Clausurar empresa estadounidense en Quintana Roo no sería buen mensaje a inversión, advierte Blinken

Si el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador expropia los terrenos donde se extrae material pétreo del predio La Rosita, propiedad de la empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el estado de Quintana Roo, ello no sería buen mensaje a la inversión, advirtió Antony Blinken, titular de la Secretaría de Estado de EE.UU.

“Hemos planteado el punto de manera genérica al Gobierno de México, incluido al Presidente, de que la confiscación de empresas privadas no es una buena forma de atraer inversiones extranjeras” respondió Blinken, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, a pregunta expresa del legislador demócrata Tim Kaine.

“Andrés Manuel López Obrador ha intentado apropiarse de ese terreno en dos ocasiones, incluso con invasiones policiales y militares”, planteó el senador Kaine a Blinken.

El 15 de mayo de 2024, un grupo de congresistas demócratas y republicanos propusieron sancionar a buques que hicieron uso de puertos arrebatados a compañías estadounidenses, como resultado de la amenaza del Gobierno mexicano para expropiar los terrenos y la terminal marítima de la firma Vulcan Materials, en Quintana Roo.

Ello luego de que el Presidente López Obrador amenazará con declarar Área Natural Protegida la cantera de la empresa Sac-Tun, antes Calica y subsidiaria de Vulcan Materials, que incluye la Terminal Marítima de Punta Venado en Quintana Roo.

“Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, no. Mejor que no vengan o que se vayan a otra parte”, respondió López Obrador.

“Empiezan a extraer material, violan las leyes ecológicas y todo ese material se lo llevan a Estados Unidos para arreglar calles y carreteras, destruyendo nuestro territorio”, acusó.

El político tabasqueño relató que al asumir la Presidencia de la República, sus funcionarios dialogaron con Vulcan pidiéndoles cesar “ese ecocidio”. No obstante, dijo que la empresa estadounidense rechazó la oferta y que Calica continuó extrayendo materiales clandestinamente, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró sus operaciones.

“Les dijimos: ‘Les compramos’ por creo que más de 2 mil millones de pesos [...] les envié una carta ofreciéndoles comprarles la parte impactada, porque tienen como mil 500 hectáreas de selva”, detalló López Obrador, respecto a la propuesta hecha a Vulcan por las instalaciones de su subsidiaria Calica.

El titular del Poder Ejecutivo Federal mencionó que la empresa matriz Vulcan entonces comenzó a ejercer “presiones” en el Congreso de Estados Unidos. Asimismo, defendió que se aplicara la legislación ambiental mexicana por encima de eventuales presiones de corporativos extranjeros.

“Ayer que fue Blinken al Congreso, los congresistas que apoyan a Vulcan le dijeron cómo íbamos a permitir que expropiáramos la propiedad de una empresa estadounidense. Yo creo que Blinken no sabía bien, porque lo único que dijo es que esas acciones afectaban la inversión”, relató el presidente mexicano.

López Obrador insistió en que su Gobierno buscaría que Vulcan pudiera conservar la propiedad de las mil 500 hectáreas de selva aledañas a las instalaciones de Calica, pero sin dedicarlas a actividades destructivas del ambiente. “

Lo que sostengo es que sería una aberración permitir que sigan destruyendo con un banco de materiales para construir carreteras en Estados Unidos”, enfatizó.

Según reportes de medios locales en Quintana Roo, el Gobierno de López Obrador tendría intenciones de abrir la Terminal de Punta Venado, concesionada a Vulcan Materials hasta 2037, como una puerto para cruceros y transbordadores.

“Las empresas estadounidenses que operan en el extranjero no deberían temer acciones gubernamentales arbitrarias que socaven sus derechos de propiedad”, dijo el congresista republicano texano August Pfluger. al presentar la propuesta en la Cámara de Representantes de EE.UU., junto con otros ocho legisladores de ambos partidos.

Según lo establecido en la iniciativa, los buques marítimos de carga o pasajeros que hicieran uso de la Terminal de Punta Venado -en caso de que el Gobierno mexicano decidiera expropiarla a Vulcan Materials-, estarían impedidos de anclar en puertos estadounidenses, incluso para reparaciones.

El 8 de noviembre de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Federal, publicó un aviso de consulta, previo a un posible decreto de declaratoria de Área Natural Protegida, de las 2 mil 400 hectáreas de Vulcan Materials, ubicadas en los municipios de Cozumel y de Solidaridad, en Quintana Roo.

