Abogados y familiares acusan al Gobierno de México de violar leyes debido proceso en traslado de 92 capos a EU
Un grupo de abogados y familiares de presuntos integrantes de cárteles acusó al Gobierno Federal de violar las leyes al enviar a 92 ciudadanos mexicanos hacia Estados Unidos sin cumplir el proceso formal de extradición. Los señalamientos se presentaron en conferencia de prensa en Ciudad de México y mediante una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), menos de una semana después de que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó a 37 personas el 20 de enero de 2026.
México trasladó a un total de 92 personas vinculadas con el crimen organizado hacia Estados Unidos en tres entregas desde febrero de 2025. El primer envío ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando el Gobierno trasladó a 29 personas, incluidos Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara, y Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas. El segundo traslado se realizó el 12 de agosto de 2025 con 26 personas, entre ellas operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa. La tercera entrega se concretó el 20 de enero de 2026 con 37 operadores de organizaciones criminales trasladados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.
Los traslados forman parte de una estrategia del Gobierno de Sheinbaum Pardo para tomar medidas contra los cárteles y mantener una relación positiva con el Presidente estadounidense Donald Trump, quien ha incrementado las amenazas de emprender acciones militares contra organizaciones criminales en territorio mexicano. El Gobierno Federal sostiene que las entregas se realizaron legalmente por cuestiones de seguridad nacional, mientras que Washington asegura que las personas trasladadas eran buscadas por crímenes en Estados Unidos y muchas tenían solicitudes de extradición pendientes.
Abogados denuncian violación al debido proceso y sacrificio de garantías legales
Yarey Sánchez Lagunas, abogada de dos personas enviadas a Estados Unidos, señaló que a sus clientes se les negó el debido proceso porque fueron trasladados sin una orden de extradición, procedimiento que involucra un largo proceso legal en México. “México hoy se encuentra presentando una fuerte presión en materia de seguridad y cooperación con Estados Unidos. Esto nos obliga a preguntarnos con toda seriedad y responsabilidad si este tipo de decisiones están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos, aun cuando implique sacrificar el debido proceso”, declaró durante la conferencia de prensa.
Los argumentos presentados por la defensa son similares a los expuestos por los abogados de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado tras su extradición a Estados Unidos en enero de 2017. En aquel caso, la defensa argumentó que el confinamiento solitario y las condiciones de reclusión violaban el debido proceso, según el cual nadie debe recibir castigo antes de ser hallado culpable.
Sánchez Lagunas representa a Itiel Palacios García, miembro de alto rango del CJNG enviado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, y a Pablo Edwin Huerta Nuño, integrante de la cúpula del Cártel de los Arellano Félix trasladado el 12 de agosto de 2025. Palacios García fue detenido el 3 de septiembre de 2020 en León, Guanajuato, y posteriormente trasladado a White Plains, Nueva York, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas y portación ilegal de armas. Huerta Nuño, alias “El Flakito” o “El Flaquito”, fue capturado el 21 de junio de 2025 en Tijuana y enviado a San Diego, California, donde está acusado de ser uno de los principales operadores del Cártel de Tijuana y de suministrar miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína a distribuidores en San Diego y Los Ángeles durante los últimos 15 años.
Familiares presentan denuncia contra funcionarios federales por traición a la patria
Vanessa Guzmán, pareja de Juan Pedro Saldívar Farías, alias “El Z-27” y líder regional de Los Zetas, presentó el 27 de enero de 2026 una denuncia penal ante la FGR contra el Consejo Nacional de Seguridad Pública y altos funcionarios del Gobierno Federal, en particular Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, quien ha encabezado la ofensiva gubernamental contra los cárteles. Guzmán acusó a García Harfuch y otros funcionarios de seguridad de “traición a la patria” y “coalición de servidores públicos”.
Saldívar Farías fue enviado a Estados Unidos el 20 de enero de 2026 y enfrenta cargos por tráfico de drogas y armas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de haber entregado una tonelada de marihuana y cinco kilogramos de cocaína durante nueve años de presunta supervisión del tráfico de drogas en la frontera, especialmente en Tamaulipas. Guzmán señaló que su pareja llevaba 13 años en prisión de una condena de 15 años y cuatro meses, por lo que era candidato a beneficios de libertad condicional. “El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro. Al día de hoy no sabemos de él. No ha hecho ni siquiera su llamada legal permitida”, subrayó. Según la prensa, Saldívar Farías se encuentra en Houston, aunque su familia no ha recibido información oficial sobre su ubicación.
