Cámara de Diputados avala en lo general el Plan B electoral con mayoría calificada
La Cámara de Diputados aprobó el 8 de abril de 2026, en lo general, el dictamen del denominado Plan B electoral impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con 377 votos a favor y 102 en contra, cifra que superó la mayoría calificada de dos terceras partes que exigen las reformas constitucionales. El respaldo de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano (MC) resultó determinante para sacar adelante la minuta en el Pleno de la Cámara de Diputados, mientras que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en bloque en contra.
Las modificaciones constitucionales —a los artículos 115, 116 y 134— establecen un tope de 15 regidurías en los Ayuntamientos, fijan que los recursos anuales de los Congresos locales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de cada entidad federativa y ordenan que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados electorales y titulares de áreas ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE), organismos electorales locales y Tribunales Electorales no podrán rebasar el salario de la presidenta de la República. Además, la reforma dispone que a partir de 2027 el presupuesto del Senado de la República deberá reducirse en términos reales hasta alcanzar una disminución acumulada de 15 por ciento en un período de cuatro años respecto al presupuesto de 2026.
El dictamen que llegó a San Lázaro ya no incorporó la propuesta original de empatar la revocación de mandato presidencial con las elecciones de 2027, disposición que el Senado de la República eliminó al revisar la iniciativa el pasado 26 de marzo. Un día antes de la sesión del Pleno, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral aprobaron el dictamen por 60 votos a favor —del Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y MC— y 13 en contra del PAN y PRI.
En tribuna, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, sostuvo que el Plan B representa una etapa más hacia un modelo de gestión pública más racional, y aseguró que la reforma no buscaba afectar la autonomía de las instituciones electorales sino “robustecer la democracia”. Por su parte, el diputado del PT Francisco Amadeo Espinosa anunció el voto favorable de su bancada al señalar que la reforma “responde al principio de austeridad republicana y elimina excesos y privilegios en la burocracia electoral”. El pevemista Juan Carlos Carrillo Soberanes también confirmó el respaldo de su bancada al argumentar que “resulta éticamente inaceptable que el servicio público se convierta en un espacio de excesos”.
MC votó a favor aunque con reservas. El diputado Pablo Vázquez afirmó que su partido asumía una postura “responsable y sensata”, pero reconoció que la reforma “se quedaba corta” y no alcanzaba una transformación de fondo, al tiempo que criticó que el oficialismo no impulsara un debate más amplio.
La oposición cuestionó tanto la pertinencia como el alcance fiscal de la reforma. El priista Emilio Suárez Licona precisó que solo 59 municipios del país superan el umbral de 15 regidurías, por lo que la medida eliminaría 703 regidurías —el 4.2 por ciento del total—, con un ahorro mensual de 31 millones de pesos que, distribuido entre los municipios afectados, representaría alrededor de 536 mil pesos por municipio. Su compañero de bancada Alejandro Domínguez calificó ese ahorro de insignificante y señaló que el verdadero dispendio se concentra en proyectos federales. La legisladora panista Carmen Rocío González advirtió que la mayoría pasó por alto el artículo 73 de la Constitución, que no faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de organización política y administrativa de estados y municipios, y estimó en 2 mil 64 millones de pesos el ahorro que tendrán los Congresos locales como consecuencia de la reforma. La también panista Laura Cristina Márquez Alcalá sostuvo que la iniciativa representa un retroceso para el federalismo y la división de poderes, y que no atiende problemas de fondo del sistema electoral como la seguridad de las candidaturas o la prevención del crimen organizado en procesos electorales.
Tras la aprobación en lo general, el Pleno continuó con la discusión en lo particular de los artículos reservados. La reforma deberá ser ratificada por las legislaturas de al menos la mitad de los estados del país para completar el proceso de reforma constitucional y entrar en vigor.
