Amnistía Internacional exige a Estado mexicano cerrar investigación contra periodista y activistas por caso San Fernando

Amnistía Internacional México exigió a las autoridades mexicanas que cierren la carpeta de investigación que existe en contra de las activistas Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti y la periodista Marcela Turati con relación a la masacre de San Fernando, Tamaulipas, misma que se abrió en 2016 durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero a la fecha sigue en curso.

En conferencia de prensa con motivo de la presentación del informe “Perseguidas: Criminalización de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México”, la organización recordó que la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) abrió pesquisas en contra de las activistas y periodista por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

En ningún momento se les notificó a las defensoras de la investigación o de la acusación, ni se les imputó de un delito, detalló la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares.

“Así de absurdo es el actuar del Estado mexicano: tres mujeres que trabajan para esclarecer uno de los casos más horrorosos de violaciones a derechos humanos (...) están criminalizadas y han sido espiadas por el propio Estado”, recalcó.

“La Fiscalía General se ha negado a cerrar la carpeta de investigación. Esto quiere decir que estas tres mujeres pueden seguir siendo investigadas”.

En el mismo sentido, la antropóloga forense del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti, lamentó que la carpeta no se cerrara al final del sexenio de Peña Nieto, y por lo contrario, no se les ha ofrecido una explicación por los hechos.

“Uno podría pensar que todo esto fue parte de la administración anterior, y que al llegar una nueva administración inmediatamente se hubiera cerrado esta investigación, se hubieran sancionado a los responsables, se hubiera removido del expediente toda esta información de nosotras tres, y tal vez se nos hubieran dado las disculpas correspondientes”, señaló Doretti.

“Sin embargo, muy por el contrario, no sólo no sucedió nada de lo mencionado y la causa sigue abierta, sino que no hemos recibido ningún apoyo, explicación, y menos una disculpa, por parte de la Fiscalía”.

En el acto estuvieron presentes la directora ejecutiva de la organización acompañante en México, las tres afectadas, la jefa de investigación de Amnistía, Belem Barrera; la periodista Carmen Aristegui, y el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

Autoridades mexicanas espiaron a defensoras de derechos humanos

La pesquisa fue iniciada en 2016, seis años después del hallazgo de las primeras fosas clandestinas en la ciudad de Tamaulipas, donde fueron localizados los cuerpos de 72 migrantes; y posteriormente 196 cuerpos con personas de diferentes nacionalidades.Como parte de las averiguaciones por el caso, la PGR, mediante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), identificó en la carpeta –sin ninguna prueba– a Turati y Delgadillo, quienes en ese momento trabajaban para documentar los hechos, en el caso de la periodista, y en acompañamiento a víctimas.

Incluso, acusó la directora ejecutiva de Amnistía, personal de la SEIDO desvió recursos de la investigación de la masacre de San Fernando para espiar a las defensoras, y solicitaron ilegalmente los registros de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto, y espiaron sus movimientos y ubicaciones.

Todo lo anterior, en violación a sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión, a la defensa de los derechos humanos y al debido proceso.

La organización y las afectadas indicaron que desconocen si a la fecha siguen en curso las labores de espionaje en su contra, pero han interpuesto recursos legales, entre ellos una denuncia ante la oficina de asuntos internos de la FGR, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y un amparo “contra cualquiera orden de presentación o detención por causa urgente”.

Activistas y periodistas piden a próximo Presidente atender el caso

En el marco de las elecciones para la Presidencia de la República, cargo que se renovará este año, la periodista Carmen Aristegui señaló que los candidatos a ocupar el cargo Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, no han planteado un sistema de justicia transicional para atender problemáticas como el de las defensoras.

“No vemos entre las personas que están buscando el poder político, y disputando hoy llegar a la Presidencia, ocupar los cargos en el Congreso, (...) que estén planteando algo que permita realmente un programa completamente de Estado que nos permita imaginar un sistema de justicia transicional”.

Cuestionadas si habían tenido una reunión con los presidenciables, Marcela Turati aclaró que no lo han hecho ni buscarían hacerlo durante el proceso electoral, pero sí pedirían reunirse con la persona que gane en las elecciones y su equipo de Justicia.