“No fue una expulsión, porque él no es extranjero, ni fue una extradición, es un destierro”, afirmó Guzmán durante la conferencia de prensa. La abogada Yarey Sánchez Lagunas anunció que sus clientes se unirían a la denuncia “en los próximos días”. Hugo Dionisio Guadalupe, abogado de Daniel Menera Sierra, alias “El Dany”, líder de Los Zetas detenido en 2015 y enviado en enero de 2026, señaló que su cliente estaba en medio de un proceso de extradición que no llegó a concluirse cuando fue entregado. Los abogados de las personas trasladadas indicaron que no cuentan con recursos legales dentro de México para impugnar los traslados ahora que sus clientes están fuera del país.
Gobierno Federal justifica entregas por seguridad nacional y bajo marcos de cooperación bilateral
El Gobierno Federal sostiene que las entregas fueron legales y se realizaron conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral con pleno respeto a la soberanía nacional. Omar García Harfuch, declaró en cada uno de los traslados que los operadores de organizaciones criminales “representaban una amenaza real para la seguridad del país”. García Harfuch ha explicado que algunos de los capos mexicanos enviados a Estados Unidos mantenían operaciones criminales desde las cárceles y había riesgo de que pudieran salir en libertad gracias a medidas judiciales.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó el 21 de enero de 2026, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que el traslado de los 37 criminales fue una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos y una “decisión soberana” del Gobierno mexicano, priorizando la seguridad nacional del país. “Es algo que viene de los grupos de entendimiento bilateral, fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir, es una decisión soberana y se analiza a partir de las condiciones de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía”, declaró la mandataria nacional.
Sheinbaum Pardo enfatizó que la medida no obedece a presiones externas ni a un acuerdo directo derivado de su reciente llamada telefónica con el presidente Trump. “No es ‘lo piden y ahí va’. Hay un análisis. Es una relación de coordinación, pero la decisión se toma con consideraciones soberanas”, señaló la titular del Poder Ejecutivo Federal. La presidenta de la República descartó que se realizara otra extradición masiva de capos hacia Estados Unidos y reiteró que se analiza cada caso individualmente.
El Gobierno Federal estableció como condición central del acuerdo de entrega que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solicitaría la pena de muerte para ninguno de los trasladados, en apego al Tratado de Extradición entre ambos países vigente desde 1974, que prohíbe la imposición de la pena de muerte cuando el país de origen no contempla ese castigo en sus leyes. Los trasladados fueron distribuidos en cortes federales de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, donde enfrentan procesos penales por cargos de narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, secuestro y delincuencia organizada.
Exdirector de la DEA respalda estrategia mexicana y minimiza quejas legales
Mike Vigil, ex director de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), restó importancia a las quejas presentadas por los abogados y familiares, y elogió a las autoridades estadounidenses por “acelerar” un proceso legal que a menudo se estanca durante años debido a que los abogados presentan un amparo tras otro en un intento por frenar la aplicación de la ley.
Vigil señaló que la Constitución de México faculta a la presidenta del país a tomar acciones de esta magnitud para proteger la seguridad nacional. Aunque Guzmán y los abogados aseguraron que las personas trasladadas no representan una amenaza porque ya estaban cumpliendo sentencias de prisión en México, Vigil señaló que los capos suelen utilizar las prisiones mexicanas como centros para sus operaciones criminales. “Sheinbaum Pardo lo hizo para mejorar la cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pero al mismo tiempo entiende que estos individuos, si permanecen en prisiones allí, por lo general tienen acceso a sus organizaciones criminales, tienen acceso a través de teléfonos. Estas vías rápidas son sumamente valiosas en términos de garantizar que se enfrenten a la justicia”, declaró Vigil.
La figura legal bajo la que el Gobierno de Sheinbaum Pardo ha estado enviando a personas privadas de su libertad en México hacia Estados Unidos, sin cumplir el proceso de extradición, ha generado controversia desde el primer traslado masivo en febrero de 2025. México y Estados Unidos no han logrado unificar un criterio sobre el marco legal de estas entregas, a casi un año de la primera operación que incluyó a figuras históricas del crimen organizado como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, y Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.
El debate legal ha ganado fuerza después de los traslados del 20 de enero de 2026, cuando familiares y defensores exigieron transparencia en el proceso y respeto a los derechos humanos. Las familias afirmaron que ninguna de las personas trasladadas fue notificada del envío y que carecen de comunicación con ellas desde su llegada a Estados Unidos. La única herramienta que queda a las familias, según señalaron, es la presentación de denuncias penales contra funcionarios del Gobierno Federal, pese a que los abogados reconocieron que no cuentan con recursos legales para combatir la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional una vez que sus clientes están fuera del país.
