Corte valida juicio político contra Samuel García, pero determina que no sea separado del cargo durante el proceso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el inicio de juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero determinó que no puede ser separado de su cargo hasta que no exista sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Por unanimidad de votos, los ministros declararon inconstitucional el artículo 203, párrafo segundo de la Constitución de Nuevo León, exclusivamente en su porción normativa que dice: “El acusado queda por ese solo hecho separado de su cargo”.

Este artículo facultaba al Congreso local para separar de su cargo a García Sepúlveda por el sólo hecho de tener abierta una solicitud de juicio político.

“Se propone declararlo inconstitucional, toda vez que mediante dicho precepto se faculta al Congreso, en su calidad de órgano acusador, a inhabilitar al servidor público acusado, no obstante que esa sanción es competencia exclusiva del Jurado de Sentencia al resolver en definitiva el juicio político”, dijo el ministro Luis María Aguilar Morales al presentar su proyecto de sentencia.

Luego de que se abrió el juicio político en su contra, Samuel García interpuso una controversia constitucional que llegó hasta la Suprema Corte.

Sin embargo, la SCJN también resolvió que es infundado el concepto de invalidez presentado por el gobernador en el que se refiere que el juicio político en su contra se instauró con base en una ley derogada tras la reforma a la Constitución local del 1 de octubre de 2022.

El Pleno determinó que, si bien los artículos transitorios del decreto por el que se dio dicha reforma prevén que todas las disposiciones que lo contravengan se entienden derogadas, ello no resulta aplicable a la Ley del Juicio Político, puesto que ésta no se contrapone al texto de la Constitución local.

El juicio político contra Samuel García

En enero de 2023, la comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León avaló iniciar el juicio político contra el gobernador Samuel García debido a que no entregó el Presupuesto 2023 en la fecha establecida por la ley.

Como respuesta, García promovió un juicio contencioso administrativo y la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado lo admitió a trámite y le concedió la suspensión, para que las autoridades se abstuvieran de determinar o aplicar alguna sanción hasta que se resolviera el próximo juicio.

Aún así, el Congreso de Nuevo León promovió una controversia de inconstitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia del Estado contra el Tribunal de Justicia Administrativa.