Acusa AMLO fabricación de pruebas hechizas en caso Rocha Moya
El ex presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las autoridades de Estados Unidos de recurrir a calumnias y a la fabricación de expedientes con pruebas hechizas en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza Cázarez, señalamientos que incluyó en su libro Pueblo, cuyo contenido se difundió el 5 de octubre de 2026.
En el texto, AMLO abordó la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) contra ambos políticos y otros ocho funcionarios o ex funcionarios de Sinaloa, y revisó lo ocurrido cinco meses después de que se hizo pública la imputación.
“El miércoles 29 de abril me enteré de la acusación del Departamento de Justicia y agencias en contra del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; del senador Enrique Inzunza Cázarez de ese estado y de 8 funcionarios o ex funcionarios más, por presuntos delitos vinculados con sobornos de narcotraficantes”, relató López Obrador.
El ex presidente sostuvo que, desde que entregó el original del libro el 1 de septiembre de 2026, no ocurrió nada nuevo en el expediente y atribuyó el procedimiento a prácticas recurrentes del vecino país. “Nuestros vecinos han aplicado el modus operandi de casi siempre; el de uso de testigos protegidos, el manejo de publicidad, las filtraciones, calumnias, los guiones a modo que entregan sus abogados a los acusados, la fabricación de expedientes con pruebas hechizas, premio o castigo y muchos otros viejos trucos”, escribió.
El DOJ hizo pública el 29 de abril de 2026 una acusación contra Rocha Moya, Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntamente asociarse con el Cártel de Sinaloa para distribuir narcóticos en territorio estadounidense. La imputación señaló una presunta colaboración con integrantes de la organización criminal a cambio de sobornos, apoyo político y protección institucional.
López Obrador afirmó que el procedimiento estadounidense responde a una motivación política y electoral, orientada a responsabilizar a México de los problemas de consumo de drogas y de migración que enfrenta Estados Unidos. “No hay duda de ese sucio proceder, ni que se trata de un asunto político o electorero para impresionar o seguir manipulando a los ciudadanos estadounidenses sobre que México es el causante de la drogadicción en Estados Unidos”, señaló.
En el libro, AMLO recordó que supo por los medios de comunicación que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condicionó cualquier actuación de las autoridades mexicanas a la presentación de pruebas. “Supe por los medios de comunicación que la Presidenta Claudia Sheinbaum había declarado de manera acertada y categórica que, si había pruebas, se procedería, porque los gobiernos de la Cuarta Transformación, a diferencia de los de antes, no otorgan a nadie impunidad”, escribió.
El ex presidente añadió que la titular del Poder Ejecutivo Federal advirtió que, de no existir elementos para proceder, el Gobierno de México denunciaría una intromisión estadounidense. “Sostuvo que si no había elementos para proceder y solo se trataba de una acusación con propósitos políticos y propagandísticos, se informaría al pueblo y se denunciarían el chantaje, la represalia y la intromisión del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a los mexicanos”, agregó.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en julio de 2026 que hasta entonces no contaba con pruebas que alcanzaran el parámetro probatorio mínimo requerido por la legislación mexicana contra Rocha Moya, Inzunza Cázarez y los demás señalados, aunque precisó que la investigación continuaba.
López Obrador insertó el caso dentro de una crítica más amplia a la estrategia estadounidense contra las drogas y acusó al Gobierno de Estados Unidos de emplear el combate al narcotráfico como mecanismo de presión contra administraciones que no se alinean con sus decisiones. “Para controlar a gobiernos de países no alineados, solo simulan enfrentar este grave problema mediante el uso de la fuerza, la propaganda y la amenaza de acusar de narcoterroristas a las autoridades extranjeras que no se someten al mandato de quienes actúan como vulgares chantajistas y filibusteros”, escribió.
El expediente del DOJ permanece abierto en Estados Unidos, mientras que en México la indagatoria de la FGR continúa sin que se haya informado de la judicialización del caso contra los funcionarios sinaloenses señalados.
