Comisión Antimonopolio presentó su primera demanda colectiva contra empresas gaseras
La Comisión Nacional Antimonopolio presentó su primera demanda colectiva en contra de 53 empresas distribuidoras de gas LP, al reclamar la reparación de daños causados a los consumidores durante una década de prácticas colusorias que se estiman en más de 13 mil millones de pesos.
La acción judicial deriva de una resolución en la que la CNA descubrió y sancionó un acuerdo entre el Grupo Soni, el Grupo Simsa, el Grupo Nieto, el Grupo Tomza, el Grupo Global Gas y Gas Metropolitano, firmas que coordinaron la manipulación de precios y el reparto de clientela en la Ciudad de México, el Estado de México y diversas localidades de Colima, Tamaulipas y Sinaloa.
Mediante 18 demandas notificadas por un juzgado federal, la CNA exigió a las empresas involucradas una reparación acumulada de al menos 4 mil 524 millones de pesos, según registros del Poder Judicial de la Federación.
Se trata del caso más cuantioso de este tipo derivado de una sanción por prácticas monopólicas en el País.
Entre las empresas con las reparaciones más elevadas reclamadas figuran Gas Express Nieto, con dos demandas que suman mil 507 millones de pesos; Garza Gas, también con dos demandas por un total de 679.5 millones de pesos; Combustibles y Gases de Tepeji, con 605.9 millones de pesos; Gas Menguc, con 328.4 millones de pesos; Gas Urbano, con 324 millones de pesos; y Satélite Gas, con 322.3 millones de pesos.
“El objetivo de esta demanda es que los infractores sean condenados a otorgar descuentos sobre el precio del gas LP a todos los consumidores de las zonas afectadas, lo que permitiría una verdadera reparación del daño causado a las familias”, precisó la CNA en un comunicado.
Aclaró que la acción no busca un cobro directo en efectivo sino una compensación aplicada directamente en la tarifa del combustible.
La Comisión subrayó que el gas LP es un bien de consumo cotidiano en los hogares mexicanos; según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares, ocho de cada 10 familias lo utilizan como principal combustible para la preparación de alimentos, lo que convierte las afectaciones en este mercado en un impacto directo sobre el gasto diario de millones de personas.
Paralelamente a esta demanda colectiva, las 53 empresas demandadas deben cubrir multas administrativas por más de 2 mil 400 millones de pesos, recursos destinados al erario público, luego de que los amparos que interpusieron contra las sanciones fueron desestimados por los tribunales correspondientes.
