"Absuelven a últimos 3 militares ligados a masacre"

MÉXICO (Sinembargo.MX /UNIV / AP)._ Un Tribunal federal absolvió y dictó libertad el viernes en la noche para tres militares presos por el caso Tlatlaya, quienes eran los últimos detenidos por la muerte de 22 civiles.

Los tres elementos del Ejército Mexicano habían sido encarcelados por los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo. Los militares habrían participado en la masacre perpetrada en el municipio de Tlatlaya el 30 de junio de 2014.

El magistrado titular del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Adalid Ambriz Landa, determinó que no hay pruebas para juzgar a los inculpados por los delitos por los que fueron apresados, según lo dio a conocer la Procuraduría General de la República.

Con este fallo los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides abandonaría la prisión del Campo Militar Número 1-A.

“La resolución judicial (Toca Penal 247/2015) emitida en esta fecha, desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad (de los militares) en los hechos referidos”, detalló la Procuraduría.

La PGR precisó que conforme al marco legal vigente, acató esta resolución judicial. Aunque, destacó, “el Ministerio Público de la Federación considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares”.

 

El ‘enfrentamiento’

Los militares habrían participado en el operativo registrado en la comunidad de San Pedro Limón, donde 22 civiles perdieron la vida dentro de una bodega.

La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional fue que se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. Pero testimonios de las testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos echaron por tierra esa versión al referir posibles ejecuciones extrajudiciales.

El Gobernador de Eruviel Ávila ordenó clasificar como reservada la información del caso durante 9 años, apenas se dio a conocer que había sospechas, ahora confirmadas, de que hubo ejecuciones extrajudiciales.

Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, así como el Procurador de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, informaron que los combates armados entre civiles y militares duraron entre ocho y diez minutos.

Posteriormente integrantes del batallón 102 ingresaron a la bodega donde se escondían los presuntos criminales y “realizaron una secuencia de disparos que no tiene justificación alguna”.

En agosto del 2014 se dio a conocer que el juzgado sexto militar dictó auto de formal prisión contra un teniente y siete soldados, vinculados con la muerte de 22 jóvenes en el municipio de Tlatlaya.

El Juez militar con sede en el Campo Militar 1 determinó que existían pruebas suficientes para procesarlos por delitos previstos en el Código Militar relacionados con desobediencia e infracción de deberes.

Dos meses después, un juzgado federal concedió la libertad a los primeros cinco elementos castrenses.

 

El caso

El 30 de junio de 2014, el Ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, municipio del Estado de México.

Sólo un soldado resultó herido y tres mujeres sobrevivieron, aunque a raíz de una investigación de The Associated Press surgieron contradicciones sobre esa versión y tras investigaciones propias, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la PGR señalaron que hubo algunas ejecuciones extrajudiciales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en un reporte que al menos 12 y hasta 15 de los 22 presuntos delincuentes habrían sido ejecutados extrajudicialmente. La Procuraduría, sin embargo, concluyó que sólo ocho fueron asesinados luego de haberse rendido.

Dos de las tres sobrevivientes contaron a la AP meses después de los hechos que varios de los sospechosos fueron asesinados después de que se rindieron y que hubo intentos de autoridades civiles y militares de encubrir lo que pasó. Una de ellas dijo que agentes de la Procuraduría del Estado de México la torturaron y algunos de ellos se encuentran actualmente bajo proceso.

 

El abogado Juan Velázquez, asesor de la defensa de los militares, dijo el sábado a la AP que otros cuatro soldados ya habían sido liberados tras ser absueltos por otro juez, por lo cual con esta última resolución no habrá ningún otro elemento castrense en prisión por el caso.

La determinación del tribunal fue criticada por organizaciones de derechos humanos, que consideran que todo apunta hacia que el caso quedará impune.

Las autoridades ya no pueden apelar el fallo del tribunal, pero los familiares de los fallecidos aún pueden interponer un juicio de amparo contra la resolución que exoneró a los militares, aseguró Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a una sobreviviente.

“Esto confirma lo que habíamos advertido, en el sentido de que uno de los casos más graves de violaciones de derechos humanos recientes se encaminaba a quedar impune”, dijo Aguirre, del Centro Prodh, que representa a Clara Gómez, una de las tres sobrevivientes y madre de una adolescente que estaba entre las 22 víctimas.

Aguirre dijo que Gómez está “muy molesta” y “atemorizada”. Gómez fue una de las mujeres que habló con AP, pero en aquel momento pidió no ser identificada por temor a sufrir represalias. A mediados de 2015 se presentó en una rueda de prensa e hizo pública su identidad.

“Teme que pueda recibir represalias del Ejército o de los propios militares juzgados”, dijo el subdirector del Centro Prodh sobre Gómez, quien es permanentemente escoltada por agentes como parte de medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque Gómez dijo que su hija también fue asesinada extrajudicialmente, la adolescente no es una de las ocho personas que la Procuraduría concluyó murieron después de rendirse, por lo cual la señora no es considerada víctima directa y no podría interponer un juicio de amparo contra la absolución de los militares, dijo Aguirre.

No había sido posible contactar con los otros familiares para ver si piensan interponer ese juicio de amparo.

 

Inicialmente ocho soldados fueron detenidos, aunque uno fue liberado prácticamente de inmediato por considerar que no había pruebas en su contra. A los siete restantes les iniciaron procesos en el fuero militar y civil, aunque sólo tres fueron acusados de homicidio.

Velázquez, el asesor legal de los militares, siempre ha sostenido que los militares no participaron en ninguna ejecución y que todo fue parte de una campaña de desprestigio al Ejército. “Toda esa historia de la ejecución de Tlatlaya fue un invento”, afirmó.

La PGR aseguró que ofreció “los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares”, aunque el tribunal consideró lo contrario y ordenó su liberación.

Un tribunal militar ya había absuelto a seis de los siete soldados de cargos contra la disciplina en la justicia castrense. Uno más había sido condenado a un año de prisión, tiempo que ya cumplió.

Una comisión gubernamental de atención a víctimas anunció el año pasado que daría cerca de 3,3 millones de dólares en conjunto a los familiares de los asesinados.

“Dada la evidencia bien documentada de que los soldados ejecutaron a civiles en Tlatlaya, el hecho de que nadie sea responsable por esos crímenes apunta a la misma clase de incompetencia o incluso de encubrimiento por autoridades, como ha sido revelado en el caso Ayotzinapa”, señaló a la AP José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Expertos internacionales que investigaron la desaparición de 43 estudiantes en México, conocido como el caso Ayotzinapa por el nombre de la escuela en la que estudiaban, concluyeron recientemente que sus labores fueron obstaculizadas por autoridades, incluidas de la PGR.

 

Publican resolución de exoneración en caso Tlatlaya

 El Consejo de la Judicatura Federal hizo pública la resolución del caso Tlatlaya por la cual fueron exonerados los últimos tres militares acusados por el homicidio de siete personas en ese municipio del Estado de México el pasado 2014.

Dentro del expediente penal 247/2015, emitido por el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, se gira el oficio al Director de la Prisión Militar, ubicada en el Campo Militar número 1-A, en la Ciudad de México para que deje en inmediata libertad a los procesados.

Queda asentado el proceso de liberación ante la falta de elementos para procesar en torno a los delitos de ejercicio indebido de servicio público, encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito y abuso de autoridad.

Con el fallo del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito a favor de Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, quedan en libertad los ocho militares que en su momento fueron acusados —tanto en el fuero castrense como civil— por la muerte de siete personas después de un enfrentamiento