiene obra, y luego le preguntas a la eléctrica, al que surten los productos, pues tampoco hay ventas, o si hay ventas, pues se queda de deber a periodos de tiempo muy largos”, expresó.

Por tal motivo, el fiscalista consideró que las empresas tendrán que revisar sus costos y elaborar proyecciones financieras para anticipar cuánto efectivo necesitarán y cómo cubrirán sus compromisos.

“¿Cuál es el reto?, vamos a tener que eficientar costos, vamos a tener que estar haciendo corridas financieras”, señaló.

El especialista destacó que a esa planeación deberán incorporar otros gravámenes que ya forman parte de sus obligaciones, como el impuesto sobre nómina y, en el caso de los hoteles, el impuesto sobre hospedaje.

Además, advirtió que mantener adeudos fiscales puede agravar los problemas operativos, debido a los cruces automáticos de información mediante los cuales la autoridad identifica incumplimientos, detallando que estos pueden derivar en requerimientos, procedimientos de vigilancia y suspensión de certificados de sello digital, con afectaciones a la capacidad de facturar.

“Ya los impuestos no los puedes deber, porque por los cruces automáticos que tenemos con la autoridad, en cuanto debes impuestos, pues hay un requerimiento, una vigilancia profunda. ¿Y qué sigue de eso? La suspensión de sellos digitales y prácticamente nos dejan imposibilidad de operar”, externó.

Entre los aspectos favorables del paquete que presentó, Ureña destacó la ampliación del esquema de condonación de multas y recargos, que permitiría acceder a contribuyentes sin el límite de 300 millones de pesos de ingresos que mencionó para 2026.

De esta forma, explicó que esta alternativa facilitaría la regularización mediante el pago del adeudo principal y su actualización, sujeto al cumplimiento de las condiciones correspondientes. Sin embargo, reconoció que la falta de efectivo también puede dificultar su aprovechamiento.

Asimismo, mencionó la reducción de 15 a 7.5 por ciento en la tasa del esquema de repatriación de capitales, como un incentivo para retornar recursos del extranjero y destinarlos a la inversión.

Para pequeños negocios y comerciantes, destacó la ampliación del límite de ingresos del Régimen Simplificado de Confianza, que, según su exposición, pasaría de 3.5 a 5 millones de pesos anuales en 2027 y podría favorecer la incorporación a la formalidad.

Pese a estas facilidades, Ureña sostuvo que el reto para las empresas de Mazatlán será disponer de efectivo suficiente para sostener sus actividades y atender las obligaciones fiscales, mientras las bajas ventas y las pérdidas siguen limitando su capacidad financiera.