Cuenta Pública 2025: Auditoría omite revisión de contratos y gasto del primer año de gobierno de Sheinbaum; solo analizó transferencias de dinero
La Auditoría Superior de la Federación, cuya tarea principal es revisar cómo se gastan los recursos públicos del País, omitió analizar la forma en que estos se utilizaron en la Cuenta Pública 2025, correspondiente al primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum.
En un primer informe, el organismo fiscalizador se limitó a analizar las transferencias que la Secretaría de Hacienda federal hizo a estados y municipios, sin ahondar en cómo se utilizó este dinero.
A diferencia de informes en sexenios anteriores, en su primera entrega de la Cuenta Pública 2025, la Auditoría no revisó los contratos firmados por dependencias federales, estados o municipios; la construcción de megaproyectos; obras ejecutadas por empresas; contratos de servicios de salud o de seguridad pública; pagos de nómina a trabajadores; operación de programas sociales, o el cumplimiento de objetivos de alguna política pública.
Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF, justificó esta situación al señalar que se debió a una reorganización de la dependencia a 100 días del inicio de su gestión.
“Lo que hicimos fue orientar todo nuestro programa anual de auditoría a la segunda y la tercera entrega. Lo que cumplimos ahora con el mandato constitucional fue hacer la entrega de la auditoría que tenemos a la distribución de participaciones municipales porque a partir de esta auditoría se basa mucho de lo que vamos a auditar a futuro”, comentó el funcionario en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.
La Auditoría se limitó a analizar la transferencia de 1 billón de pesos enviados a 2 mil 478 municipios del País, sin ahondar en cómo se utilizó el dinero, por lo que fue imposible conocer si existieron irregularidades en la utilización de estos recursos durante la Cuenta Pública 2025.
La Auditoría Superior de la Federación solo detectó presuntas irregularidades por 1.4 millones de pesos por una transferencia que el Gobierno de Chiapas no realizó al municipio Belisario Domínguez.
Esta cifra contrasta con la del mismo informe del último año de Gobierno de Andrés Manuel López obrador, en el que la ASF encontró posibles irregularidades por más de 660 millones de pesos, ya que en ese estudio sí analizó presuntos contratos incumplidos, obras mal ejecutadas o pagos no justificados de nómina.
Para elaborar su informe presentado el pasado 30 de junio, la ASF solo realizó 33 auditorías para analizar las transferencias de recursos del Gobierno federal a estados y municipios.
Esta es la cifra más baja de auditorías si se compara con los primeros informes de resultado de fiscalización de la cuenta pública de los últimos 10 años.
El informe del primer año de Gobierno de Sheinbaum fue elaborado bajo la gestión de Palacios Cardel, quien el pasado mes de marzo fue elegido por la Cámara de Diputados como titular de la ASF para los próximos ocho años.
Especialistas en fiscalización y organizaciones sociales cuestionaron el perfil de Aureliano Hernández cuando fue elegido porque es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien en 2022 se desempeñó como secretario particular de Claudia Sheinbaum cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
La ASF todavía publicará la segunda y tercera entrega de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2025 en octubre de este año y en febrero de 2027.
Dichos informes serán elaborados a partir de 2 mil 244 auditorías que se realizarán a distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno.
Según Palacios Cardel, las auditorías que presentarán en la segunda y tercera entrega serán totalmente distintas a la de años anteriores, pues ahora tendrán un enfoque “integral” en el que ya no revisarán proyectos de infraestructura, contrataciones o políticas públicas de forma individual, sino que consistirán en analizar todas las operaciones de una institución.
Sin fiscalización a megaproyectos, contratos ni nóminas
En la Primera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, la ASF solo emitió siete acciones, de las cuales seis son recomendaciones dirigidas a gobiernos estatales enfocadas en mejorar procesos administrativos como la distribución y el control de participaciones federales, es decir, el dinero que reciben del gobierno federal para dispersar entre los municipios.
Estas recomendaciones no implican la detección de daño al erario, sino que se limitan a exponer los ajustes en la gestión y en el fortalecimiento de mecanismos internos de control.
La única acción de mayor peso es una solicitud de aclaración de 1.4 millones de pesos a Chiapas.
Este monto corresponde a dinero del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal que el gobierno estatal retuvo y no distribuyó al municipio de Belisario Domínguez, derivado de una controversia constitucional por un conflicto de límites territoriales con Oaxaca que data de 2015.
En otras palabras, el único requerimiento económico de la ASF se debió a un freno administrativo-territorial y no al hallazgo de corrupción.
De las 33 auditorías que la ASF hizo para su informe, una fue de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia a la que auditó un universo total de 1 billón 350 mil 864 millones de pesos transferidos a las 32 entidades federativas y sus municipios durante el ejercicio 2025.
Todos estos recursos, transferidos a través del Ramo 28, fueron fiscalizados únicamente bajo el criterio de comprobar que la distribución y el pago se ajustaran a la normativa.
Este mismo tipo de revisión se repitió en otras 32 auditorías realizadas a cada una de las entidades federativas del País, tal como lo confirman sus informes individuales.
Los documentos detallan de manera reiterada que el objetivo fue exclusivamente verificar si el dinero fue depositado en las cuentas bancarias de los gobiernos locales en los plazos establecidos, si los cálculos de las fórmulas de distribución fueron exactos, y si los descuentos y obligaciones de transparencia se cumplieron conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.
Es decir, la autoridad revisó el tránsito del dinero mediante comprobantes de transferencias electrónicas y estados de cuenta, pero no analizó un solo contrato o el ejercicio real del gasto público.
Si bien en algunas auditorías estatales la ASF reportó la “recuperación” de ciertos recursos —como 15.5 millones de pesos en San Luis Potosí, 602 mil pesos en el Estado de México o 170 mil pesos en Baja California Sur—, estas recuperaciones no provinieron de la detección de sobrecostos o empresas fantasma, sino que se trataron simplemente de recálculos de intereses, ajustes contables y reintegros por rendimientos financieros que los estados debían pagar por haberse retrasado unos días en realizar los depósitos a los municipios.
Así, el escrutinio de este primer paquete de la Cuenta Pública 2025 se mantuvo estrictamente en la mecánica de distribución de los fondos, sin auditar en qué se gastó el dinero de los mexicanos.
