Denuncia INE ante la FGR presuntas irregularidades en gestión de Guadalupe Taddei
El Instituto Nacional Electoral presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, en medio de los señalamientos por posibles actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del organismo en octubre.
A través de un comunicado de prensa emitido este viernes 6 de noviembre, el INE informó que solicitó la intervención de la Fiscalía para investigar posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.
Aunque el instituto no mencionó directamente a Taddei Zavala ni identificó a personas señaladas en su comunicado, la denuncia ocurre después de que las 10 consejerías electorales acordaron llevar ante la FGR las presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones y proveedores durante la administración anterior.
El caso involucra señalamientos sobre una presunta red de empresas proveedoras de material electoral y contratos millonarios. Entre las personas relacionadas con las investigaciones periodísticas se encuentra el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por su participación en contratos con el organismo electoral.
La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, había adelantado que la denuncia no estaría dirigida exclusivamente contra una persona, sino que buscaría deslindar responsabilidades entre funcionarios y ex funcionarios que pudieran estar involucrados.
En su comunicado de este viernes, el organismo sostuvo que la decisión responde a su obligación de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, “sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión”.
Asimismo, reiteró su política de “cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales”. La FGR deberá investigar los hechos y determinar si existen elementos para establecer responsabilidades penales.
