Contratista del INE promueve amparo contra posible orden de aprehensión
El empresario José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf y contratista del Instituto Nacional Electoral, promovió una demanda de amparo el 9 de febrero de 2026 ante el temor de que existiera en su contra una orden de aprehensión o de comparecencia. En el escrito aseguró que no había cometido ningún delito y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades.
Según reveló en exclusiva Latinus, que tuvo acceso al documento, el empresario presentó la demanda por conducto del bufete Hernández Barros y solicitó la suspensión provisional y, en su caso, definitiva de cualquier orden de aprehensión o comparecencia girada en su contra.
En la demanda, Hernández Casillas relató que el 21 de enero del mismo año, alrededor del mediodía, presuntos agentes de la Policía Ministerial acudieron a su domicilio, ubicado en Jardines del Pedregal, para preguntar por él.
De acuerdo con esa versión, los agentes afirmaron contar con una orden de aprehensión y otra de comparecencia, pero al no encontrarlo se retiraron sin dejar información sobre los mandamientos judiciales.
El empresario señaló que desconocía qué autoridad habría solicitado esas órdenes y pidió a distintos jueces federales de la Ciudad de México y el Estado de México informar si existían carpetas de investigación o expedientes en los que apareciera como investigado o probable responsable.
Para su defensa autorizó a cuatro abogados: Julio Antonio Hernández Barros, Julio Antonio Hernández Sicilia, Raúl Monzón González y Jesús Fernández Hernández.
“Siempre he gozado de una buena reputación, soy respetuoso de nuestras leyes mexicanas, a pesar de estar cierto de que el suscrito no ha cometido delito alguno. (...) Soy ciudadano mexicano y en todo momento me he conducido conforme a nuestro marco constitucional”, escribió el empresario en su demanda.
El nombre de Hernández Casillas adquirió relevancia pública por las grabaciones y los videos difundidos en las semanas previas, en los que se expone su cercanía con Guadalupe Taddei Zavala, entonces consejera presidenta del INE, así como un presunto conflicto de interés, tráfico de influencias y el presunto reparto de contratos millonarios. En otros materiales aparecen los hijos de Taddei Zavala durante un viaje a París con el contratista.
El empresario está relacionado con empresas que han obtenido contratos millonarios del INE y de organismos electorales locales. Por esos señalamientos, el instituto realiza una revisión de las contrataciones efectuadas durante la gestión de Taddei Zavala.
