Campesinos comienzan a liberar carreteras; negociación en Segob entra a fase final
Representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano informaron que habían pedido a sus agremiados liberar las carreteras que mantenían bloqueadas en al menos 10 estados del País, como muestra de buena voluntad en la negociación con el Gobierno federal.
Señalaron que la etapa de diálogo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Gobernación había entrado en su fase final, luego de seis horas de trabajos en la Ciudad de México.
La organización Campesinos Unidos de Sinaloa, encabezada por Baltazar Valdez Armenta, reportó que liberaron las vías y mantuvieron a los productores a pie de carretera.
“Negociación entra a etapa final. El proceso de diálogo en la Ciudad de México ha entrado a su tramo decisivo. Como parte de esta última etapa, el Gobierno ha solicitado la liberación de los puntos de presión como muestra de buena fe para avanzar en la construcción de compromisos”, señaló la organización en un mensaje público.
“Los productores permanecerán presentes, atentos y a un costado de cada punto de manifestación, en resguardo y observación, a la espera de que los resultados que surjan de esta negociación sean realmente favorables para el campo mexicano”.
Para este jueves, los integrantes del FNRCM habían acumulado cuatro días de bloqueos carreteros, con presencia en alrededor de una treintena de puntos en al menos, 10 entidades del País. Los cierres afectaron autopistas, tramos libres y cruces estratégicos utilizados por transportistas y cadenas de suministro.
Durante la mañana de este jueves líderes agrícolas reanudaron el diálogo en la Secretaría de Gobernación, en un intento por destrabar sus demandas en materia de agua, precios y seguridad.
En la mesa de trabajo participaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, y el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán.
Antes de ingresar a la reunión, Valdez Armenta, delegado del Frente para Sinaloa, afirmó que, tras la visita realizada el miércoles a la Cámara de Diputados, observaba “una clara intención de resolver” las exigencias de los productores respecto a la Ley de Aguas.
Valdez Armenta informó que ya contaban con un borrador de propuesta para presentar en Gobernación, en el que se contemplaba la protección de los derechos de los productores agrícolas en el marco de la iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
“Donde sí hay una clara intención de resolver es en el tema de agua, en la iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales, tenemos un borrador que se va a presentar y que contempla la protección de los derechos de los productores agrícolas”, declaró a medios de comunicación antes de su ingreso a la mesa de negociación.
En paralelo, Eraclio Rodríguez Gómez, ex Diputado del Partido del Trabajo y delegado del Frente para Chihuahua, sostuvo reuniones el 26 de noviembre con sus ex compañeros petistas en la Cámara de Diputados, con quienes elaboró un documento respecto a las demandas del sector.
Ese mismo día fue recibido por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, con quien acordó la instalación de una mesa permanente de trabajo para dar seguimiento a los planteamientos de los productores y a las eventuales modificaciones legislativas.
Mientras continuaban las negociaciones, organismos empresariales alertaron respecto a los impactos de los bloqueos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana y la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial señalaron, en comunicados difundidos este jueves, que los cierres carreteros realizados por transportistas y organizaciones campesinas habían generado retrasos, pérdidas económicas y perjuicios en las finanzas públicas. Coparmex sostuvo que las interrupciones provocaban riesgos para empresas y transportistas que dependían del flujo continuo de mercancías y respaldó las demandas de quienes enfrentaban robos, extorsiones, cobro de piso y agresiones en carretera.
Según un sondeo interno de Coparmex, en 33 ciudades se registraban afectaciones directas en carreteras, aduanas fronterizas, nodos logísticos y rutas estratégicas, particularmente en estados como Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango, Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Tamaulipas y regiones de San Luis Potosí, así como en los municipios de Ciudad Juárez, Guasave y Hidalgo del Parral.
Pidió instalar una mesa nacional de diálogo con participación de los sectores afectados y representación equilibrada de las entidades con mayor conflictividad.
La AMCIV advirtió que los bloqueos impactaban negativamente en el funcionamiento de la infraestructura vial estratégica del País, vulneraban el derecho a la libre circulación, comprometían la seguridad de los usuarios y generaban pérdidas económicas al interrumpir cadenas de suministro y procesos logísticos.
Señaló que la situación también provocaba perjuicios en las finanzas públicas al poner en riesgo la estabilidad operativa de las vías concesionadas y afectar su equilibrio financiero.
El organismo llamó a privilegiar “el diálogo institucional, responsable y constructivo”, como vía principal para atender demandas y resolver diferencias sin detener la movilidad ni afectar a millones de personas y consumidores.
