CNDH rechaza informe de Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU; ‘es una postura sesgada’, señala

La Comisión Nacional de Derechos Humanos rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, ya que señaló que “se trata de una postura acomodaticia y sesgada”.

Dicho comité decidió solicitar a la Asamblea General de la ONU que examine la situación en el País, al concluir que, por la información que ha recibido, tiene “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.

En un pronunciamiento, indicó que dicho Comité hace un juicio minorizado “de las terribles consecuencias de la ‘Guerra contra el narcotráfico de Calderón’. Y a la inversa, es una visión que minimiza los logros en materia de seguridad”.

“Con el cambio de estrategia, y que decide ignorar los avances normativos, institucionales y de voluntad política en materia de uso de la fuerza, construcción de paz y atención a víctimas de violaciones a derechos humanos, que se ha empujado en los últimos años”, manifestó.

La CNDH criticó que el informe del Comité se basa en información relacionada con datos del calderonismo y argumentando que la situación actual es similar, por lo que defendió que no corresponde a un análisis correcto.

“¿La manera en que el CED argumenta que los proyectos de transformación política de los últimos años son responsables de las desapariciones, incluso al no haber una ‘política’ de Estado para la comisión de estas, le permite entonces emitir una suerte de justificación de las administraciones como la de Felipe Calderón, al deslindar a la política de la “Guerra contra el narcotráfico de la emergencia de las desapariciones principalmente durante ese contexto?”, cuestionó el organismo.

Acusan a Comité de tomar decisión por ONGs

La Comisión acusó al Comité de tomar dicha decisión con base en peticiones de algunas organizaciones civiles que están “caracterizadas por su manipulación” en demandas en materia de derechos humanos en México, asi como por un largo listado de colectivos de personas que legítimamente sufren por la desaparición de sus familiares.

“Este organismo autónomo difiere de las consideraciones de dicho Comité pues, de entrada, hay que decir que, para considerar legitima su participación en el país, debían de haberse agotado primero las instancias nacionales, además de que, en lugar de tomar en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que se han llevado a cabo por el Estado mexicano en los últimos 7 años, optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh”, señaló.

Dijo que el Centro cuestionó sin más los cambios legales e institucionales que se dieron en los últimos meses, pues según “no son suficientes”, ya que se trata de “acciones parciales y poco coordinadas entre las instituciones”, las cuales considera que “no se constituyen en la política nacional que requiere el país”.

“Es así, que más viable le pareció al Centro Prodh acudir a solicitar ayuda del exterior, pasando por encima de lo que establece la propia Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en sus artículos 30 y 31, los cuales señalan las condiciones para la intervención del Comité. Lo que, a todas luces, no se observó en este caso”, comentó.

Desapariciones forzadas ‘han descendido’, señala CNDH

La Comisión dijo que ha documentado el esclarecimiento de las desapariciones que ocurrieron en el periodo de la “Guerra Sucia” y el de la “Guerra contra el narcotráfico”, por lo que pese a estar pendiente saldar la deuda con las víctimas de la violencia política del Estado, “los casos de desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”.

“En lo que se refiere a los casos recientes, lo fundamental es abandonar la anarquía de las búsquedas sin protocolos y ordenarlas para que las hagan quienes las tienen que hacer. (...) La desaparición forzada ha dejado de ser política de Estado, como si lo fue entre 1951 y 1990 y luego, de manera subrepticia y selectiva en complicidad con grupos delincuenciales, en los años de la llamada “Guerra contra el narcotráfico, que ha quedado claro que se trató de una estrategia con sesgo político empleada para legitimar a un gobierno ilegitimo y solapar la colusión de altas autoridades de ese gobierno con el narcotráfico”, señaló.

Ante esto, el gobierno de México emitió un posicionamiento en el que expresa un enérgico rechazo al considerar que la resolución del Comité es “tendenciosa”, carece de rigor jurídico y omite “los avances institucionales logrados desde 2019”.

De acuerdo con el pronunciamiento, el informe omite tomar en cuenta las observaciones y los avances institucionales logrados en el país desde 2019, tras la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y de manera particular, desde el año 2025, con la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Así, el gobierno mexicano lamentó que el Comité de la ONU supuestamente se negara a estudiar la información actualizada que el Estado presentó el pasado 27 de marzo, antes de que se publicará la resolución.

Las dependencias también destacaron que el propio organismo de la ONU, en los párrafos 117 y 118 de su decisión, reconoce que en la actualidad no existen pruebas de una política federal enfocada en cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población.

“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, enfatizó la respuesta oficial de las autoridades.