CRT anticipa ajustes a lineamientos de audiencias tras consulta pública
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) adelantó el 17 de agosto de 2026 que el proyecto de lineamientos que regularán los derechos de las audiencias sufrirá ajustes en los próximos días, luego del análisis de las aportaciones recibidas durante la consulta pública abierta desde el 27 de julio del mismo año.
El anuncio lo hizo Enrique Pavón Baños, secretario ejecutivo de la CRT, durante un foro organizado por la Cámara de Diputados respecto a libertad editorial, regulación y derechos de las audiencias. El funcionario explicó que el órgano regulador tomó en cuenta la totalidad de las opiniones recogidas en el proceso, que suman más de seis mil comentarios.
“Hemos escuchado con atención y con mucho respeto todas las opiniones donde se habla de que se está violentando el principio de reserva de ley, que se está pidiendo más allá de lo que establece la ley en materia de telecomunicaciones, la Constitución”, expuso Pavón Baños.
El secretario ejecutivo detalló que la comisión emitirá un informe de consideraciones agrupadas, en lugar de responder de forma individual cada participación. “Todo esto se va a revisar, se va a sistematizar y es compromiso de la comisión emitir un informe de consideraciones de manera agrupada, porque sería complicado contestar más de seis mil comentarios”, señaló, para luego admitir que “evidentemente, tiene que haber ajustes a los lineamientos”.
Según planteó el funcionario, el apartado de sanciones concentró la mayor parte del debate. Precisó que el artículo 295 contempla tres supuestos susceptibles de ser sancionados con un porcentaje que va de 0.1 a 1 por ciento, y que ese capítulo forma parte de los puntos pendientes de revisión.
Pavón Baños rechazó que el esquema implique censura previa o intervención estatal en los contenidos. Argumentó que los derechos de las audiencias se activan únicamente cuando un contenido ya fue difundido en radio o televisión, y que corresponde al defensor de las audiencias —designado por el propio medio— requerir un informe al concesionario y valorar la queja. Añadió que tanto la figura del defensor como el código de ética se registran ante la comisión sin que el Gobierno intervenga en su designación o definición.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) reconoció el 10 de agosto de 2026 avances en el proceso y sostuvo que existió diálogo y apertura de las autoridades. El organismo indicó que en las reuniones con la CRT se revisó el mecanismo de actuación de las defensorías con el objetivo de sustentarlo en la autorregulación de cada medio, se precisaron conceptos relacionados con la libertad editorial y se analizó la viabilidad económica de los medios mexicanos frente a las redes sociales y las plataformas extranjeras.
La CIRT afirmó que la comisión le informó que su intervención ocurrirá sólo a solicitud de quien presente una queja ante un medio y que se limitará a aspectos procedimentales. “En ningún caso sobre temas de contenido editorial”, aseguró la Cámara, que anticipó que permanecerá atenta al texto definitivo que apruebe el pleno de la CRT.
Ese mismo 10 de agosto de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó que los lineamientos podrían modificarse a partir de las reuniones con concesionarios y de los comentarios recibidos. “Sí. Y no solo la Cámara, también se han recibido de otras organizaciones o personas comentarios. Por eso está consulta pública para que se perfeccione el derecho de las audiencias y ese es el objetivo”, respondió en conferencia.
No obstante, la Claudia Sheinbaum descartó abrir a discusión la obligación de que cada empresa televisora y de radiodifusión cuente con un defensor de las audiencias y un código de ética. “Eso ya viene la ley, eso no está a discusión”, afirmó. La titular del Poder Ejecutivo Federal informó que Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, explicaría las modificaciones que llegaran a requerirse.
El proyecto, presentado el 24 de julio de 2026, obliga a los concesionarios de radio y televisión de uso comercial, público y social a garantizar contenidos veraces, plurales, claros, respetuosos e incluyentes, así como a diferenciar entre información, opinión y publicidad. También establece que los medios registren y difundan sus códigos de ética y a sus defensores de las audiencias, encargados de atender las quejas de radioescuchas y televidentes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fijó postura el 14 de agosto de 2026 mediante el pronunciamiento DGDDH/016/2026, en el que consideró que la discusión pública generada respecto a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias fortalece el debate sobre el papel de los medios en el ejercicio del derecho a la verdad, sin que ello signifique un intento de censura o represión. El organismo sostuvo que los lineamientos pueden contribuir a subsanar una deuda histórica con las audiencias, al reconocerlas como titulares del derecho a recibir información veraz, plural, claramente identificada y respetuosa de la dignidad humana.
En contraste, María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, acusó el 5 de agosto de 2026 que las reglas convertirán a la Federación en juez y parte para decidir qué es verdad, qué es mentira, qué es opinión o información, a quién multar y a qué medio retirarle una concesión. “Esta reforma no protege a las audiencias, protege al gobierno y con ella amenaza la libertad de expresión de locutores, escritores, editorialistas, reporteros, medios e informadores”, planteó en un mensaje en video.
La consulta pública concluirá el 21 de agosto de 2026, fecha a partir de la cual la CRT deberá sistematizar las aportaciones y presentar el texto definitivo ante su pleno. El Gobierno Federal ha sostenido que las sanciones se aplicarían por incumplir obligaciones formales, como publicar un código de ética, nombrar un defensor de las audiencias y establecer mecanismos para recibir quejas, y no por el contenido de las emisiones.
