"Ejidatarios acusan a asociación de Salinas Pliego de ‘robarles’ el agua del Río Chalma"

Ciudad de México.– Hace siete años los ejidatarios Roberto Valle, Marcos Chaqueco y Félix Rojas fueron subidos a una camioneta de la policía en Chalmita, Estado de México, conocidas como perreras.

Los esposaron lo más apretado posible. Les dieron vueltas. Bajaban y subían a otros reos ya sentenciados. Roberto perdió la noción del tiempo y el espacio, mientras su defensa legal iba a pagar la fianza para que no quedaran detenidos por el presunto daño de bienes y robo a una propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.

“No sabíamos dónde nos andaban trayendo. No se veía nada, escuchábamos pájaros, sentíamos los brincos y el traslado de un lado para otro. Fue un evento triste”, evocó el presidente del comisariado en el ejido Chalmita, quien para poder seguir regando los cultivos de siete ejidos, impulsó en marzo de 2013 una demanda al Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, asociación civil de Grupo Salinas, por acaparar para sus terrenos en la Hacienda Jalmolonga el agua del río Chalma, cuyo nivel de volumen ha mermado por la falta de lluvias.

En sus 50 kilómetros atraviesa el pueblo turístico Malinalco, zona donde se ubican balnearios y el Santuario del Señor de Chalma visitado por miles de peregrinos.

Además del turismo, la región basa su economía en la agricultura. Entre los 74 ejidatarios de Chalmita y los de los ejidos aledaños La Cañada, Jalmolonga, Tepehuajes, La Lagunita, Chalma y San Sebastián son unos mil productores de maíz, frijol, caña, arroz, trigo y flores, entre ellas, gladiolas, nardos y rosas.

“Hemos sentido el cambio climático, pero nuestro ejido no se queda con los brazos cruzados y la mayor parte de las tierras de uso común las destinamos para reforestaciones comunitarias. Tienen unos diez años”, planteó Valle.

Cuando el Comisariado Ejidal fue electo en 2011, los campesinos le comentaron al presidente ejidal Roberto Valle que el agua no les estaba llegando como antes. A finales de 2012 fueron a inspeccionar al canal dos del río Chalma, cuya agua les pertenece por decreto presidencial desde 1935.

Descubrieron cercas, las cuales intentaron retirar. Fueron colocadas por el Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca.

Los representantes legales del empresario Ricardo Salinas (quien posee una fortuna de 11 mil 700 millones de dólares, Forbes 2020) los acusaron en 2013 por supuesto daños de bienes por mil 80 pesos y robo. Tras la audiencia ante un juez se les subió a la perrera.

“Con toda la publicidad que tiene el señor en los medios de que es muy buena persona y que ayuda a todo mundo, pensamos que la cosa se iba a resolver amablemente presentándole nuestros documentos. Sin embargo, al paso del tiempo nos dimos cuenta de que no. Después de entender quién era este señor en un principio nos dio miedo y sentimos temor por la familia y la gente que nos quiere”, dijo el ejidatario.

El ejidatario Roberto recordó que cuando el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador andaba en campaña conoció su caso. Les dijo que “eran los de la mafia del poder”, que votaran por él para “sacarlos”. Ricardo Salinas es ahora miembro del Consejo de Asesores del Mandatario y uno de los principales beneficiarios de contratos del Gobierno federal.

“Decepción. Decepción. Así de plano”, afirmó el campesino mexiquense. Y los presidentes municipales “se hicieron de la vista gorda”.

LA LARGA LUCHA POR EL AGUA

En 1935 por decreto presidencial durante el cardenismo se realizó la repartición de tierras y aguas al ejido Chalmita, en el Estado de México, y el 25 de enero de 1994 los ejidatarios pidieron inscribirse al Registro Público de Derechos de Agua (Repda).

“Platicamos con los representantes del señor Salinas para decirles que nosotros teníamos los derechos del agua inscritos en el Repda. Sin embargo, para ellos no era válida la inscripción ni el acta de Asamblea donde nos eligieron como Comisariado Ejidal”, expuso el presidente del comisariado en el ejido Chalmita, Roberto Valle.

En noviembre de 2010 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le había otorgado al Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca una concesión para uso de terrenos cercanos al río Chalma, y el 17 de marzo de 2011 se publicó en el Repda para aprovechar 20 mil 290 metros cuadrados de la zona federal, documentó la organización Mexicanos contra la Corrupción con base en solicitudes de información.

Fue cuando el agua empezó a faltar para el riego de cultivos, contó el ejidatario Roberto.

“Se supone que estábamos en diálogo con los representantes del señor Salinas Pliego para llegar a un acuerdo, donde todos saldríamos beneficiados. Sin embargo, cuando fuimos a verificar [el canal dos del río Chalma] encontramos ya cercado con vigilancia, donde comúnmente pasábamos. Él compró predios a un lado del canal general y trata de despojarnos”, acusó.

En abril de 2019, la Diputada Julieta Macías Rábago de Movimiento Ciudadano propuso exhortar a la Conagua a esclarecer y hacer pública la situación jurídica correspondiente a los recursos hídricos de los afluentes del río Chalma, aprovechados por la Hacienda de Jalmolonga, que en la época de la Colonia fue la más importante de la zona y cuya producción agrícola sirvió de sustento a varias obras de la Compañía de Jesús, como el Colegio de San Pedro y San Pablo hasta antes de la expulsión de los jesuitas, expone el punto de acuerdo.

“El conflicto relativo a Jalmolonga y el río Chalma exhibe con claridad la probable colisión de derechos entre campesinos y el sector privado, lo que a todas luces amerita la intervención del Estado Mexicano para lograr una solución que reduzca al mínimo la evidente disparidad entre las partes”, plantea el documento.

Al impedírseles el paso, los ejidatarios decidieron presentar la denuncia ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 9 en Toluca, Estado de México, en marzo de 2013 para que el Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca respete la posesión, uso y aprovechamiento del canal dos del río Chalma. Le pidieron que dejara de obstruirles el paso con las cercas que intentaron quitar.

Fue entonces cuando la defensa legal del dueño de Grupo Salinas los denunció. “La denuncia de daño y robo de bienes, que no hicimos, fue la primera muestra de querer espantarnos. Cuando fuimos a la audiencia de vinculación se supone que los daños eran de un monto de mil 80 pesos; lo más grave que podía pasar era reparar ese dinero, nos dijeron los abogados. Pero no fue así. Llegamos a la audiencia muy tranquilos, el juez nos vinculó a un procedimiento penal. Cuatro años y medio después resultó que siempre no hicimos nada. En esa audiencia nos subieron a una camioneta”, recapituló el ejidatario Valle.

Seis años después, el 7 de junio de 2019, el Tribunal Unitario Agrario sentenció al Centro de Capacitación a retirar su cerco, puentes y bombas del canal que impedían el paso peatonal a los campesinos hacia el agua, pero en octubre del año pasado la asociación de Salinas Pliego se amparó.

Para entonces, desde 2017, se transformó en Red Inmobiliaria Los Verdes Campos para construcción, consultoría, venta de maquinaria y administración de bienes raíces, documentó Mexicanos contra la Corrupción.

“Estamos esperando a que se resuelva el amparo para que ejecutemos la sentencia del Tribunal Agrario”, dijo Valle vía telefónica. Los Tribunales han estado pausados por Covid-19, no así la necesidad de cultivar y la lucha por el agua.