"Dinero de Estafa Maestra también se usó para financiar imagen y campañas de Osorio Chong y Alfredo del Mazo: Zebadúa"
A través del mecanismo conocido como “Estafa Maestra”, se destinaron al menos 702 millones de pesos para pagar parte de la campaña electoral por la Gubernatura del Estado de México, la compra de votos, así como para la promoción de Miguel Ángel Osorio Chong -entonces titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)-, quien aspiraba ser candidato presidencial en 2018.
Así lo declaró Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga-, después de que ofreció convertirse en testigo protegido de la Fiscalía General de la República.
Además, con recursos desviados por la "Estafa Maestra" de contratos suscritos con instituciones educativas de Sonora y Quintana Roo, se pagaron campañas de promoción personal de Peña Nieto y de Robles Berlanga, según lo declaró el ex funcionario federal en un testimonio rendido el pasado 19 de octubre ante la FGR.
"La mayoría de los convenios fueron utilizados por las áreas de Comunicación Social y la Oficina de la Secretaria para dos fines políticos particulares: (1) campaña de promoción de la figura del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, de la figura de la Secretaria María del Rosario Robles Berlanga y del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en búsqueda de posicionarse para la candidatura Presidencial en 2018; y (2) para contar con recursos para la propaganda y movilización en elecciones estatales, significativamente la del Estado de México en el 2017", afirmó Zebadúa González en su testimonio.
Para desviar los recursos, según reseñó el ex funcionario federal, se firmaron convenios con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y con Televisora de Hermosillo. Mientras que por parte de las instituciones federales signaron Luz María Orozco Quiroz, en el primer caso, y Gustavo Rodríguez González, en el segundo.
Zebadúa González aseveró en su testimonio ante la FGR que el dinero se entregó para empresas subcontratadas por el publicista Juan Carlos Limón García, director de consultoría y estrategia política ByPower -que presume ser "El Rey Midas de la estrategia política" o "El arquitecto del poder"-, quien operó las campañas de Peña Nieto, Robles Berlanga y Osorio Chong.
Además, el ex oficial mayor de la SEDESOL y SEDATU dijo que le consta que a finales del 2016 y hasta mediados del 2017, al menos en 6 ocasiones recibieron y se resguardaron "fuertes cantidades de dinero en efectivo" en las oficinas de Robles Berlanga.
"Después [el dinero] fue enviado a distintos puntos del Estado de México, durante el periodo electoral de campaña para Gobernador en esa entidad [...] Fue para la compra de votos y operación electoral", precisó Zebadúa González a la FGR, respecto al proceso electoral en el que el candidato del PRI era Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador de dicha entidad.
Según el diario Reforma, que informó este viernes del hecho, Zebadúa González ofreció a la Fiscalía General de la República presentar a varios de sus ex colaboradores en la SEDEDOL y en la SEDATU para corroborar ante el Ministerio Público Federal la información proporcionada y "robustecer" las investigaciones.
FGR NO ERJERCERÍA ACCIÓN PENAL EN SU CONTRA, ASEGURÓ OSORIO CHONG
El 14 de septiembre, Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, afirmó que recibió de la Fiscalía General de la República, una comunicación del no ejercicio de la acción penal en su contra, derivada de la investigación sobre su situación patrimonial, que también indaga la Secretaría de Función Pública del Gobierno federal.
Entrevistado por diversos representantes de medios en la sede del Senado, el ex titular de la Secretaría de Gobernación, aseveró que estaba a la espera de que la SFP resolviera en un plazo no mayor a un mes y medio, sus propias indagatorias al respecto.
Además, Osorio Chong señaló que una semana antes recibió la notificación del no ejercicio de la acción penal, que emitió a su favor la FGR, luego de haberse consultado a una institución bancaria y probarse que, en efecto, la operación de compra-venta de una propiedad que se le atribuye se canceló.
El senador priista aseguró a los periodistas que presentó pruebas, ante la FGR y la SFP, y la propia Fiscalía General de la República llevó a cabo sus indagatorias, por lo que después de ello “a mí se me entregó el no ejercicio de la acción penal”.
El ex titular de la SEGOB afirmó que caso de que la SFP insistiera en el caso, “hay otra instancia para acreditar la información que he entregado”.
En la FGR “mandaron pedir al banco si es cierto que hubo devolución y que no hubo el tener ese recurso y la ocupación [de un inmueble] y eso se lo confirmaron”. Por tanto, “la Fiscalía General de la República ha determinado que ante evidencias presentadas e investigadas no da lugar a ningún ejercicio de la acción penal”, abundó.
El 17 de julio, Osorio Chong confirmó al diario Reforma -que había informado del hecho- que la Función Pública del Gobierno Federal investiga supuestas “inconsistencias” en su patrimonio y el de su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo.
El rotativo indicó que la Función Pública Federal coteja si sus bienes corresponden a sus ingresos como funcionario desde que fue gobernador de Hidalgo. En respuesta, Osorio Chong y su esposa presentaron, una semana antes, demandas de amparo para impugnar las conclusiones de la investigación.
