Detienen en Monterrey a director del diario coahuilense Vanguardia; acusan arbitrariedad
Armando Castilla Galindo, director general de Grupo Vanguardia, fue detenido el 9 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León, por elementos de la Fiscalía estatal con apoyo de la Guardia Nacional. La captura ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana y fue calificada como arbitraria e ilegal por la casa editorial coahuilense.
Según informó Vanguardia, Castilla Galindo fue detenido supuestamente por no haberse presentado a una orden de notificación del Ministerio Público, como parte de un procedimiento en su contra hasta ahora desconocido. El grupo editorial señaló que no ha recibido notificación oficial sobre las causas legales de la detención ni sobre la situación jurídica actual de su director general.
La organización periodística acusó que la aprehensión se trató de una acción orquestada, pues ocurrió en Monterrey y no en Saltillo, ciudad donde Castilla Galindo reside, lo que reflejaría una vigilancia constante sobre el directivo. Abogados consultados por Vanguardia explicaron que la forma en la cual se realizó el arresto es el clásico modus operandi de fiscalías que actúan bajo consigna fabricando casos de presunta rebeldía para arrestar a un ciudadano.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamó la liberación inmediata de Castilla Galindo y el respeto pleno a las garantías legales y a la libertad de prensa. A través de sus canales oficiales, la organización internacional señaló que la detención apunta a una acción arbitraria e ilegal. La Alianza de Medios México también dio a conocer la noticia de la detención y recordó que Grupo Vanguardia ha señalado desde hace años que tanto el medio como su director general son víctimas de una persecución judicial en forma de demandas desproporcionadas y abusos legales.
Esta detención se suma a una serie de acosos judiciales que Vanguardia ha denunciado de forma constante en los últimos años. El periódico ha acusado que tanto el director general como el grupo editorial han sido víctimas de una persecución desde los más altos niveles del poder, intensificada hasta lo ocurrido el 9 de enero de 2026. La casa editorial señaló que esta acción demuestra una vez más que la libertad de prensa es un obstáculo para quienes ostentan el poder político, el cual a través del acoso judicial intenta intimidar el ejercicio periodístico.
El caso de persecución contra Grupo Vanguardia se remonta a más de un año atrás. Según la organización, existe un litigio por un supuesto crédito que se pactó como línea de crédito pero que nunca se utilizó, y ahora el acreedor denuncia un adeudo. Vanguardia ha acusado que la autoridad ha dado celeridad al caso, lo que considera parte de una campaña sistemática de hostigamiento legal iniciada en 2016 por el exgobernador Humberto Moreira Valdés, tras la cobertura del diario sobre su detención en España por presuntos delitos financieros.
El 14 de agosto de 2025, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Octavo Circuito de Coahuila rechazó el amparo presentado por Grupo Vanguardia contra la resolución de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del 9 de diciembre de 2024, que desestimó la apelación en un litigio por una supuesta deuda mercantil. Según Vanguardia, el expediente se tramitó con una celeridad inusual y con criterios jurídicos insuficientes, validando un adeudo inferido sin contar con un título ejecutivo con los requisitos que marca la ley. La SIP calificó aquel fallo como un precedente jurídico regresivo para la libertad de prensa en México.
En enero de 2016, Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila, fue detenido en el aeropuerto de Barajas en Madrid, España, investigado por presuntos delitos de blanqueo, malversación, cohecho y organización criminal cometidos durante su etapa como gobernador. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal investigó el dinero que el exgobernador tenía en España. Moreira Valdés dejó la gubernatura de Coahuila para ser presidente del Partido Revolucionario Institucional, y la oposición lo acusó de haber endeudado al estado. En agosto de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó que había una deuda de 34 mil millones de pesos adquirida durante la gestión de Moreira Valdés como gobernador.
El contexto de acoso judicial contra periodistas en México se ha intensificado en 2025. La organización Artículo 19 documentó 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, lo que equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días en promedio. Esta cifra supera el peor año anterior, que fue 2021 con 40 casos documentados durante todo el año. La organización señaló que este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.
Vanguardia afirmó que el director Armando Castilla Galindo y Grupo Vanguardia se han convertido en un objetivo directo de las más altas esferas del poder político, y es por ello que, frente a un ataque judicial coordinado, el único camino es la verdad. La organización reiteró que esta acción demuestra que la libertad de prensa es considerada un obstáculo para quienes ostentan el poder político, el cual a través del acoso judicial intenta intimidar el ejercicio periodístico.
