Caso Digna Ochoa: a 25 años de su asesinato, siguen pendientes 13 medidas ordenadas por la Corte IDH
En el marco del 25 aniversario del homicidio de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, su familia y organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Estado mexicano ha incumplido con su responsabilidad de investigar su asesinato y cumplir de forma integral de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
“Necesitamos saber qué se ha investigado, qué falta por hacer y qué acciones se llevarán a cabo para superar los obstáculos que han impedido alcanzar justicia”, señaló Elia Ochoa y Plácido, hermana de Digna.
Además, denunciaron que la fiscal Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha recibido a la familia ni informado sobre avances en la investigación.
Además, durante la jornada, llevaron a cabo la instalación de un altar para rendir homenaje a su memoria y reiterar sus exigencias de verdad, justicia y reparación integral.
Las demandas de la familia Ochoa y Plácido
La familia de Digna Ochoa acudió a la sede ministerial para señalar el impacto de un cuarto de siglo sin esclarecer el crimen.
“Hoy nos reunimos la familia de Digna Ocha y Plácido frente a esta Fiscalía para recordar a nuestra hermana, honrar su vida y reiterar una exigencia que hemos sostenido durante 25 años: conocer la verdad sobre su asesinato y alcanzar justicia”.
Asimismo, los familiares denunciaron la falta de resultados sustantivos por parte de las autoridades encargadas del caso.
“Hoy denunciamos que seguimos sin avances sustantivos en la investigación de su homicidio que permitan conocer plenamente los hechos, identificar a las personas responsables y sancionarlas”.
Ante este escenario, hicieron un llamado directo a la Fiscalía General de Justicia para que “asuma su responsabilidad con diligencia, seriedad y respeto. Que investigue de manera exhaustiva, con perspectiva de género y sin estereotipos”.
Al finalizar su mensaje, la familia dirigió unas palabras a las autoridades gubernamentales para recordarles que “detrás de este expediente está nuestra familia. Cumplan la sentencia. Esclarezcan el asesinato de Digna. Garanticen verdad, justicia y reparación”.
Pendientes en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana
Tanto la familia como las organizaciones civiles recordaron que desde el año 2001 existe una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Digna Ochoa y familiares vs. México.
Sin embargo, denunciaron que persisten 13 de 15 compromisos pendientes de cumplimiento por parte del Estado mexicano.
Entre los resolutivos que continúan inconclusos se encuentran la realización de una investigación integral que determine la identidad de las autorías materiales e intelectuales del homicidio; la garantía de atención médica y psicológica adecuada a las víctimas y el diseño e implementación de una campaña nacional de reconocimiento a la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
Además, la elaboración de un plan calendarizado de fortalecimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la adopción de acciones para garantizar la protección efectiva de testigos y la asignación formal del nombre “Digna Ochoa” a una calle en el municipio de Misantla, Veracruz.
Respecto a los avances normativos, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) refirió que el pasado 14 de agosto se aprobó el Protocolo de investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR).
No obstante, enfatizaron que se requiere un plan de implementación con recursos, capacitación, plazos definidos y mecanismos de seguimiento.
El contexto de riesgo para las personas defensoras
Durante el acto, las organizaciones advirtieron sobre las condiciones de riesgo que persisten en México para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
Informaron que durante el año 2025 se documentaron 43 asesinatos contra personas defensoras en el país.
Detallaron además que las mujeres defensoras enfrentan modalidades diferenciadas de agresión, como violencia sexual, ataques misóginos, agresiones digitales y campañas de desacreditación fundadas en estereotipos de género, las cuales se intensifican por discriminaciones raciales o de identidad en el caso de defensoras indígenas, afromexicanas y trans.
De igual forma, expresaron preocupación por el desempeño del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Señalaron que entre 2024 y junio de 2026, dicha instancia recibió 409 solicitudes de protección, de las cuales 289 fueron inadmitidas, lo que representa un 70.66% de rechazos.
La manifestación contó con la participación de las organizaciones integrantes del Espacio OSC, entre las que se encuentran ARTICLE 19 México y Centroamérica, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), entre otras.
