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Litigio

Vecinos denuncian obra ilegal en el arroyo Jabalines

Acusan al Gobierno de Mazatlán de haber autorizado y ejecutado la obra, pese al riesgo que eso implica
14/07/2025 13:23

Este lunes, líderes de las colonias molestos por una supuesta obra ilegal autorizada por la propia Presidenta Municipal, según los documentos presentados como prueba, expusieron que son varias las colonias afectadas por el presunto desvío ilegal del arroyo Jabalines y se reunieron a las afueras del Juzgado Noveno de Distrito en Mazatlán, junto a su equipo de abogados.

Ahí acudieron para dar seguimiento al juicio de amparo 457/2025, en el cual presentaron nuevas pruebas contra funcionarios de primer nivel como Óscar Roberto Osuna Tirado, director de Protección Civil, por no vigilar la salvaguarda de los habitantes, la directora de Obras Públicas Claudia Valle y personal por mandar maquinaria y la Alcaldesa Estrella Palacios por firmar.

Entre las colonias que aseguran están siendo afectadas son La Campiña, Los Laureles, Labastida Ochoa y parte de los Huertos Familiares, donde habitan más de 500 familias más los que trabajan en el edificio de Seguridad Pública, porque esa parte es dónde se desfoga y se mete a las casas.

La lideresa Hildegarda Vázquez González criticó que con las lluvias pasadas, que no fueron fuertes, se convirtió en un gran arroyo porque se viene el caudal del Infonavit El Conchi, Labastida, sale por la Toledo Corro y los Huertos Familiares, recordando cuando Alejandro Higuera les compró un terreno de 11 metros para desaguar, pero si les llueve recio el agua se mete a las casas y si se sale el arroyo sería el acabose, advirtió.

“Este canal ya lo había abierto anteriormente y por eso metieron a la cárcel a Alejandro Higuera y Felton hizo lo mismo, pero ahora deben de hacer una reunión con los que vivimos alrededor del arroyo de que pensamos debería ser la solución como el dragar, ya lo hicieron antes, pero ahora nos dejaron ese canal de frente y si se llena se va a desbocar”, advirtió.

Entre los inconformes asistieron Gerardo López del Río, Eduardo Murrieta Sánchez, Vázquez González y Nicolás Rodríguez, quienes alzaron la voz en nombre de las colonias La Campiña, Labastida Ochoa y Huertos Familiares, señalando que la intervención ya les ha provocado severos daños en sus propiedades y representa un riesgo mayor durante la temporada de lluvias.

Nicolás Rodríguez expuso que vive por la calle Toronja en la colonia Labastida Ochoa y que hasta ahora no se habían inundando, pero con estas obras de relleno de ese tramo del arroyo el riesgo es latente.

“Con lo que están haciendo se nos viene el socavón de agua completo porque la curva de agua que calmaba la corriente y el golpe de agua, con este relleno favoreciendo no sabemos a quienes; para mi hay alguien interesado particular en que se rellene ese pedazo tapando el cauce natural del arroyo. Fuimos a reclamarle como colonos a la Presidenta y al parecer ni enterada está. Pero necesitamos que se ponga las pilas y esclarezca quién autorizó y si hay culpables que salgan porque nos están afectando a los colonos”.

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El abogado de los vecinos, Guillermo Quintana Pucheta, detalló que se han incorporado evidencias clave al juicio, como testimonios vecinales, estudios técnicos en topografía y geodesia, análisis digitales con validación forense, y registros fotográficos de la maquinaria utilizada en la obra.

Según el litigante, todo apunta a que personal de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento estuvo directamente involucrado en la ejecución del proyecto.

“Desviaron el cauce al arroyo Jabalines. El predio está contiguo al edificio de Seguridad Pública cuando el trazo ordinario normal iba conteniendo la fuerza del agua y lo que hicieron fue trozarlo por la mitad. Con una situación idéntica de cuando cayeron presos el ex Alcalde Alejandro Higuera, Pedro Osuna Amparo y Florentino Grande. Para que veas que tan riesgoso es el problema es porque están totalmente rodeado de colonias”.

Pero, también, denunciaron que bajaron los niveles de contención y por eso los habitantes de la colonia Los Laureles ya están exponiendo en videos que se han estado inundando con las lluvias pasadas.

Explicó que tras platicar con Manuel Iram, Juez Noveno de Distrito, Estrella Palacios de firma autógrafa y Claudia Valle negaron que ellas autorizaron las obras.

“Declararon falsamente ante un juez lo cual es un delito federal que se sigue de oficio y yo quiero pensar que es una estrategia legal para evadir la comisión del delito del desvío al cauce, pero adicionalmente falseas declaraciones”.

“Esto ya no es solo un problema de invasión o daño ambiental; estamos ante una presunta falsedad de declaraciones oficiales ante una autoridad judicial, lo cual constituye un delito federal”, advirtió Quintana.

Explicó que este tipo de conductas están tipificadas en el Código Penal Federal y la Ley de Amparo, y pueden acarrear penas de hasta nueve años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Quintana Pucheta, citó que el 12 y el 26 de junio pasado se reunieron con el Secretario del Ayuntamiento, con Óscar Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil y Clemente Favela, director de Asuntos Jurídicos, los afectados y el equipo legal para recriminarles que a pesar de los videos y testimonios de la presencia de máquinas y a Pedro Salazar Ayala, jefe de maquinaria del equipo de la Dirección de Obras públicas, les respondieron que es falso, pero que es una argucia legal de defensa.

También se reunieron con los regidores Wendy Barajas Cortés del PAN, Maribel Chollet del PRI y Giovanni Hernández de Morena, a quienes le expusieron el caso del arroyo Jabalíes.

Además del juicio de amparo, los afectados ya han presentado denuncias penales y administrativas ante instancias como la Fiscalía General del Estado, la FGR, Conagua y Protección Civil estatal.

El equipo legal y los ciudadanos recalcaron que su lucha no obedece a intereses políticos, sino a la defensa del estado de derecho y la seguridad de las familias que viven en la zona aledaña al cauce del arroyo Jabalíes. Aseguran que llevarán el proceso hasta las últimas consecuencias legales a los involucrados.