‘El INE no se toca’ buscaba proteger una ‘mafia electoral’, acusa Sheinbaum
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que quienes defendían la consigna “el INE no se toca” durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscaban proteger una presunta red de corrupción construida dentro de los organismos electorales, cuyos antecedentes se remontan a varias décadas y que habría obtenido contratos millonarios mediante empresas vinculadas entre sí.
“A lo mejor decían ‘el INE no se toca’ para poder guardar toda esta mafia electoral que se construyó con ellos”, sostuvo durante su conferencia matutina, al defender la necesidad de sanear el Instituto Nacional Electoral, luego de que el gobierno federal presentó una investigación sobre empresas que obtuvieron contratos por más de 2 mil 646 millones de pesos con autoridades electorales entre 2014 y 2025.
La Mandataria señaló al ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, por reconocer públicamente que conocía la existencia de un grupo reducido de empresas que concentraba contrataciones con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), pese a que durante su gestión también se realizaron adjudicaciones a esas compañías.
Sheinbaum cuestionó que Córdova, quien encabezó el instituto de 2014 a 2023, no hubiera intervenido para revisar o impedir esas prácticas, aun cuando, según dijo, tenía conocimiento de que los organismos electorales estatales contrataban con un grupo reducido de proveedores.
“Él dice dos cosas. Dice uno: ‘Sí nombramos a Taddei como presidenta de la OPLE de Sonora’. Número dos: dice ‘Sí sabía de la existencia de estas empresas. Es un monopolio’, dice, ‘o oligopolio’, no sé qué palabra usa, que se contrataba con los OPLEs estatales, con los organismos electorales de los Estados. Él lo reconoce”, señaló.
La Presidenta sostuvo que Córdova tuvo conocimiento de esas contrataciones durante nueve años y recordó que el Consejo General del INE, entonces encabezado por él, tenía la facultad de designar a los consejeros electorales de las 32 entidades, quienes posteriormente participaban en la conducción de los organismos estatales que contrataron a las empresas investigadas.
“Estuvo nueve años sabiendo que los organismos estatales que organizaban elecciones contrataban solamente a unas cuantas empresas y él también las contrató. Él también las contrató. ¿Cómo sabiendo que eso es parte de la estructura electoral del país no hizo nada?”, cuestionó.
La Mandataria también rechazó que los posibles responsables de las irregularidades puedan deslindarse de las contrataciones bajo el argumento de que correspondía a otras autoridades supervisarlas; sin embargo, aclaró que las responsabilidades administrativas o penales deben ser determinadas por las instancias competentes y no por el Ejecutivo federal.
Sheinbaum pide investigar a quienes conocían las contrataciones
Durante su conferencia, Sheinbaum se refirió a las declaraciones recientes de Córdova, quien reconoció que el Consejo General del INE designó a Guadalupe Taddei como presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014 y que conocía la existencia de proveedores que concentraban contratos con los OPLEs.
La Presidenta consideró que ese reconocimiento obliga a revisar por qué, durante su gestión, no se tomaron medidas para evitar que las mismas empresas obtuvieran contratos en distintos organismos electorales.
También cuestionó que los proveedores investigados hayan recibido más de 2 mil millones de pesos en adjudicaciones durante el periodo en que Córdova estuvo al frente del instituto, sin que, de acuerdo con lo expuesto por ella, se modificara el esquema de contratación.
Sheinbaum mencionó además a Edmundo Jacobo Molina, quien fue secretario ejecutivo del INE durante 15 años y posteriormente se incorporó al partido Somos, al que también pertenecen Córdova y otros exintegrantes de la estructura electoral.
La Mandataria sostuvo que Jacobo Molina, por el cargo que desempeñó y su relación con la administración del instituto, también debía conocer la existencia de los proveedores que concentraban las contrataciones.
“15 años. 15 años. Y no me digan que él tampoco sabía que había un duopolio. Entonces, que se abra todo”, expresó.
En ese contexto, la Presidenta relacionó a los empresarios investigados con Juan Carlos Padilla Aguilar, quien fue superior de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas durante su paso por la administración pública federal y posteriormente mantuvo cargos en el Estado de México.
De acuerdo con la investigación presentada por la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, Padilla Aguilar actualmente forma parte de Somos, partido en el que también participan Córdova, Jacobo Molina y Marco Antonio Baños, entre otros exintegrantes de la estructura electoral.
Sheinbaum cuestionó que quienes defendieron la consigna “el INE no se toca” ahora coincidan políticamente con personas relacionadas con la trayectoria de los empresarios investigados.
La Presidenta también atribuyó a la reforma electoral de 2014, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la concentración en el Consejo General del INE de la facultad de designar a los consejeros de los organismos electorales estatales.
Según expuso, esa modificación permitió que 11 consejeros del instituto federal concentraran la decisión sobre los nombramientos en las 32 entidades, una atribución que anteriormente correspondía a los congresos estatales.
La Mandataria señaló que la mayoría de los actuales consejeros de los organismos locales fueron designados durante la presidencia de Córdova, por lo que consideró necesario revisar también las decisiones adoptadas en ese periodo.
ASF identifica 89 conexiones entre empresas y personas vinculadas con el INE
Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que el gobierno federal presentó, este jueves, una investigación sobre una red de empresas vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, que durante 27 años ha obtenido contratos con autoridades electorales.
