El Estado debe actuar tras ataque a periodistas en Guerrero: Artículo 19

La organización Artículo 19 informó que se encuentra en proceso de documentación del ataque con arma de fuego en contra de Óscar Guerrero, fotoperiodista de Primer Plano; Víctor Mateo, reportero de Ahora Guerrero; Jesús de la Cruz, reportero de El Jaguar; y de otro periodista de quien se reserva su nombre por seguridad, en Chilpancingo, Guerrero.

Según el testimonio público de un médico del Hospital General de Chilpancingo ‘Raymundo Abarca Alarcón’, dos de los periodistas aún se encuentran recibiendo atención médica a consecuencia de sus heridas, detalló Artículo 19.

Informó que un periodista local cuyo nombre también se reserva por seguridad les narró cómo los reporteros se trasladaban en el vehículo de Víctor Mateo después de cubrír el asesinato de un conductor de transporte público.

“Posteriormente se detuvieron cerca del Sexto Batallón para redactar sus notas cuando hombres a bordo de una moto y un vehículo los interceptaron y les dispararon. En su intento por escapar para evadir las balas, Mateo recibió un disparo, lo que provocó que chocaran; enseguida, los periodistas salieron del auto y pidieron resguardo en las instalaciones militares en donde los recibieron para después ser trasladados al hospital”, se consignó.

El 17 de noviembre de 2023, la organización llamó a las autoridades a proteger a periodistas de la entidad tras las publicaciones de amenazas en redes sociales en contra de integrantes del gremio periodístico de Guerrero por parte de presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Entre las y los periodistas amenazados estaba Víctor Mateo.

De la misma forma, la organización dijo que se mantiene en alerta y urge a las autoridades persistan las labores de búsqueda tras la privación de la libertad de Alberto Toledo, hijo del periodista Marco Antonio Toledo, en Taxco, Guerrero.

Recordó que ante estos contextos de vulneraciones críticas al gremio periodístico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que, en aquellas regiones en las cuales los y las periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este grupo de personas, el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección.

Exigió a la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos coordinarse con el Mecanismo Federal de Protección para atender de forma inmediata a los periodistas y a sus familiares para garantizar su seguridad y protección.

También pidió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero investigar de manera diligente y expedita aplicando el Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión.