Artículo 19 exige a ‘Alito’ disculparse con periodistas por sus declaraciones

La organización no gubernamental Artículo 19 calificó como “inadmisibles en una sociedad democrática”, las declaraciones de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, quien supuestamente expresó que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”.

Ello según un audio que fue difundido, el 24 de mayo del 2022, por Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, durante una conferencia de prensa semanal, denominada ‘Los martes del jaguar’.

En la grabación se escucha a Moreno Cárdenas –presuntamente en momentos que fungía como mandatario estatal en la misma entidad-, decir que agredirá verbalmente al empresario Alexandro Arceo Azar, dueño del periódico Tribuna y de la cadena Telemar.

“Oye este hijueputa de Alexandro Arceo le voy a mentar la madre el lunes [...] Yo siempre lo he dicho, el hijo de puta que se pase de verga, una verguiza, verguiza salvaje. Nomás te voy a dar un dato, a los periodistas no hay que matarlos a balazos papá, hay que matarlos de hambre”, se escucha decir, supuestamente, al dirigente nacional priista en el audio.

La ONG rechazó las supuestas declaraciones en contra de la prensa, ya que, según dijo, “denota la relación de violencia y sometimiento que impera entre las autoridades políticas y la prensa, así como la intolerancia a la crítica y el escrutinio públicos”.

Según datos de la misma ONG, esta no es la primera vez que Moreno Cárdenas violenta a la prensa, ya que en 2015, cuando era candidato a la gubernatura de Campeche, Artículo 19 registró dos agresiones. Más adelante, ya como gobernador de dicha entidad, del 2015 al 2019, documentó 39 ataques, de las cuales, 15 se relacionaban directamente al Gobierno estatal.

La organización no gubernamental también recordó que el dirigente partidista está vinculado, además, al encarcelamiento y tortura del periodista Miguel Ángel Villarino Arnábar, a quien en 2018, Moreno Cárdenas etiquetó como “enemigo” de Campeche.

Artículo 19 detalló que el periodista estuvo preso 58 días en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Francisco Kobén. Asimismo, la ONG destacó que otro caso emblemático que muestra el “talante autoritario” de Moreno Cárdenas, es el del medio Página 66, que sufrió la remoción de contenido.

Ello a través de la utilización del mecanismo de “notificación y retirada”, derivado de una una nota publicada el 10 de enero del 2018, en el portal de dicho medio de comunicación. En ella informaron que la empresa Interconecta -filial del Grupo Altavista- habría firmado un contrato de casi dos millones de pesos mensuales, para proveer servicios de video vigilancia urbana en las cuatro principales ciudades del estado de Campeche.

“Las ahora violentas declaraciones del dirigente político preocupan también, pues el ‘matarlos de hambre’ enfatiza un problema de violencia estructural contra la prensa: la precariedad laboral”, indicó la organización no gubernamental.

Según información recabada por Artículo 19, hay entidades donde la prensa gana hasta 20 pesos por nota con fotografía publicada, es decir, que deben hacer casi 16 notas publicadas para llegar al salario mínimo.

Para la ONG, utilizar la precariedad de la prensa y tomar ventaja de ésta tiene un efecto cascada que en casos de violencia letal, que ha llevado a las autoridades a negar el vínculo de la labor periodística con los asesinatos de periodistas.

“La afirmación de: ‘quien se pase de [...]’ debe ser agredido -refiriéndose a la prensa- muestra la intolerancia a la crítica y al escrutinio públicos por parte del líder político, quien además contraviene estándares internacionales sobre libertad de expresión”, señaló Artículo.

“[...] los cuales establecen que las personas servidoras públicas o líderes políticos están sujetos a un umbral de tolerancia mayor a la crítica, debido al carácter público de sus funciones”, insistió la ONG.

Artículo 19 enfatizó que “las afirmaciones de Moreno son inquietantes al considerar normal agredir y matar a la prensa como una forma de censura, en un país donde se han asesinado a 153 personas comunicadoras del 2000 a la fecha y donde se agrede a la prensa cada 14 horas por ejercer su labor”.

Ante ello, la ONG exigió a la Fiscalía General del Estado de Campeche y a la Secretaría de la Función Pública estatal “una investigación exhaustiva, imparcial, objetiva, profesional y seria sobre los actos de censura perpetrados durante la gestión de Alejandro Moreno como Gobernador de aquella entidad”.

“Para ello deberá considerar los patrones de violencia contra las personas periodistas durante su sexenio así como el ambiente de permisividad para perpetrar este tipo de actos por parte del resto de la administración pública”, exigió Artículo 19.

Por último, la ONG también exigió a Alejandro Moreno Cárdenas “una disculpa pública dirigida a toda la prensa, donde además reconozca la labor fundamental que tiene el periodismo en una sociedad democrática”.

Por su parte, el 24 de mayo del 2022, el presidente del CEN del PRI aseguró ser víctima de una persecución, y descartó que vaya a huir de México, luego de los escándalos derivados de los audios que reveló su sucesora al frente del Gobierno campechano.

El también diputado federal sostuvo que con los audios difundidos se busca dividir el bloque opositor, enfrentarlo con los medios de comunicación y con la ciudadanía, ello debido a que el PRI rechazó la reforma eléctrica impulsada por Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Comenzaron publicando audios manipulados, les funcionaron muy poco. Ahora, como ya no tienen más voces que editar, optan por audios con voces falsas queriendo atribuirlas a mi persona. Una vez más, Morena mintiendo y creando cortinas de humo alejadas de la realidad”, señaló.

El 25 de mayo del 2022, “Alito” reveló en una serie de publicaciones realizadas en la red social Twitter, que los audios que se han dado a conocer, así como supuestos actos de espionaje a “toda la oposición, periodistas y empresarios” surgen a partir de un sistema de espionaje de 800 millones de pesos.

Mismo que nunca se entregó a la Policía Federal y que se “robó” el hoy fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, quien que se desempeñó como el último jefe de la Comisión Nacional de Seguridad, entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018, durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

A través de Twitter, indicó que “se hará un peritaje independiente de los audios exhibidos para mostrar la manipulación y fabricación de hechos”. Además, Moreno Cárdenas aseguró que ya está la denuncia hecha por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“El proveedor es una empresa Israelí [NSO], y un ‘pajarito’ acaba de contar que lo tiene el Fiscal (antes Comisionado Federal de Seguridad). Ya está denunciado por la ASF ante la FGR, por ese ‘robo’ de equipo de más de 800 millones de pesos. Se les empieza a revertir”, acusó “Alito”.