Absuelven de peculado agravado a Alejandro Gutiérrez, acusado de desviar $250 millones para el PRI

Por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) absolvió a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el delito de peculado agravado.

Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del 2017, acusado por dos casos de presunto peculado agravado, uno por 250 millones de pesos, 246 de los cuales se triangularon, supuestamente, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hacia la Administración del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.

Todo ello a través de supuestas empresas fantasma, y después entregados al PRI para las campañas estatales del 2016, en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Por esta investigación, Gutiérrez Gutiérrez recibió seis meses de prisión preventiva. Mientras que el segundo proceso era porque una empresa propiedad del también ex senador, supuestamente recibió un millón 740 mil por servicios que nunca prestó, por lo que se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva.

El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que afirmó que Gutiérrez Gutiérrez era un “aliado” del presidente Enrique Peña Nieto. Además, citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente del CEN priista, como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a las campañas estatales del PRI en 2016.

El entonces Gobernador Corral Jurado acusó de forma directa al Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, de una represión contra su estado, por las investigaciones que llevaba a cabo respecto a probables delitos de corrupción del ex mandatario estatal, César Horacio Duarte Jáquez, y de posible desvío de recursos al PRI.

El máximo tribunal constitucional decretó el sobreseimiento, es decir, desechó por improcedente el amparo que la administración del entonces Gobernador Javier Corral Jurado promovió para que se le reconociera como víctima de dicho delito, luego que un Tribunal Colegiado estableció que los 250 millones eran recursos federales y que la única víctima fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).