Ángel Aguirre ingresa al penal del Altiplano por el caso Ayotzinapa
Ángel Heladio Aguirre Rivero fue ingresado este 6 de agosto al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras ser detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia, derivados del caso Ayotzinapa.
Según el Registro Nacional de Detenciones, la captura del ex Gobernador de Guerrero ocurrió a las 09:46 horas sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán, con dirección al norte, en la Colonia Cedros de ese municipio del Estado de México.
Tras la detención, Aguirre Rivero, de 70 años, quedó a disposición del Ministerio Público Federal y fue sometido a una certificación médica antes de su traslado.
El ingreso al penal federal de máxima seguridad se registró a las 15:25 horas. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo del Grupo Especial de Operaciones, ejecutaron el dispositivo de traslado bajo custodia hasta el centro penitenciario, donde el ex Gobernador quedó a disposición del juez que libró la orden de aprehensión.
La detención se produjo después de que la Fiscalía General de la República informó que obtuvo la orden de aprehensión tras un nuevo análisis de las actuaciones acumuladas en el expediente y la realización de diligencias adicionales. La solicitud fue presentada por el agente del Ministerio Público responsable de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, sostuvo que la institución reunió pruebas para acreditar que el ex Gobernador ordenó ocultar las videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala de la Independencia, donde fue interceptado uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014.
“La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”, afirmó.
Según la investigación, una persona colaboradora declaró en enero de 2026 que las grabaciones sí existían y que fueron sustraídas del inmueble para entregarlas directamente a quien entonces encabezaba el Gobierno de Guerrero.
En mayo del mismo año, un testigo protegido declaró que Aguirre Rivero instruyó, en una reunión con funcionarios de alto nivel de su administración, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos.
Las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala de la Independencia habrían registrado lo ocurrido en las inmediaciones del Puente del Chipote, donde un grupo de entre 15 y 20 normalistas fue interceptado durante la noche de los ataques.
La línea de investigación contempla la posible participación de policías municipales de Iguala de la Independencia y de Huitzuco de los Figueroa, agentes de la entonces Policía Federal y elementos de la Policía Ministerial de Guerrero.
La desaparición de ese material ya había derivado en la detención de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, en mayo de 2025, por su probable intervención en el ocultamiento de las grabaciones. Tras aquella captura, Aguirre Rivero negó haber tenido conocimiento de los videos y aseguró que nunca giró instrucciones relacionadas con su manejo.
Los ataques contra los normalistas ocurrieron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en distintos puntos de Iguala de la Independencia. Los hechos dejaron seis personas muertas, entre ellas tres estudiantes, varios heridos y 43 jóvenes desaparecidos.
En ese momento, el municipio era gobernado por José Luis Abarca Velázquez, detenido junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en noviembre de 2014, después de permanecer prófugos.
Aguirre Rivero gobernó Guerrero entre 2011 y 2014, y solicitó licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los estudiantes, ante la crisis política y las protestas generadas por el caso. Su captura lo convierte en el funcionario de mayor jerarquía del Gobierno estatal de esa época en enfrentar un proceso penal por estos hechos.
A casi 12 años de los ataques, las investigaciones han involucrado a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, policías y servidores públicos de distintas corporaciones y niveles de Gobierno. El paradero de los 43 normalistas continuará sin esclarecerse mientras no concluyan las diligencias en curso.
