Bahía de Loreto frena los megacruceros: el decreto que puso en riesgo el santuario de la ballena azul
La ballena azul, el animal más grande del planeta, ha encontrado durante décadas refugio en las aguas del Golfo de California; sin embargo, un decreto presidencial publicado el pasado 10 de abril encendió las alertas en Loreto, Baja California Sur: el Gobierno federal buscaba transformar el puerto para impulsar el turismo y el comercio mediante el ingreso de embarcaciones internacionales y megacruceros a un Área Natural Protegida y sitio de crianza de la especie.
La medida provocó protestas de ciudadanos, ambientalistas y científicos, quienes acusaron que el decreto dejaba en la incertidumbre las medidas ambientales que protegen el Parque Nacional Bahía de Loreto y el hábitat de reproducción de la ballena azul.
El decreto modificaba el estatus del Puerto de Loreto para convertirlo en un puerto de cabotaje y altura, categoría que sí permite la llegada de embarcaciones internacionales de gran tamaño, incluidos los megacruceros.
El Parque Nacional Bahía de Loreto, decretado en 1996, forma parte de las áreas naturales protegidas más importantes del Golfo de California.
Además de ser Patrimonio Mundial de la Unesco y Sitio Ramsar, alberga rutas de tránsito, alimentación y crianza de diversas especies marinas, incluida la ballena azul (Balaenoptera musculus), protegida en México bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Aunque el Gobierno federal defendió su proyecto para cambiar el estatus del puerto como una apuesta para impulsar el turismo y la actividad económica, ambientalistas y especialistas advirtieron que el cambio podría entrar en conflicto con el Programa de Manejo del Parque Nacional Bahía de Loreto y con las disposiciones de protección de la ballena azul.
Entre las restricciones ambientales vigentes se encuentran límites al tránsito de embarcaciones mayores a 12 metros de eslora en determinadas subzonas marinas del parque, para reducir impactos sobre el ecosistema y disminuir afectaciones provocadas por el ruido, el tráfico marítimo y posibles colisiones con fauna marina.
“Si a un área natural protegida le echas abajo su Programa de Manejo, le quitas la protección jurídica”, explicó Guillermo Naranjo Estrada, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) noroeste, organización que acompañó a la comunidad de Loreto durante las protestas en contra del decreto.
Naranjo Estrada destacó en entrevista con Animal Político que el decreto se justificó desde una perspectiva económica, para fomentar la conectividad, las actividades económicas del puerto y el intercambio comercial; además, señalaba que el tráfico marítimo en el Puerto de Loreto había incrementado y que recibe embarcaciones tipo crucero, yates y de recreo, considerándose como un puerto con “destino de influencia”.
“Esto se asocia mucho a la actividad de los megacruceros (...) Ahí vino el primer señalamiento: este tipo de embarcaciones entrarían a un sitio que está dentro del Área Natural Protegida Bahía de Loreto, que tiene una protección especial y es considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco”, explicó el abogado.
Sin embargo, ciudadanos, activistas y ambientalistas exigieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, la cancelación del dictamen del 10 de abril por los efectos jurídicos que deja abiertos sobre el hábitat crítico de la ballena azul y sobre un Área Natural Protegida que en su reglamentación tiene un programa de manejo, añadió el abogado.
El Programa de Manejo prohíbe el ingreso de grandes embarcaciones
El Parque Nacional Bahía de Loreto fue decretado área natural protegida el 19 de julio de 1996. Además, desde 2005 es Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y desde 2004 es Sitio Ramsar por albergar una gran variedad de ambientes costeros marinos con fondos rocosos, arenosos, playas, cañadas, cañones submarinos y terrazas marinas.
El Parque Nacional tiene una superficie total de 206 mil 580 hectáreas y cuenta con un Programa de Manejo que contiene los lineamientos para restaurar y conservar las condiciones ambientales del sitio.
Una de ellas es la Subzona de Uso Tradicional Terrestre donde se permite el anclaje de embarcaciones de hasta 12 metros de eslora y desembarque, excepto en zonas de anidación de aves y loberas.
En la Subzona de Uso Tradicional Marina I, II y III se permiten predominantemente actividades de educación ambiental, turismo de bajo impacto ambiental, investigación científica y monitoreo del ambiente.
En cambio, entre las actividades no permitidas destaca la instalación de arrecifes artificiales, introducir especies exóticas, incluyendo las invasoras, modificación del fondo marino, recorridos en vehículos motorizados, tipo jet ski o motos acuáticas, y en la Subzona de Uso Tradicional Marina III, específicamente, se tiene prohibido el tránsito de embarcaciones mayores a 12 metros de eslora.
Naranjo Estrada destacó que el Programa de Manejo también establece restricciones para la navegación de determinados buques porque se reconoce como prioritario el santuario de la ballena azul.
