Diputados aprueban Ley de Economía Digital para reducir el efectivo

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, el 6 de octubre de 2026, el dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con 330 votos a favor y 112 en contra, respaldado por la mayoría de Morena y sus aliados, con el propósito de ampliar el uso de medios de pago electrónicos y reducir gradualmente la circulación de dinero en efectivo en el país.

La nueva legislación busca acelerar la adopción de pagos digitales mediante el aprovechamiento de la infraestructura financiera existente, entre ella el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y el Cobro Digital (CoDi), además de promover el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR y tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), junto con otros medios reconocidos por las autoridades financieras.

Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, fundamentó el proyecto al sostener que la propuesta facilitará las operaciones de las personas usuarias. “Se trata de una nueva ley de vanguardia e innovadora que propone ampliar y facilitar el uso de los pagos digitales, mediante una implementación gradual, mayor seguridad, menores costos para las personas usuarias y mejores mecanismos de control y recaudación”, aseguró el legislador.

El ordenamiento, integrado por 22 artículos distribuidos en cinco títulos y cinco disposiciones transitorias, será de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. Entre sus disposiciones establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar y aceptar medios de pago digitales y electrónicos para la atención de trámites y servicios públicos.

La ley también faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que los pagos digitales podrán constituir la única forma de pago aceptada. El artículo 14 del proyecto fija plazos para que cada sector estratégico o actividad vulnerable realice una transición gradual del efectivo a los pagos digitales y electrónicos.

El texto incorpora excepciones para los casos en que existan fallas o contingencias que impidan la recepción de pagos digitales, supuestos en los que podrá utilizarse efectivo o cheque conforme a las condiciones establecidas en la propia legislación.

Entre los instrumentos previstos destaca la aceptación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) digital como mecanismo de confianza para la contratación de servicios financieros a distancia, sin que ello excluya el uso de cualquier otro medio de identificación oficial. El proyecto crea además el Expediente Digital Ciudadano, concebido como una herramienta para la consulta y utilización de información y documentos digitales con autorización de las personas usuarias.

La iniciativa otorga asimismo atribuciones al Banco de México en materia de transferencias electrónicas, servicios financieros y recepción de pagos mediante códigos QR.

La propuesta fue enviada al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte del Paquete Económico 2027. Previamente, el 1 de octubre de 2026, la Comisión de Hacienda y Crédito Público avaló el dictamen en lo general con 24 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, y en lo particular con 25 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, con modificaciones consideradas de forma.

Durante la discusión en comisiones, las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron reservas respecto a la cobertura de infraestructura y conectividad necesaria para una implementación equitativa. Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, advirtió que el proyecto carece de reglas claras de protección ante robos de identidad, ciberataques o filtraciones de datos, mientras que Emilio Suárez Licona, del PRI, alertó sobre una posible profundización de la brecha digital y una mayor concentración de información financiera y personal.

La Exposición de Motivos señala que la experiencia internacional muestra que la digitalización conduce a procesos de formalización económica, pues los negocios que reciben montos crecientes por compras digitales construyen historial financiero y acceden a crédito que antes les era negado por operar en efectivo. El dictamen no contempla cambios en materia de impuestos.

Tras su aprobación en lo general, el dictamen deberá continuar con la discusión de las reservas presentadas en lo particular antes de ser remitido al Senado de la República para su análisis, en un calendario legislativo que contempla a mediados de octubre de 2026 el inicio de la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027.