Ven tortilleros de Mazatlán viable bajar precio con apoyo integral del gobierno

MAZATLÁN._ Con una disposición al diálogo se manifestó el gremio tortillero de Mazatlán, ante el reciente anuncio emitido por la Presidenta Claudia Sheinbaum para reducir el precio de la tortilla en México.

Dejando ver su disposición para tratar el tema de la reducción del 5 por ciento en el precio del kilo de tortilla, el presidente de la Unión de Propietarios de Tortillerías y Molinos del Municipio de Mazatlán, Mario Félix Elenes, señaló que esta medida solamente será viable si se atienden de forma integral los retos estructurales que enfrenta este sector.

Félix Elenes expresó que la implementación de esta rebaja de costos solamente podrá ser posible si el gobierno tanto federal, como estatal y municipal, trabaja en conjunto con el gremio tortillero mediante algunos acuerdos, pues destacó que a pesar de que desde hace dos años no se ha aumentado el precio de la tortilla, los costos de su producción sí.

“Ahorita las harineras no han subido en dos años y la tortilla no la hemos movido también en su precio, porque el aumento del precio de la harina es lo que nos hace aumentar a nosotros también”, comentó.

“Cada vez que sube la harina, subimos un peso y lo demás nosotros lo absorbemos. Los demás aumentos como refacciones, mano de obra, entre otras que conlleva a la elaboración de la tortilla, nosotros lo absorvemos”, añadió.

Ante esta situación, el dirigente de este gremio en el puerto señaló que solamente mediante la colaboración directa entre el gremio y gobierno en este tipo de costos, se podría implementar sin problema esta baja de precios.

“El problema aquí es que cuando empezamos a no subir el precio de la tortilla, el salario mínimo estaba en 82 pesos, ahorita está en 280 pesos y nada más ahí, son 200 pesos más diarios para un empleado, sumale el impuesto sobre nómina y los impuestos que hay que pagar por los negocios. Todo nos ha subido”, dijo.

“Si el Gobierno federal trabaja con nosotros, podemos bajar el precio de la tortilla hasta 24 o 25 pesos”.

Félix Elenes añadió que aunque en la actualidad el precio promedio del kilo de tortilla se mantiene en los 27 pesos, el costo de producción ronda hasta los 32 pesos.

Sin embargo, declaró que los negocios han evitado trasladar esos incrementos al consumidor final, debido a que su clientela está compuesta en su mayoría por familias de recursos limitados.

“Nosotros no queremos subir el precio de la tortilla, a nosotros no nos conviene subir el precio de la tortilla porque el público consumidor son los que menos tienen, entonces no nos conviene porque vendemos menos y además los perjudicamos”, apuntó.

“Entonces es el cliente final el que es más afectado, que es el más vulnerable y el que menos tiene”.

Por otro lado, el representante de los tortilleros en Mazatlán destacó que otro de los principales obstáculos que se han enfrentado en los últimos años, es la proliferación de negocios informales, los cuales operan sin un registro fiscal o pago de servicios comerciales.

Esta situación genera una competencia desleal, ya que al no tener los gastos requeridos por las autoridades, les permite ofrecer una tortilla a menor precio.

“Ellos pueden dar el precio de la tortilla más barata porque no están pagando ningún tipo de servicio comercial. Los impuestos que nosotros pagamos, ellos no los están pagando”, expresó.

“Pagamos impuestos municipales, estatales y federales y el aumento del salario mínimo nos pegó. Sin embargo, nosotros seguimos ‘apechugando’ eso. Por eso, la proliferación de negocios de este tipo son lo que nos afectan a los que sí estamos debidamente registrados”.

Félix Elenes indicó que en Mazatlán se cuentan con alrededor de 400 tortilleras operando, de las cuales cerca de 100 son las que están operando de forma informal.

El representante destacó que esta situación ha llevado a que varios pequeños empresarios del gremio consideren darse de baja del padrón oficial al sentirse en desventaja frente a quienes operan fuera de la legalidad.

Finalmente, Félix Elenes hizo un llamado al Gobierno municipal y estatal para regular la operación de este tipo de establecimientos informales y poder garantizar un piso parejo para todos.

“No pedimos privilegios, pedimos equidad. Si se va a reducir el precio, que sea con condiciones claras. Justas, donde todos estemos cumpliendo y nadie se quede fuera del marco de la ley”, puntualizó.