“Las embarcaciones pueden ocasionar daños a las especies y a la fauna nativa. También pueden interrumpir el tránsito de las ballenas, el nivel de ruido que generan puede perjudicar las comunicaciones de las ballenas y como es zona de reproducción afecta procesos naturales”, explicó.
Por ello, continuó el abogado, al establecerse el decreto presidencial del 10 de abril que derogaba cualquier disposición contraria a dicho mandato, se podría entender que también quedaban sin efecto las disposiciones del Plan de Manejo.
“Si a un Área Natural Protegida le echas abajo su Programa de Manejo, prácticamente le quitas la protección jurídica”, enfatizó Guillermo Naranjo.
El decreto presidencial también ponía en riesgo la protección de las ballenas
De acuerdo con la organización internacional The Whale Trail, la ballena azul puede alcanzar los 30.5 metros de longitud y pesar alrededor de 160 toneladas. Además, enfrenta amenazas naturales, como la depredación de las orcas, pero también colisiones con barcos, el enredo en aparejos de pesca, el ruido oceánico y la contaminación.
En México la ballena azul está incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 que identifica a las especies de flora y fauna en riesgo, y está sujeta a protección especial.
El abogado Guillermo Naranjo mencionó que existe un ordenamiento legal importante que rige la zona y es el Programa de Acción para la Conservación de la Especie (PACE) Ballena Azul. En él se establecen restricciones para el paso de determinados buques.
“Al momento en que el decreto establece la derogación de las disposiciones que podrían ser contrarias (...) podía entenderse que también al Programa de Acción de Conservación de la Ballena Azul. Esto quiere decir que deja en incertidumbre jurídica la protección [de las ballenas]”, señaló Naranjo Estrada.
Si cualquier crucero o megacrucero puede transitar por el Parque Nacional Bahía de Loreto, agregó el abogado, se abre la posibilidad de que no se apliquen las normas relativas al Programa de Manejo del Parque Nacional Bahía de Loreto y del PACE ballena azul, una especie de “importancia natural y cultural para las personas”.
La movilización social detiene el decreto y crea mesa de trabajo
Durante más de un mes, la población de Loreto se manifestó en contra del decreto demandando al Gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, que se diera marcha atrás.
El 20 de mayo, en una audiencia pública entre la comunidad de Loreto, el Gobernador Castro Cosío y autoridades ambientales se envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum para cancelar el decreto del 10 de abril.
En la audiencia participaron la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Marina.
“La gente se empezó a movilizar tanto que llamaron a una reunión el 20 de mayo. La respuesta de la comunidad fue que no estaban de acuerdo y que deberían tomarse medidas para garantizar el Programa de Manejo y las disposiciones ambientales vigentes”, añadió.
Al igual que en Mahahual, Quintana Roo, donde habitantes y activistas se opusieron al megaparque de la empresa estadounidense Royal Caribbean, la comunidad de Loreto y la organización ambiental Nakawe Project lanzaron la campaña “Loreto no es un puerto de altura, es un santuario de ballenas. Ayúdanos a abrogar el decreto” en la plataforma Change.org para proteger a la ballena azul. Al cierre de esta nota había logrado un millón 201 mil 824 firmas.
Como resultado de la reunión con autoridades municipales y estatales, el sábado 23 de mayo, se dio a conocer que el decreto quedaba abrogado y se estableció la mesa de trabajo para la regulación administrativa en materia de navegación en el Puerto de Loreto.
“Nosotros pensamos que la creación de esta mesa de trabajo es un triunfo de la población organizada y movilizada porque, por primera vez, ciudadanos y científicos de Loreto, en conjunto con las autoridades, van a diseñar las restricciones y lineamientos de navegación basados en la normatividad ambiental”, explicó Guillermo Naranjo.
Sheinbaum: se malinterpretó el decreto
Durante la conferencia matutina del 27 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “en Loreto, en Baja California Sur, hubo un acuerdo para que se regularizara la entrada de barcos. Se malinterpretó porque se pensó que se iba a hacer ahí un puerto de altura y que iban a llegar barcos y que iba a afectar a los ecosistemas marítimos de la zona. Para quitar cualquier problema ya emitimos otro decreto: en efecto, no estamos pensando en tener un gran desarrollo en la zona”.
La Presidenta afirmó que cuando se presenta un proyecto hay personal de la Semarnat, coordinado por Alicia Bárcena, que revisa que haya inversión y, al mismo tiempo, que en zonas donde no es viable un proyecto se redefina, se reubique o se dé una negativa.
Guillermo Naranjo reiteró que la creación de la mesa de trabajo es un logro al que darán seguimiento en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental con acompañamiento a la comunidad, ya que esta “buena práctica”, como la llamó, puede replicarse en otros espacios con problemáticas similares.
“En el país existen conflictos ambientales por megaproyectos, hay inconformidad de las comunidades y pese a que se llevan los procedimientos legales, lo que realmente incide es la movilización de la comunidad”, añadió.
