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Portal Latinus

Diputada pide a la UIF y a la FGR investigar si el portal Latinus es financiado con recursos ilícitos

Morena presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a la UIF y a la FGR a que investiguen sobre posibles recursos de procedencia ilícita invertidos en Latinus

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– La Diputada morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue la licitud del financiamiento del portal web Latinus.

La diputada también solicitó a las dependencias investigar la presunta participación del Gobernador de Michoacán y funcionarios de ese Gobierno que, dijo, “podrían estar aportando recursos de procedencia ilícita” a la plataforma Latinus, plataforma tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al comunicador Víctor Trujillo.

“La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se investigue la presunta participación del Gobernador de Michoacán y funcionarios de dicho gobierno que podrían estar aportando recursos de procedencia ilícita a la plataforma de comunicación conocida como Latinus”, se lee en el primer punto del punto de acuerdo prestando por Morena y que fue publicado hoy en la Gaceta Parlamentaria.

Morena hizo la misma petición a la FGR para investigar el financiamiento de Latinus, como establece el punto dos del acuerdo.

La legisladora Ascencio Ortega argumentó que desde el 2007 el mandato constitucional fue claro en el sentido de que no se puede acceder a la radio y televisión con fines electorales.

“De tal manera que se debe distinguir entre los medios de comunicación que ejercen una autentica libertad de expresión respecto de aquellos que son financiados por personajes políticos y empresarios con el objeto de influir directamente en las contiendas electorales, ello se menciona, por algunos medios que se excusan en la libertad de expresión para desequilibrar las tendencias electorales”, defendió.

La Diputada morenista citó la investigación del periodista Álvaro Delgado que fue publicada el 29 de marzo en SinEmbargo, donde se dio a conocer que detrás de esa empresa de medios Latinus “hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la exsubsecretaria Patricia Olamendi; a su hijo, Miguel Alonso, y al secretario privado del Gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco”.

En el reportaje “Una red de políticos prominentes y empresas (con acceso a dinero público) está detrás de Latinus”, el periodista también informó de una conversación vía WhatsApp del viernes 26, donde Madrazo Rojas negó formar parte, “con recursos económicos”, del portal digital.

Un día después de la publicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya conocía que los familiares de Roberto Madrazo Pintado, el Gobernador michoacano Silvano Aureoles y Patricia Olamendi estaban detrás de la plataforma Latinus. Pero afirmó que pensó que no le correspondía denunciarlos.

“No queremos que se utilice de excusa, si hacemos una denuncia de ese tipo, que estamos limitando la libertad de expresión. Queremos que todos puedan ejercer sus libertades, como se está haciendo, sin límites. Hasta con insultos, y no censuramos”, aseguró el Presidente al periodista Álvaro Delgado, también director de Investigación de SinEmbargo.

La investigación de Delgado Gómez expuso la red de políticos, servidores públicos y empresarios que están detrás de la plataforma informativa Latinus, la cual, señaló el reportaje, tiene detrás a “un muy viejo conocido” del mandatario, “el clan de Roberto Madrazo Pintado“, conformado por su hijo y su yerno, quienes son propietarios de las empresas “legales y legítimas que utilizan recursos del Gobierno de Michoacán para financiar la plataforma”.

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