‘Apostamos a no entregar nuestras raíces’: consulta de Ley de Pueblos Indígenas arranca entre protestas

El proceso de consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos comenzó entre protestas y rechazo por parte de diversas comunidades, que reclaman que el proceso impulsado por el gobierno federal se caracteriza por la falta de un diálogo genuino, limitándose a una entrega exprés de documentos que impide un análisis profundo y razonado de la normativa.

“Los plazos establecidos no respetan los tiempos y formas de deliberación de los pueblos y barrios originarios. En cambio, parecen responder a los tiempos políticos, legislativos y mediáticos del Estado”, señalaron integrantes de comunidades de la Ciudad de México, que este domingo protestaron contra la realización de una de las 82 asambleas para la consulta convocada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; un ejercicio que “entendemos como una intromisión en nuestras formas de organización y toma de decisiones”.

En el caso de la Ciudad de México, las personas inconformes subrayaron que hay cerca de 200 pueblos y barrios originarios, de los cuales sólo 53 están reconocidos por el INPI, con lo que el resto no podrá participar en la “asamblea regional de consulta”.

“El INPI se está extralimitando en sus competencias, no es una autoridad integrada ni representativa de los pueblos indígenas u originarios, ya que solo es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, por lo que NO ES LA INSTITUCIÓN que pueda determinar cuándo, cómo y dónde se pueda realizar la consulta”, señala un posicionamiento que suscriben “Representaciones, pueblos, barrios, organizaciones y colectivos de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México”.

En consecuencia, este domingo pobladores de Villa Milpa Alta bloquearon el acceso al Foro Calmécac, para impedir el evento oficial en el que se discutiría el tema.

En otras regiones del país hay otros pueblos —como los wixárika, naayerij, o’dam y meshikan de la Sierra Madre Occidental— que rechazan el proceso de consulta el cual, de acuerdo con el INPI, se hará a través de 82 asambleas para recoger el sentir de más de 16 mil comunidades o localidades registradas institucionalmente con población indígena y afromexicana.

Por su parte, el titular del INPI, Adelfo Regino, afirmó que el proceso de consulta busca dejar atrás la manera tradicional de elaborar las leyes desde oficinas, despachos de abogados o grupos de especialistas. Durante la segunda jornada de Asambleas Regionales, el funcionario adelantó que la propuesta de iniciativa será fortalecida para presentarse el 12 de octubre ante el Congreso de la Unión.

Acusan consulta exprés

El 22 de junio pasado, el INPI informó que el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas aprobó por unanimidad la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con lo que se definió la ruta para su consulta nacional.

Una semana después, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica Luisa María Alcalde detalló los pasos a seguir: una etapa informativa, del 1 de julio al 6 de agosto, para difundir el contenido de la ley en más de 16 mil comunidades; y luego la etapa deliberativa, que está en curso ahora, del 7 de agosto al 13 de septiembre.

En esa fase, cada comunidad debe votar la ley y sus representantes llevarán dicho posicionamiento a las asambleas regionales, donde se recogerán los comentarios correspondientes para realizar la adecuación de la iniciativa, previo a su presentación formal al Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo Federal.

Para Álvaro Puwari, indígena wixárika, el tiempo que se dio para que los pueblos conocieran y discutieran la ley fue poco, ya que se tuvo que hacer un trabajo de interpretación en lenguas y de análisis técnico-jurídico.

Aunado a ello, criticó que tras años de abandono de distintos pueblos indígenas, en días previos al inicio del proceso de consulta, autoridades visitaron algunas localidades “ofreciendo acciones, camionetas, la aprobación de proyectos”, lo que consideró como una muestra de la presión que hay para que los representantes comunitarios aprueben la propuesta.

Ante este panorama, celebró que esté ocurriendo una “revolución de conciencias a nivel nacional. Los pueblos originarios apuestan a la conciencia de ya no entregar, de no hacer lo que el Estado mexicano diga. Conocemos la historia y lo que significa ser despojados, y ahora quieren arrebatar nuestras raíces para dejar a los pueblos sin identidad, sin esos elementos culturales que vienen de la cosmovisión“.

Asimismo, aclaró que la postura que adoptaron no es contra una ideología política, pues a “los pueblos originarios no los rigen los partidos políticos“. Su rechazo será entregado por escrito en distintas asambleas, con la solicitud de que se posponga la consulta hasta que se haya dado tiempo suficiente a los pueblos para analizarla y proponer las modificaciones que consideren necesarias.

Las críticas a la iniciativa

El documento que se votará en las asambleas regionales tiene como objetivo la regulación de los derechos reconocidos en el artículo 2 y otras disposiciones de la Constitución en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Integrada por más de 400 artículos, la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos señala como sus objetivos garantizar la aplicación y el ejercicio efectivo de los “derechos colectivos inherentes a su condición de pueblos preexistentes al Estado mexicano”, así como el establecimiento de los principios, bases, procedimientos y mecanismos para que “ejerzan su carácter de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio“.

Integrantes de pueblos originarios han expresado su rechazo al texto, ya que establece la posibilidad del “uso, aprovechamiento, comercialización o reproducción del patrimonio cultural y de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas por terceros y con fines de lucro”, lo que se decidirá por un grupo de “Autoridades e Instituciones Representativas de los Pueblos y Comunidades Indígenas”. Las ganancias irían a un Fondo para la Protección y Promoción del Patrimonio Cultural, administrado por el Gobierno de México.

Álvaro Puwari subrayó que “en las comunidades wixaritari —establecidas principalmente en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas— no rige el derecho positivo, porque contraviene las cosmovisiones de los pueblos originarios”. A ello sumó que, con el corto tiempo que han tenido para analizar la iniciativa, integrantes de esta comunidad perciben el proceso de la consulta como “una imposición directa”.

Como integrante del Consejo del Patrimonio Cultural Originario (Copaco), Puwari compartió que para los cuatro pueblos que integran esta organización —wixárika, naayerij, o’dam y meshikan de la Sierra Madre Occidental—, aunque la ley dice que el patrimonio es de los pueblos, “pone al gobierno a dar los permisos, a ponerle precio y a guardar el dinero; deja usos gratis para empresas y para el propio gobierno, y quita los castigos a quien se roba la cultura”.

Las comunidades de la Ciudad de México inconformes con la propuesta de iniciativa, critican que reconozca la autonomía y libre determinación de los pueblos, pero “nos obliga a pasar por trámites burocráticos para reconocernos como pueblos indígenas”.

Además, acusan que les quita el derecho a ser consultados, pues en el artículo 133 se establece que cuando el impacto de las decisiones “no sea considerado significativo”, la autoridad “podrá continuar con la medida fundada y motivada en la promoción del interés público”.