Van 55 periodistas asesinados en el actual sexenio: Segob
MAZATLÁN._ En los últimos tres sexenios han sido asesinados 249 periodistas en México, además de los casos en contra personas defensoras y este tipo de problema en materia de derechos humanos tiene que atacarse bajo una visión de Estado porque ninguna institución va a poder por sí sola atacar el problema, enfatizó el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Nacional del Mecanismo de Protección Federal, Enrique Irazoque Palazuelos.
En entrevista y en su participación en el Curso de Mecanismos de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y Medidas de Protección que se realiza este fin de semana en Mazatlán, agregó que en el sexenio del 2006 al 2012 fueron asesinados 100 periodistas en el país, en el del 2012 al 2018 fueron 94 y en lo que va del actual sexenio federal van 55.
”El contexto actual no es un contexto nuevo, es decir, tenemos más de 16 años padeciendo de una amenaza frente a la defensa de los derechos humanos, frente al periodismo y frente a la libertad de expresión, es cuestión de analizar, por ejemplo, las cifras que se han dado en términos de asesinatos a periodistas, en el sexenio del 2006 al 2012 según cifras que hemos encontrado desde el Mecanismo de Protección Federal (de la Secretaría de Gobernación) fueron asesinados 100 periodistas”, añadió Irazoque Palazuelos.”
En el anterior sexenio (del 2012 al 2018) acontecieron 94 asesinatos a periodistas, en este momento de esta administración contabilizamos 55 asesinatos, esto no varía mucho en términos de las estadísticas que hemos encontrado de ataques, de agravios a periodistas y personas defensoras de derechos humanos y aquí es importar la dimensión de obligaciones que tiene el Estado Mexicano frente a esta amenaza”.
Recalcó que esta amenaza está totalmente ligada a la crisis de derechos humanos que se ha reconocido desde el Gobierno de México y que lamentablemente se sigue padeciendo.
”Es decir, no es coincidencia que los niveles de agresiones y ataques se hayan disparado hacia periodistas y personas defensoras a partir del año 2006 que fue un año muy crucial de marcaje de la alza de violaciones a derechos humanos, de violaciones y delitos de alto impacto hacia muchos sectores de la población y hay que decirlo también con total honestidad, dada la esfera y la dimensión que trajo la guerra contra el narcotráfico”, recalcó el Coordinador Nacional del Mecanismo de Protección Federal de la Secretaría de Gobernación.
Dijo que el Estado Mexicano conforme a la Constitución tiene la obligación de proteger a todos los sectores de la sociedad ante cualquier amenaza y ante cualquier ataque en que pudieran verse afectados y en ese sentido se tiene una Constitución Política del País muy clara que desde el artículo primero establece la obligación de los tres órdenes de gobierno de todas las autoridades del Estado Mexicano para proteger los derechos humanos de todas las personas.
A partir de ahí se encuentra y hay que identificar cuáles son las autoridades específicamente obligadas en términos de la protección tanto de periodistas como de personas defensoras como parte de una sociedad en donde confluyen otro tipo de sectores sociales y primero se encuentran a las áreas municipales de seguridad, de gobierno, así como a las áreas de seguridad estatal, a las áreas de gobierno estatal y a las áreas federales de seguridad, de gobierno y a los organismos específicos.
Sinaloa de los pocos estados del País con una política
muy sostenible en protección de periodistas
El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Nacional del Mecanismo de Protección Federal, Enrique Irazoque Palazuelos dio a conocer que Sinaloa es uno de los pocos estados del país que tiene un paquete de política pública muy sostenible en términos de protección, tiene una Ley Estatal de Protección, un Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además está renovado un convenio de colaboración entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado para poder generar coordinación y cooperación en esta materia.
También manifestó que hay varios órganos autónomos que pudieran generar capacidades para poder intervenir ante cualquier agresión, en dado caso que se actualice un delito se tiene a las fiscalías Generales de Justicia que tienen facultades legales para emitir medidas de protección a cualquier víctima del delito y a partir de ahí se puede generar un esquema de protección.
Se tienen también a las comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos que cuentan con facultades legales para emitir medidas cautelares y se cuenta también con las secretarías de Seguridad Pública que conforme a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública deben de dar auxilio y atención a cualquier persona amenazas aún y cuando no se constituya un delito.
”Lo importante de este ejercicio es identificar cuántas autoridades están involucradas y estamos con las facultades legales de poder intervenir ante una amenaza, porque lo que sí puedo decir es que este tipo de problemas en materia de derechos humanos tiene que atacarse bajo una visión de Estado, es decir, ninguna institución por sí sola va poder atacar el problema”, reiteró Irazoque Palazuelos.
”Todos los problemas en materia de derechos humanos son tan complejos y estructurales que sería imposible que el Instituto Local de Protección por sí sólo pudiera salir avante para resolver esta problemática o el Mecanismo de Protección Federal por sí sola pudiera decir va resolver el problema o si se lo dejamos solamente a las fiscalías también va en esa misma tesitura o si dejáramos solas a las instituciones de seguridad no va por ahí”.
Recalcó que se tiene que encontrar una forma de coordinarse eficazmente y a partir de ahí generar todas las capacidades de todas las instituciones citadas para prevenir y proteger a las y los periodistas y a las personas defensoras de los derechos humanos que pueden llegar a padecer algún nivel de riesgo o de un ataque ya actualizado.
”Siendo así voy a poder expresar, por ejemplo, en términos de asesinatos y de la problemática actual dónde acontecen los principales asesinatos a periodistas y personas defensoras de derechos humanos y van a ver que hay situaciones muy diferenciadas, por ejemplo, cuando hablamos de asesinatos en la actual administración encontramos a los estados de Sonora, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Michoacán y Oaxaca, estos estados representan el 56 por ciento de los asesinatos nacionales”, expuso.
”Y si vamos a la otra cifra de personas defensoras de derechos humanos vamos a encontrar a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Morelos y Veracruz, en 64 por ciento de los asesinatos totales se dan en estos estados, ustedes vean por ejemplo la cifra tan alta que tienen Guerrero y Oaxaca, solamente son dos estados del núcleo nacional y eso nos ddaalgo que tenemos que tomar en cuenta: no es lo mismo proteger a periodistas que proteger a personas defensoras de derechos humanos”.
Se necesita una política nacional con
enfoque diferenciado por estado o región
No es lo mismo proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Sinaloa que en Oaxaca, en Tamaulipas, Sonora o en Chiapas, por ello lo que se necesita es una política nacional que tenga un enfoque diferenciado por estado y por región y aquí cobran mucha importancia los esfuerzos que vengan de las entidades federativas al contar con áreas específicas como el Instituto que tiene Sinaloa para identificar concretamente qué es lo que se requiere aquí en el contexto.
Lo anterior, precisó, porque se sabe que no es lo mismo proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el norte de Sinaloa, que en centro y en el sur de la entidad, ya no se debe preguntar esa diferenciación en Oaxaca que tiene cinco regiones totalmente diferentes, que tienen diferentes necesidades.
Al curso al que se impartió en un salón de conocido hotel ubicado en la Avenida del Mar asistieron decenas de personas defensoras de derechos humanos, rastreadoras o personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos y periodistas, también acude la directora del Instituto para la Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, Jhenny Judith Bernal Arellano y fue inaugurado por el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin.
También acuden funcionarios públicos de seguridad de municipios de la entidad, de procuración de justicia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Iniciativa Sinaloa, entre otras.
