Auditoría Superior abre investigación contra el INE por posible uso indebido de recursos públicos
La Auditoría Superior de la Federación anunció el inicio de una investigación de oficio por posibles irregularidades cometidas en el Instituto Nacional Electoral tras los señalamientos periodísticos sobre contratos y vínculos entre proveedores y personal adscrito a la oficina de la consejera presidenta Guadalupe Taddei.
En un comunicado, el organismo señaló que se indaga el posible uso indebido de recursos públicos.
La investigación abarca al INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como empresas, personas servidoras públicas y proveedores que se encuentren relacionados.
De acuerdo con la ASF, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.
“En virtud de lo anterior, derivado de las nuevas facultades otorgadas la ASF en materia de investigación y, toda vez que ya se cuenta con elementos e indicios suficientes, este órgano superior de fiscalización investigará lo señalado con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”, detalló la auditoría.
La investigación de la ASF dará inicio luego de que el diario Reforma publicara sobre la existencia de investigaciones de la UIF sobre contrataciones del INE, así como la la relación de Taddei, con un proveedor.
Taddei niega favorecer a proveedores del INE
El miércoles 21 de octubre, en una conferencia de prensa en la que no fueron permitidas las preguntas, la presidenta del Instituto Nacional Electoral negó favorecer a empresas proveedoras y anunció que solicitaría a la Auditoría revisar las licitaciones del organismo tras los señalamientos periodísticos.
Y aseguró que los antecedentes sobre posibles omisiones en las declaraciones patrimoniales y de intereses de las personas mencionadas en las publicaciones fueron enviados al Órgano Interno de Control.
Su respuesta ocurre después de que el diario Reforma publicó que Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de la presidenta del INE, aparece como apoderado de Corporativo Zeg, una empresa vinculada con Cajas Graf y TOL Producciones, que, de acuerdo con el diario, obtuvieron un contrato por 197 millones de pesos para materiales de la elección judicial de 2025. Además de su relación con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.
Sin mencionar por su nombre a Navarrete, Taddei negó que la persona señalada hubiera sido su chofer, aunque reconoció que estaba adscrita a la Presidencia.
Aseguró que las personas mencionadas en las notas ya no trabajan en el organismo, pero no precisó cuándo dejaron sus cargos ni las razones de su salida.
La consejera presidenta explicó que, al revisar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, encontraron que habían manifestado no tener participación en empresas, sociedades o asociaciones, por lo que subrayó que cada servidor público es responsable de la información presentada bajo protesta de decir verdad y que corresponde al Órgano Interno de Control determinar si hubo irregularidades.
Respecto de la compra de urnas y mamparas para la elección judicial de 2025, explicó que la licitación se declaró desierta porque las propuestas no cumplieron los requisitos y que posteriormente se recurrió a una adjudicación directa sustentada en una investigación de mercado, con el argumento de asegurar los tiempos de producción y entrega. Aunque sostuvo que el organismo ya está sujeto a auditorías, anunció que pedirá una nueva revisión de sus procedimientos.