La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que entre 2014 y 2023 las compañías consiguieron más de 2 mil millones de pesos en contratos con 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales. Entre 2024 y 2025 obtuvieron otros 646 millones de pesos con 15 organismos estatales.
Entre las empresas identificadas están Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Cerlaz de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández.
La investigación, elaborada a partir de información de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Compranet histórico, identificó presuntos mecanismos de simulación de competencia en licitaciones, operaciones entre empresas relacionadas y dispersión de recursos para dificultar la identificación de los beneficiarios finales.
Buenrostro explicó que las compañías participaban en los mismos procedimientos de contratación y que sus integrantes presuntamente se ponían de acuerdo para determinar cuál presentaría la oferta más baja y obtendría el contrato.
“Como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, pues simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar”, expuso la funcionaria.
También señaló que algunas de las empresas no reportaban empleados ni capacidad técnica para realizar los servicios que ofrecían, mientras que otras compartían domicilios, números telefónicos y vínculos familiares entre sus socios, administradores y representantes legales.
La Secretaria agregó que las compañías recibían los pagos por contratos públicos y posteriormente transferían los recursos a otras razones sociales, en operaciones que, según la investigación, dificultaban conocer quiénes eran los beneficiarios finales.
La revisión de la Auditoría Superior de la Federación, difundida el jueves, amplió los señalamientos sobre las relaciones entre proveedores y personas vinculadas con el instituto electoral.
El organismo identificó 89 conexiones entre siete empresas y 83 personas relacionadas con el INE, entre ellas socios, integrantes de órganos de administración, apoderados y representantes legales.
Uno de los casos corresponde a Jonathan N., exempleado del instituto que fue registrado como chofer de la presidencia y que también aparece como apoderado de Corporativo ZEG. La ASF reportó que recibió percepciones por 601 mil 751 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026, aunque no precisó quién realizó los pagos ni por qué concepto.
La relación empresarial de Jonathan N. con Corporativo ZEG se remonta a junio de 2023, cuando obtuvo un poder general para pleitos y cobranzas que le permitía representar legalmente a la compañía. En abril de 2025 ingresó al INE, adscrito a la oficina de la presidencia.
El 21 de octubre, Guadalupe Taddei negó que hubiera sido su chofer, aunque reconoció que estuvo adscrito a su oficina y aseguró que ya no trabajaba en el instituto.
La ASF también identificó relaciones entre Corporativo ZEG, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México, mediante personas que aparecen con distintos cargos o facultades de representación en más de una compañía.
Además, documentó que algunas de estas empresas presentaron propuestas separadas en una misma licitación del INE. Fue el caso del procedimiento LP-INE-001/2025, convocado para adquirir urnas, mamparas y dados marcadores para la elección judicial, cuyo fallo se emitió el 7 de febrero de 2025.
En ese concurso participaron una propuesta de Cajas Graf en conjunto con TOL Producciones y otra de Corporativo ZEG. Ambas compañías están vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.
La coincidencia de las empresas en el procedimiento no acredita por sí misma que hayan acordado sus ofertas, pero la ASF consideró que las relaciones entre proveedores y personas vinculadas con el instituto constituyen indicios que ameritan profundizar las revisiones para determinar posibles conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales.
El organismo fiscalizador también reportó operaciones por 21.3 millones de pesos en las que proveedores de Corporativo ZEG trabajaron con proveedores autorizados de certificación de facturas electrónicas cuyas certificaciones fueron revocadas.
La información difundida por la ASF no establece todavía en cuáles contratos esas relaciones se tradujeron en irregularidades ni determina responsabilidades definitivas para las personas y empresas identificadas.
Pide transparentar contratos y reducir costos electorales
Ante estos hallazgos, Sheinbaum pidió a los actuales integrantes del Consejo General del INE, conformado por 10 consejeros tras la salida de Taddei, revisar los procedimientos de contratación y establecer mecanismos de transparencia que también sean adoptados por los organismos electorales estatales.
La Presidenta consideró que las investigaciones deben servir para modificar el funcionamiento administrativo del sistema electoral y evitar que un grupo reducido de empresas concentre las adquisiciones de materiales y servicios para las elecciones.
También planteó revisar los costos de los procesos electorales, pues consideró que las presuntas prácticas de intermediación y sobreprecios pudieron incrementar los recursos destinados a su organización.
“Lo que nos corresponde a nosotros y al INE actual, los 10 consejeros que están hoy en el INE, es sanear, limpiar, garantizar que las contrataciones sean totalmente transparentes, generar lineamientos que los asuman todos los organismos electorales estatales, que bajen los montos que se utilizan para las elecciones”, afirmó.
Sheinbaum mencionó que para un año electoral se destinan alrededor de 37 mil millones de pesos y consideró que una parte de esos recursos podría estar inflada por los esquemas de contratación que actualmente se investigan.
La cifra, explicó, debe analizarse también a partir de los presupuestos que reciben los organismos electorales estatales, además de los recursos destinados al INE.
La Mandataria sostuvo que los actuales consejeros todavía están a tiempo de transparentar las adquisiciones, revisar a los proveedores y establecer reglas para impedir que se repitan las prácticas señaladas por las autoridades fiscalizadoras.
