Clausuran simbólicamente la Secretaría de Salud para exigir el derecho a morir con dignidad
De los altares que estos días se levantan en la Ciudad de México, el suyo tiene una causa particular. Bajo el lema “Por quienes trascendieron con dolor”, una serie de fotografías recuerda a personas que murieron sin haber podido acceder a una muerte con menos sufrimiento.
Colocados uno junto a otro frente a las oficinas de la Secretaría de Salud, sus retratos no solo evocan sus historias, sino que también representan una lucha: la de quienes buscan evitar que otras personas atraviesen el mismo dolor.
Mientras integrantes de la Coalición colocan calcomanías con la leyenda “Clausurado” en las instalaciones de la dependencia, similares a los sellos que utilizan las autoridades para cerrar establecimientos, una mujer joven, de camisa blanca y cabeza rapada, toma el megáfono: “Yo no quiero el siguiente año estar en esa ofrenda. Y creo que ninguno de nosotros merece estar ahí por haber muerto con dolor y sin decisión al final de la vida”.
La voz que suena alto y claro es la de Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende, una iniciativa ciudadana que busca legalizar la eutanasia y la muerte médicamente asistida en México.
La clausura
Con la protesta, clausura simbólica de la Secretaría de Salud y la instalación de la ofrenda colectiva, el movimiento busca llamar la atención sobre la falta de respuesta de la dependencia a una solicitud de opinión técnica relacionada con la iniciativa que busca legalizar la eutanasia en México.
Samara Martínez es periodista, académica e impulsora de la Ley Trasciende. A partir de su experiencia con enfermedades crónico degenerativas y de su acercamiento a otras personas que enfrentan padecimientos de larga duración, decidió llevar al debate público la autonomía de los pacientes y su derecho a decidir sobre el final de sus vidas.
La iniciativa busca que las personas con enfermedades incurables y sin posibilidad de mejoría puedan solicitar asistencia médica para poner fin a su vida, bajo determinadas condiciones.
Samara aclara que no se trata de una ley que obligue a nadie a recurrir a la eutanasia, sino de reconocer una opción para quienes decidan hacerlo. En poco más de un año, su causa ha sumado a pacientes, familiares, cuidadores y organizaciones.
“Una causa que nace del dolor interior y una causa personal se ha convertido en motor de vida para muchas personas, incluyendo la mía”, explicó. Para ella, “hablar de muerte es un salvavidas”.
La iniciativa fue presentada ante el Senado el 28 de octubre de 2025. Sin embargo, su discusión permanece pendiente. Aurélien Guilabert, coordinador de Coaliciones de Práctica: Laboratorio para la Democracia e integrante de ¡Muerte Digna Ya!, explicó que desde febrero de 2026 la Secretaría de Salud tiene una solicitud del Senado para emitir una opinión técnica sobre la propuesta.
“Llevamos un año sin respuesta de la Secretaría de Salud y eso es omisión. La omisión es violencia”, señaló Guilabert durante la protesta.
Advirtió que, tras meses de foros, encuentros y trabajo con distintos sectores, este documento es indispensable para que quienes legislan puedan avanzar en el dictamen de la iniciativa.
Por su parte, la Secretaría de Salud, encabezada por David Kershenobich, organizó el pasado 27 de agosto el primer Foro nacional sobre bioética y muerte digna, en el que participaron especialistas, pacientes y organizaciones civiles, entre ellas la Coalición ¡Muerte Digna Ya!, representada por Samara Martínez.
Tras el foro, la dependencia planteó que la discusión requiere un análisis médico, científico y jurídico, además de escuchar distintas perspectivas. Sin embargo, ese encuentro no sustituyó la opinión técnica solicitada por el Senado ni significó un pronunciamiento a favor de la iniciativa.
Para la coalición, la respuesta formal que permita avanzar en la discusión legislativa sigue pendiente.
Envejecer y decidir cómo morir
En el aire hay un olor a copal y de fondo suena Amor eterno, de Juan Gabriel. Mientras eso sucede tres hombres mayores que sostienen una lona blanca y roja con una sola consigna: “Despenalización de la eutanasia”.
Los tres adultos mayores viajaron desde el Estado de México y forman parte del Movimiento México Incluyente, una asociación civil que busca que la eutanasia deje de estar penalizada en el país.
Arturo Molina, quien acudió a la protesta junto a sus compañeros Artemio Vázquez y Joaquín Martínez Hernández, explicó que la preocupación por el final de la vida no es nueva para ellos.
