Acusa GIEI que todo el Gobierno colaboró para desaparecer a los 43

Autoridades en funciones de los tres niveles de Gobierno supieron en todo momento lo que les sucedió a los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, pero ocultaron y manipularon la información, según concluyó, en su sexto y último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Solicitado por el propio Gobierno de México desde el 2014, el GIEI fue un grupo de asesoría técnica conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que participaron Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa. Sin embargo, dejó el caso en abril del 2016. Pero regresaron a investigar al territorio mexicano, a principios de marzo del 2019.

Todas las autoridades les negaron información al GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enfatizó que luego de llevar a cabo varias pesquisas y entrevistas, encontraron que había información que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, tuvo desde el primer momento y que fue manipulada o le fue ocultada deliberadamente al GIEI.

Marinos, miembros del Ejército, policías, autoridades municipales, estatales y federales, así como órganos de inteligencia del Estado Mexicano, supieron minuto a minuto, con monitoreo en tiempo real, el paradero de los jóvenes, pero obstaculizaron información y construyeron una versión falsa de los hechos, según consideró el GIEI.

“Todos colaboraron para desaparecerlos”, acusó Carlos Martín Beristain, experto del GIEI, quien junto con la penalista Ángela Buitrago dio a conocer, durante una conferencia de prensa, nuevos hallazgos de sus investigaciones, previo a la presentación del sexto y último informe del Grupo de asesoría técnica, conformado por la CIDH.

El GIEI concluyó en su investigación, que marinos y militares habrían manipulado información relevante del caso en operaciones conjuntas que mantuvieron en secreto y reveló la existencia de videos donde se muestra como son amenazados, torturados y esposados presuntos involucrados en el caso.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señaló que durante horas cruciales del ataque a los jóvenes, previo a su desaparición, un centro de información policial recibió al menos 500 llamadas telefónicas denunciando la agresión.

El reporte indicó, también, que se identificó que soldados que habían dicho estar en descanso o en instalaciones militares la noche del ataque, estuvieron en sitios donde un grupo de los estudiantes de Ayotzinapa habrían sido trasladado.

Buitrago explicó que documentos, fotografías y testimonios también relevaron que miembros de las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), realizaron operaciones secretas, en las que detuvieron a cinco presuntos criminales, hasta ahora desaparecidos, y la posible ejecución extrajudicial de otros dos detenidos.

Sin embargo, GIEI no dijo quiénes podrían haber asesinado a esos dos detenidos, ni explicó cómo llegaron a la presunción de que habrían sido ejecutados.

Con torturas de la Marina se construyó la ‘versión histórica’

Asimismo, el informe señaló que los expertos documentaron discrepancias en archivos internos de la Sedena, en los que se reportó el hallazgo del cadáver del estudiante Julio César Mondragón Fontes, quien fue desollado la noche del ataque en Iguala, lo que, según el reporte, abre serias dudas respecto la posible manipulación del cadáver.

“Los miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y en base a esa tortura se hizo la llamada ‘versión histórica’ junto con [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] SEIDO y la [Procuraduría General de la República] PGR”, indicó el experto de GIEI.

“Tuvimos información que, realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado con un grupo especial de inteligencia del que no hemos conocido casi nada, llevando a cabo detenciones y torturas en el que hemos identificado el resultado de muerte de dos personas en esos operativos no se sabe quiénes son, solamente tenemos una fotografía”, aseveró Beristain, acompañado de Buitrago.

“Se acuerdan que el año pasado mostramos un video de un dron. La actuación de la Sedena, el 27 de septiembre [de 2014], fue ilegal. Sabemos que el escenario del basurero de Cocula, en Guerrero, es un escenario donde se construyó la llamada ‘versión histórica’ y hubo una intervención previa de Marina que no había sido contada y que encontramos en un video secreto”, expresó el experto del GIEI.

Beristain detalló que, si bien no había ninguna información de que la Semar interviniera la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, sí lo hizo inmediatamente después, y a partir del día 28 del mismo mes y año, la versión proporcionada por la Secretaría Marina es que sus elementos participaron en cuestiones de seguridad perimetral.

“Es decir asegurando lugares para que se pudieran hacer diligencias y como saben la participación de los buzos en el Río San Juan, municipio de Cocula, donde se encontró una bolsa oficialmente el día 29, de septiembre del 2014, saben de la visita que hizo Tomás Zerón [de Lucio], quien se desempeñó como titular de la Agencia de Investigación Criminal [AIC], con un detenido el día 28, todo eso nosotros lo descubrimos e hicimos público en nuestro segundo informe y una bolsa donde se encontraron los restos de Alexander Mora [Venancio]. Esa es la versión oficial”, expresó el experto del GIEI.

Sedena e Inteligencia se movilizaron desde el primer momento, pero lo niegan

Por otra parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes aseguró que el Ejército mexicano se “movilizó de diferentes maneras” durante la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, contrario a lo que la Sedena manifestó en diversas entrevistas.

Al presentar un análisis de telefonía durante la noche del 26 de septiembre de 2014, como parte de su sexto y último informe, Buitrago y Beristain expusieron los movimientos que los elementos de la Sedena realizaron en dicha ocasión, así como las horas en las que lo hicieron, en el municipio de Iguala, Guerrero.

Buitrago aseguró que los militares tuvieron comunicación con el C4 de Iguala en diferentes momentos, además de que estuvieron en el Palacio de Justicia de dicho municipio.

“Niegan los monitoreos, pero encontramos 16 documentos que hacen referencia a los movimientos”, señaló la experta del GIEI.

Mientras que Beristain afirmó que el análisis de las comunicaciones telefónicas en las horas críticas de la desaparición de los 43 estudiantes, muestra cómo se movieron algunos elementos de la Sedena, incluidos miembros de inteligencia del Ejército.

“Con datos de telefonía, se muestra la movilización y la intensidad de las comunicaciones que contrasta con las declaraciones que se presentaron [...] La actuación del Ejército se explica por su colusión con el crimen organizado y por una visión contrainsurgente que estigmatiza a los jóvenes”, dijo el experto del GIEI.

Además, Beristain agregó que el ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ocultó su participación en el caso, pese a que en diversos videos se descubrió su participación en interrogatorios a detenidos por la desaparición de los normalistas.