Alcalde acusa desinformación y ‘muchos intereses’ contra la protección de las audiencias
La consejera Jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, señaló que existe una campaña de desinformación en torno a los lineamientos sobre derechos de las audiencias que actualmente se encuentran en consulta pública, y aseguró que detrás de las críticas hay “muchos intereses lastimados” con la elaboración de dicho marco regulatorio.
En la conferencia de prensa Derecho de réplica que realiza cada miércoles, Alcalde presentó la segunda parte del contenido del proyecto de lineamientos emitido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones al asegurar que pese a que se ha difundido información tanto en la mañanera como en otros espacios, “los medios siguen desinformando” y citó brevemente a TV Azteca, La Saga, Luis Cárdenas y otros periodistas y opinadores.
También llamó a la ciudadanía a revisar directamente el documento y participar en la consulta pública.
Explicó que cualquier persona puede ingresar al portal de la Comisión, consultar el proyecto, enviar comentarios y conocer las opiniones de otros participantes. Precisó que la consulta no tiene como objetivo decidir si existen o no los lineamientos, ya que estos derivan de un mandato legal, sino enriquecer su contenido.
“No está a consulta si hay o no lineamientos. Los lineamientos son mandatos de ley. Pero puedo aquí participar para decir, este artículo podría mejorar, aquí puedo incorporar nuevos derechos, proteger de esta manera. Todas y todos podemos participar”, afirmó.
Alcalde rechaza debate sobre información que no aparece en los lineamientos
La titular de la Consejería Jurídica sostuvo que buena parte de la polémica se ha construido sobre afirmaciones que no corresponden con el contenido del documento. Para respaldar su argumento, leyó diversos artículos del proyecto y señaló que el propio texto establece que los lineamientos “en ningún caso, podrán interpretarse para restringir o limitar el derecho a la información, la libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y para ejercer cualquier tipo de censura”.
Al revisar el apartado relativo a los derechos de las audiencias, explicó que estos incluyen recibir información “veraz, plural, oportuna”, distinguir claramente la publicidad de la información periodística, diferenciar entre información y opinión, garantizar el derecho de réplica, promover contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico del país, así como proteger los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género, la no discriminación y la accesibilidad para personas con discapacidad.
Uno de los aspectos que, dijo, ha generado mayor controversia es la obligación de identificar los contenidos publicitarios. Explicó que los lineamientos establecen que cuando exista publicidad integrada dentro de un programa deberá identificarse mediante el símbolo “P” en televisión o mediante un aviso verbal en radio.
Como ejemplo, señaló que si durante la transmisión de un partido de futbol el narrador promociona una marca de papas, “debería aparecer una letra P en el momento en el que está dando un anuncio publicitario”. Agregó que la misma identificación aplicaría cuando en un programa se promocione una licuadora, durante una entrevista utilizada para anunciar un producto o cuando en una telenovela aparezcan marcas comerciales.
También rechazó que los lineamientos obliguen a los conductores a anunciar constantemente cuándo emiten una opinión y cuándo presentan información.
Explicó que el proyecto únicamente prevé que los concesionarios de radio y televisión coloquen plecas, cortinillas o mensajes que permitan identificar que una persona conductora expresa opiniones, al inicio y al final de los programas.
“¿Qué dicen los lineamientos al respecto de esto? ¿Que no puedo decir opiniones? ¿Que tengo que decir, esta es una opinión, ahora voy a decir una noticia, y ahora me regreso a la opinión? No”, expresó.
Código de ética y defensor de las audiencias
Alcalde añadió que el proyecto también obliga a los medios de comunicación a contar con un código de ética, designar un defensor de las audiencias y establecer mecanismos para atender las quejas del público. Indicó que la autoridad únicamente podría intervenir cuando una concesionaria incumpla esas obligaciones.
Reconoció que algunos aspectos específicos del proyecto pueden modificarse durante la consulta pública, como el uso del distintivo “P”, el tiempo que permanezca en pantalla o el formato de las cortinillas, pero insistió en que la discusión debe concentrarse en el contenido real del documento.
“Lo interesante sería debatir sobre lo que dicen los lineamientos, no sobre lo que no dicen los lineamientos, porque entonces la pretensión es engañar, manipular, mentir sobre una pretensión muy distinta a la que hoy protegen estos lineamientos”, sostuvo.
Derechos de las audiencias en México y el mundo
Como parte de su exposición, la consejera hizo un recuento de la evolución de los derechos de las audiencias en México. Recordó que la reforma constitucional en telecomunicaciones dio origen a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y posteriormente, en 2017, se aprobó una reforma que, a su juicio, debilitó esas garantías.
Señaló que esa modificación eliminó obligaciones relacionadas con los códigos de ética y los defensores de las audiencias, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó disposiciones de esa reforma en 2022 por considerar que implicaban un retroceso en la protección de esos derechos.
De acuerdo con Alcalde, esa resolución abrió paso a la legislación aprobada en 2025, que nuevamente mandató la emisión de lineamientos en la materia.
La consejera también rechazó que México sea una excepción en este tipo de regulación y afirmó que diversos países cuentan desde hace años con normas similares y puso el ejemplo de Reino Unido, España, Italia, Taiwán y Canadá.
“El mundo entero, y no de hoy, de 2003, de 2018, de muchos años atrás, avanza en favor de los derechos de las audiencias”, dijo al mencionar ejemplos de regulación en otras naciones.
Al cerrar su intervención, sostuvo que el debate actual responde a intereses que buscan impedir el fortalecimiento de los derechos de las audiencias.
“Increíble pensar que a estas alturas, hablando de radio y televisión, estemos debatiendo como si esto fuese un asunto nuevo, como si el derecho a las audiencias hubiera surgido ayer, y como si se tratara de censura, una cosa tan elemental entre diferenciar publicidad y noticia”, expresó.
Añadió que “hay muchos intereses” detrás de la discusión y relacionó ese contexto con la reforma de 2017.
“Uno se pregunta por qué en 2017 hubo una contrarreforma. Porque sigue habiendo muchos poderes fácticos que, digamos, no les gusta esta protección de las audiencias, del derecho a la información”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la discusión continuará aun después de que concluya la consulta pública y se publiquen los lineamientos definitivos.
“Este debate debe ser permanente, no se agota con los lineamientos; a partir de que los lineamientos que resulten del debate público se publiquen, seguramente seguirá siendo un debate a futuro”, concluyó.