A partir de la experiencia de ver morir a amigos, vecinos y familiares “en un estado terminal muy lamentable y en el permanente dolor”, cobraron conciencia de la necesidad de organizarse.
La lucha que hoy mantiene Samara la conocieron precisamente en los pasillos del Congreso, mientras pedían audiencias a diputados y senadores.
“Ahí nos dijeron que había una chica que se llamaba Samara Martínez y que estaba luchando por algo muy similar a nosotros. Nos pusimos en contacto por teléfono y quedamos en coordinarnos para hacer una unidad, porque aquí no se trata de política, se trata de lograr un objetivo sumándonos”, relató Molina.
Para Arturo, es muy importante la manera en que las personas llegan a la vejez en un sistema económico que, asegura, ha desintegrado las redes de apoyo familiar. Tiene hijos, pero las dinámicas laborales los han llevado lejos: uno vive en Cancún y otro en el extranjero. No les reprocha la distancia ni les atribuye “mala leche”; al contrario, asegura que son buenos hijos. Sin embargo, su realidad lo obliga a confrontar el desamparo institucional que sufren los adultos mayores en el país.
“Pero eso no significa que yo tenga que vivir solo, triste, abandonado. ¿Por qué tengo que vivir así mis últimos días? Yo digo que la eutanasia es correcta” .
Ante esa falta de infraestructura pública, el Movimiento México Incluyente no solo apuesta por la vía legislativa; también trabaja en un proyecto para capacitar a jóvenes desempleados como cuidadores profesionales y abrir estancias de atención digna.
Molina reconoce que gestionar estos espacios es una empresa más compleja que la propia reforma legal, debido al abandono gubernamental y al negocio detrás de la prolongación artificial de la vida.
“Sabemos que hay dos sectores de la sociedad que se oponen: la religión y las empresas transnacionales que producen medicamentos, porque ellos quieren chuparte hasta el último centavo que tienes con fármacos que ya no funcionan”, advirtió.
Pese a los dilemas morales, Arturo insiste en que la despenalización a nivel federal en un Estado laico no busca imponer una conducta, sino garantizar un derecho de elección al final de la vida:
“El hecho de que se despenalice la eutanasia no significa que todos tengan que hacerla. Un religioso puede seguir siendo religioso y sufrir en su agonía todo lo que quiera; simplemente es que se quite el candado para quien la requiera”.
El dolor invisible
El dolor no solo desgasta por el paso de los años; también lo hace en silencio y de forma invisible. Elizabeth Rojas, abogada del Movimiento Fibra México —hoy Asociación para la Atención Integral de la Fibromialgia AC—, explicó que decidieron sumarse a la protesta en apoyo a Samara Martínez porque las pacientes viven un sufrimiento constante sin que existan respuestas institucionales cuando el dolor se vuelve intratable y deciden terminar con su vida de forma digna.
“Estamos aquí por esto, por el dolor. El dolor que les genera a las pacientes que se van así, sin que haya una respuesta por parte de las autoridades. Se está dejando de ver que los pacientes están sufriendo todos los días”, señaló Rojas.
La batalla de este movimiento también busca combatir el estigma de las llamadas discapacidades no visibles. Quienes viven con esta condición portan en el cuello un cordón con estampados de girasoles, un distintivo internacional que advierte que una persona vive con una condición de salud severa que no es obvia a simple vista.
Elizabeth ejemplificó la gravedad de esta afección con el caso de Fátima, una paciente que acudió a respaldar la manifestación a pesar de encontrarse en medio de una crisis aguda de dolor. Debido a que la fibromialgia no se reconoce legalmente como discapacitante, las pacientes suelen perder sus empleos y quedan desprotegidas.
“Cuando le hablas al poder legislativo federal de una cuestión que puede causarles un gasto al presupuesto, ahí es cuando ya no te voltean a ver”, además sostuvo que de nada sirve que una ley reconozca un padecimiento si no se destinan recursos públicos para investigar una enfermedad con causas aún desconocidas, capacitar a los médicos que ejercen violencia institucional o crear un censo oficial.
“La “muerte digna” es muy importante pero es además la punta de un iceberg que debajo tiene muchas otras causas que a veces no se visibilizan, por eso estamos hoy aquí, esperando una resolución que favorezca todas nuestras demandas”, reiteró.
Al anochecer, hacia el final de la protesta, Samara y otros integrantes de la coalición hicieron volar frente a las oficinas de la Secretaría de Salud, en Polanco, una paloma gigante inflable con la leyenda “Muerte Digna”. Sus alas parecían llevar el mensaje esperanzador más allá de aquel edificio, donde la respuesta institucional que reclaman sigue pendiente.