Además de las sanciones a los buques, la iniciativa también exigía al Departamento de Seguridad Interna, a la Oficina del Representante Comercial, al Departamento de Estado y a la Oficina de Inteligencia Nacional, de EE.UU., informes regulares respecto a las amenazas de expropiación de propiedad estadounidense en América Latina.

Desde 2018, Vulcan Materials tiene una demanda contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI), bajo las reglas del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), buscando compensación por afectar su negocio.

El 20 de octubre de 2023, el presidente López Obrador hizo pública una oferta de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos a cambio de las 2 mil 400 de Vulcan Materials en Quintana Roo. El 8 de noviembre de ese mismo año, la SEMARNAT publicó un aviso de consulta que abre la puerta a un decreto de declaratoria de Área Natural Protegida de las 2 mil 400 hectáreas de Calica (Calizas Industriales del Carmen) en Cozumel y Solidaridad.

“Si no hay respuesta de parte de ellos, esa va a ser el plan. Vamos a esperar, nada más que antes de que yo me vaya, ya se les va a depositar en un juzgado los 6 mil o 7 mil millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar toda el área a la protección del medio ambiente”, indicó el político tabasqueño, el 20 de octubre de 2023, durante su conferencia de prensa matutina.

El 10 de mayo de 2024, un grupo de cuatro senadores de Estados Unidos advirtieron Gobierno encabezado por López Obrador que si eran confiscados los terrenos donde se ubicaba la planta Calizas Industriales del Carmen, en Playa del Carmen, Quintana Roo, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, considerarían “todos los recursos disponibles”.

“Han erosionado la confianza que esta delegación tiene en el liderazgo del presidente López Obrador para hacer cumplir nuestros acuerdos de libre comercio existentes y adherirse al Estado de derecho”, indicaron los senadores de EE.UU., en una carta dirigida a Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Si se confiscan la tierra y el puerto de Vulcan Materials, nos veremos obligados a considerar todos los recursos a nuestra disposición para garantizar que ninguna entidad o individuo se beneficie del robo de esta propiedad”, agregaron los senadores Tommy Tuberville, Katie Boyd, Bill Hagerty y Tim Kaine.

En su misiva, los legisladores indicaron que Vulcan Materials había sufrido persistentes amenazas y acoso por parte del Gobierno mexicano, incluida “una segunda invasión militar y ocupación de la compañía en marzo de 2023″ y la declaración del presidente López Obrador de “convertir la propiedad en una área ambiental protegida“.

Los senadores estadounidenses señalaron que habían buscado “una explicación por el trato injusto” a la empresa extranjera, por parte del Gobierno encabezado por López Obrador. “Esta semana se cumplen dos años desde que se invadió ilegalmente y cerró las operaciones legales de Vulcan en Quintana Roo, México”, insistieron.

Finalmente, los legisladores de EE.UU. pidieron al Gobierno de México en revertir las acciones que tomaron en contra de la empresa con base en Alabama, y encontrar una solución que beneficiara a ambos países.

El 14 marzo de 2023, elementos de la Secretaría de Marina ocuparon las instalaciones del muelle de Vulcan Materials en Punta Venado, cerca de Playa del Carmen. En ese entonces, la senadora estadounidense Katie Britt argumentó que dicha acción fue ilegal e inaceptable.

Semarnat clausura minera estadounidense Calica en Quintana Roo tras advertencia de AMLO

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) anunció, el 6 de mayo del 2022, la clausura de extracción de material pétreo del predio La Rosita, propiedad de la empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el estado de Quintana Roo.

La Presidencia de la República informó que, tras una inspección realizada en la zona, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) determinó que los trabajos de Calica han causado graves daños ambientales, así como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo.

“Derivado de la inspección se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio”, informó a través de un comunicado.

“La explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas”, detalló.

Por su parte, Semarnat informó que, en 1986, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, las extintas secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Urbano y Ecología, otorgaron a Calica la primera autorización para explotar roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita. Asimismo, indicó que con la anuencia del Gobierno de Quintana Roo, se otorgó el permiso sin determinar un plazo de vigencia, ni volumen de explotación específico.

Según la institución -cuya titular es María Luisa Albores González- el segundo permiso fue obtenido en 1996, durante el Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, para explotar piedra caliza por encima del manto freático en dos nuevos predios, El Corchalito y La Adelita, con una superficie conjunta de mil 251 hectáreas.

El 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar el mandato de Zedillo Ponce de León, la SEMARNAT -cuya titular era, en ese entonces, Julia Carabias Lillo), otorgó un tercer permiso, por 20 años, para explotación de roca caliza por debajo del manto freático.