Congreso de Veracruz quita fuero a alcaldes y blinda a Nahle
El Congreso del Estado de Veracruz aprobó por mayoría, este 26 de septiembre, eliminar el fuero constitucional a alcaldes, síndicos y concejos municipales, con lo que las autoridades podrán investigarlos y procesarlos penalmente sin necesidad de un juicio de procedencia.
La reforma mantuvo intacta la inmunidad procesal de los 50 legisladores locales y de la Gobernadora Rocío Nahle García, promotora de la iniciativa.
La votación registró 38 sufragios a favor, nueve en contra y una abstención. El decreto completó la validación municipal tras recibir el aval de 166 ayuntamientos: 108 lo aprobaron mediante acta de cabildo y 58 quedaron avalados en automático al no responder dentro del plazo de 30 días establecido.
Con esa etapa superada, la reforma quedó lista para su promulgación en la Gaceta Oficial del estado y su posterior entrada en vigor, lo que abre la vía para que la oposición o los propios municipios la impugnen ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Congreso estatal justificó la medida al argumentar que la declaración de procedencia operaba como una traba para la procuración de justicia.
Según un comunicado de la institución, las autoridades competentes podrán ejercer sus atribuciones sin requerir previamente una declaración del Poder Legislativo local, con lo que se evitará que ese requisito constituya un obstáculo para la investigación y persecución de los delitos.
El bloque oficialista defendió la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal al sostener que busca erradicar los privilegios en los ayuntamientos.
“Quien ejerza el poder público no debe tener privilegios”, afirmó el Diputado de Morena, Alejandro Porras Marín.
En la misma línea, el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, sostuvo que el cargo municipal no debe convertirse en una protección frente a la investigación penal.
La minoría opositora, integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, votó en contra al denunciar que la reforma desprotege a los gobiernos locales frente a posibles persecuciones políticas mientras conserva los privilegios del nivel central.
“No elimina el privilegio, decide quién lo conserva”, recriminó la Diputada de MC, María Elena Córdova Molina.
La legisladora del PAN, Indira Rosales San Román, cuestionó que se hable de piso parejo cuando se mantiene la protección para la titular del Ejecutivo estatal y para los 50 diputados locales, y demandó que la inmunidad se retirara también a ellos.
La priista Ana Rosa Valdés Salazar advirtió que retirar la inmunidad procesal para que presidentes municipales y síndicos respondan por la comisión de delitos sin la intervención del Congreso podría propiciar abusos de poder y una aplicación selectiva de la justicia.
El Diputado Héctor Yunes Landa planteó que la inmunidad procesal no equivale a impunidad, sino a un procedimiento previo, e instó a los cabildos veracruzanos a rechazar el decreto constitucional antes de que se agotara el plazo de respuesta.
La entrada en vigor del decreto colocará a los 212 ayuntamientos veracruzanos bajo un régimen distinto al de los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales, una asimetría que constituye el eje de los cuestionamientos opositores y el probable fundamento de cualquier controversia constitucional que se presente ante la SCJN.
