"El caso Cienfuegos demuestra que el poder civil está sometido al militar, dice General Gallardo"
Ciudad de México.- Salvador Cienfuegos Zepeda “está bajo dos jurisdicciones, y de las dos jurisdicciones se escabulló”, dijo en entrevista el General en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez.
En su opinión, ni las autoridades civiles ni las autoridades militares actuaron con apego al Estado de derecho, ya que el ex secretario de la Defensa Nacional del peñanietismo (2012-2018) fue exonerado sin un proceso de investigación, sin comisiones de la verdad y con el consentimiento y encubrimiento del Ejecutivo federal y de integrantes de una élite castrense, entre ellos el actual jefe de las Fuerzas Armadas, el General Luis Cresencio Sandoval González.
El 14 de agosto de 2019, un jurado federal estadounidense en el Distrito Este de Nueva York acusó al General Cienfuegos “de participar en un plan de importación y tráfico de drogas” orquestado por Juan Francisco Patrón Sánchez, mejor conocido como el “H2”, uno de los líderes del Cártel de Los Beltrán Leyva, se lee en una misiva fechada al 29 de octubre de 2020 que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) le envío a la Secretaría de Relaciones Exteriores encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón.
El 15 de octubre del año pasado, Cienfuegos fue arrestado en el país vecino; y un mes y tres días después, en medio de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, el General de División fue entregado por las autoridades estadounidenses a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que en dos meses determinó –con base en las pruebas documentales aportadas por la DEA– que el General “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva” y “tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.
De acuerdo con el General Gallardo, la jurisdicción civil –a través de la FGR– debió de utilizar como base las acusaciones de la DEA para iniciar una investigación propia y entonces lindar o deslindar responsabilidades.
En cambio –dijo– hubo una decisión unilateral y exprés desde la Presidencia de la República para dejarlo ir en libertad sin aparentes consecuencias para Cienfuegos, pero con evidentes secuelas en materia de credibilidad institucional relacionada con la impartición de justicia en México.
Para Gallardo, los altos mandos militares tampoco están exentos de responsabilidades en el caso Cienfuegos. Pero explicó que en mayor medida, la responsabilidad recae en el Presidente López Obrador porque él es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de acuerdo con lo que establece el Artículo 89 (fracciones VI y VII) de la Constitución Mexicana.
“Yo no creo que el Secretario de la Defensa Nacional [Luis Cresencio Sandoval González] no le haya pedido su autorización [al Presidente Andrés Manuel López Obrador] para liberar a Cienfuegos. Tampoco creo que [Sandoval] haya tenido el valor civil para haberle dicho [a AMLO] que no se puede [liberar a Cienfuegos] porque va en contra del Fuero de Guerra”, dijo Gallardo en entrevista con SinEmbargo.
Pese a lo anterior, el también activista en materia de derechos humanos refirió que las probables violaciones del General Salvador Cienfuegos a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada tienen implicaciones de índole militar.
“El Código de Justicia Militar previene en los artículos 275 Bis y Ter que cualquier individuo militar que se coluda con el narcotráfico o se sume a las filas del narcotráfico será sancionado con 15 a 60 años de prisión y baja de las Fuerzas Armadas. Eso le aplica a Cienfuegos, pero tiene varios supuestos, y uno de ellos también dice que cualquier militar que permita la fuga o libere a cualquier delincuente del crimen organizado igualmente le aplica la sanción que dije. Lo digo por lo de Ovidio [Guzmán Loera] a quien liberaron por una orden presidencial. Aquí el asunto es que también le cae esta responsabilidad a Andrés Manuel”, recordó Gallardo.
La falta de ejercicio de la acción penal en contra de Cienfuegos es uno de los grandes errores del actual sexenio, no sólo porque demuestra la debilidad del control civil-democrático que existe en México sobre las Fuerzas Armadas, sino también por las tensiones que genera y que generará con el Gobierno de Estados Unidos, ya que es un asunto que involucra temas de seguridad nacional y de relaciones bilaterales internacionales, frente al cual el Gobierno de México se muestra como el “alcahuete” del crimen organizado, lamentó el también académico universitario.