Reforma recordó que en mayo de 2014, Vargas Carrillo dio aviso ante el notario público número 19 de Pachuca, Gustavo Teodoro Gómez Monroy, de una operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380, en Lomas de Chapultepec, según consta en el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad (RPP) del entonces Distrito Federal.
En ese mismo folio, dio aviso de la apertura de un crédito hipotecario con el banco Banorte, según publicó en su momento la revista Proceso. Sin embargo, Osorio Chong le aseguró al Reforma, que él y su esposa pagaban una renta por habitar en dicha casa, y que si bien se pidió un crédito hipotecario para la eventual compra, éste fue cancelado.
El ahora senador cuestionó que la SFP está considerando el crédito hipotecario como un ingreso no justificado, por lo que explicó que presentaron los amparos, debido a que la Función Pública no aceptó sus alegatos de defensa y porque se involucró a su familia.
“La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto”, dijo Osrio Chong al rotativo, que recordó que al final del sexenio de Enrique Peña Niego, el ex gobernador hidalguense declaró tener dos terrenos que adquirió en 2007, por un millón 120 mil 315 pesos, y otro con valor de 53 mil 272 pesos.
Además, el ahora senador dijo tener un palco que compró en 2001, por 30 mil pesos, y también reportó una cuenta de separación individualizada, con un saldo de 2 millones 993 mil pesos, así como un cuenta bancaria con 4 millones 903 mil 424 pesos.
El diario abundó que la esposa de Osorio Chong, presentó el pasado 9 de julio, el amparo 620/2020, ante el juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, donde reclama el acuerdo de conclusión de la VP/085/2019, que fue dictado el 24 de junio, por la Dirección de Verificación Patrimonial de la SFP.
Vargas Carrillo, ex directora del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Federal, alega violaciones a varios artículos de la Constitución, entre ellos, los que prevén el principio de presunción de inocencia; el principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, así como las reglas para sancionar a los servidores públicos.
Osorio Chong, de 54 años de edad, fungió como Gobernador del estado de Hidalgo del 2005 al 2011. Fue diputado federal en la LIX Legislatura del 2003 al 2005. Asimismo, dentro del Gobierno estatal de Hidalgo ocupó los cargos de Secretario de Gobierno, Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Desarrollo Regional. Asimismo, estuvo a cargo de la SEGOB, desde el inicio del mandato de Peña Nieto, hasta el 10 de enero del 2018.
A finales de agosto del 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia por lavado de dinero en contra de Juan Manuel Flores Athié, ex titular de la Unidad de Finanzas y Administración de la SEGOB, cuando Osorio Chong estuvo al frente de dicha institución.
Así lo informó Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, quien indicó que a Flores Athié -que se mantuvo en la actual Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador durante poco más de un mes-, primero se le congelaron sus cuentas bancarias junto con una red de personas físicas y morales con las que estaba relacionado.
“Efectivamente, se generó un caso a partir de una denuncia relacionada con el señor Athié y esto llevó al congelamiento de cuentas […] Hay algunas empresas relacionadas con este caso y ahí, por protección de los derechos de los trabajadores, se descongelaron las cuentas en donde se pagaban los sueldos y salarios de los trabajadores, por lo demás seguimos operando en el caso y se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, dijo Nieto Castillo.
“Es un tema de lavado de dinero relacionado con un tema de corrupción”, indicó el funcionario federal, quien fue entrevistado por diversos medios al término de su participación en el “Foro Sistemas Anticorrupción. Retos+Perspectivas+Experiencias”, donde detalló que en total son 17 personas físicas y morales las involucradas en este caso.
VIDEGARAY, ARQUITECTO Y AUTOR INTELECTUAL DE LA ESTAFA MAESTRA
El 6 de noviembre, el medio digital Animal Político, basado en documentos judiciales, indicó que Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores (SRE) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ordenó el desvío de recursos públicos de una docena de dependencias federales a través del mecanismo conocido como “Estafa Maestra”,
El desvío de recursos supuestamente ordenado por el ex funcionario tuvo como objetivo el financiamiento de campañas políticas, compra de votos y promoción del gobierno de Peña Nieto y su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), según declaró Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga-, quien ofreció convertirse en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).
Para conseguir el perdón legal en la investigación sobre el posible desvío de recursos públicos, Zebadúa González hizo una declaración ministerial de 18 páginas, donde narra el modus operandi de la llamada “Estafa Maestra”, además de que se deslinda de cualquier participación, aunque él fue apoderado legal de las cuentas bancarias y encargado de administrar el presupuesto de ambas instituciones federales.
El medio digital Animal Político señaló, que, además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó a Zebadúa González gastos de 205 millones de pesos junto con dos de sus hermanos, sin que ello correspondiera a sus ingresos, por lo que la institución, cuyo titular es Santiago Nieto Castillo, los denunció ante la FGR, por probable lavado de dinero.
“Animal Político obtuvo la comparecencia ministerial realizada el 19 de octubre pasado como parte de la causa penal FED/SEIDF/UNAI-CHIS/0001522/2018, donde Zebadúa [González] aseguró que el titular de Hacienda en el sexenio pasado [Videgaray Caso], destinó recursos extra a las dependencias que aplicarían el esquema de desvío”, agregó el medio digital en su investigación.
