En México preocupan desapariciones y negación de la participación del Estado en crisis de derechos humanos: informe
La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo heredó y mantiene graves problemas en materia de derechos humanos en México, entre ellos la violencia criminal extrema y los graves abusos cometidos por el Ejército, además de una crisis de personas desaparecidas que persiste y se profundiza, destaca el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW).
“Miles de personas siguen desapareciendo cada año en México, con un total oficial en 2025 que supera las 130 mil personas (incluye los casos denunciados desde 1952). Las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir estas desapariciones y exigir que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, advierte el documento.
El reporte recuerda que a poco tiempo del hallazgo del Rancho Teuchitlán en Jalisco, en marzo de 2025, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas inició, por primera vez en su historia, un examen derivado de la aplicación del artículo 34 de la Convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas a fin de determinar si son generalizadas o sistemáticas en México.
Pese a que como respuesta la Presidenta Sheinbaum negó que existiera desaparición forzada desde el Estado, quienes buscan a personas cuyo paradero se desconoce siguen corriendo peligro.
En septiembre, organizaciones de derechos humanos informaron que en 2025 fueron asesinadas ocho personas en busca de desaparecidos. Desde 2010, se ha documentado el asesinato de más de 20 personas buscadoras.
Hasta hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza 131 mil 956 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales el 60 por ciento son hombres.
Las entidades que encabezan la estadística son el Estado de México con 14 mil 718, Tamaulipas con 13 mil 657 y Jalisco con 12 mil 768.
“Preocupa de manera muy grave la situación de desapariciones forzadas, en donde seguimos teniendo 130 mil personas y sobre todo un ataque frontal de la administración Sheinbaum para no reconocer la desaparición como un fenómeno estructural en México; en paralelo, desde la herencia de la administración AMLO, y de manera muy desafortunada continuada por la administración Sheinbaum, un proceso de erosión democrática”, apuntó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW durante la presentación del documento.
Esto en un contexto donde hasta 2024, México se situaba en una tasa de homicidios de 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo, mientras se estima que alrededor del 70 por ciento de las armas de fuego recuperadas en escenas del crimen en el país proceden del tráfico ilegal desde Estados Unidos.
Sin embargo, en junio la corte de justicia estadounidense desestimó una demanda de México contra algunos fabricantes.
Por otro lado, HRW subraya que la impunidad sigue siendo generalizada, pues los fiscales resuelven aproximadamente solo uno de cada 10 homicidios intencionales que investigan, “en muchos casos con pruebas que han sido alteradas, falsificadas u obtenidas mediante amenazas o tortura”.
Las fiscalías siguen careciendo de investigadores calificados, materiales, recursos básicos y protección adecuada para llevar a cabo su trabajo.
Además, la Organización Mundial contra la Tortura sostiene que esta sigue siendo una práctica generalizada en México: el Instituto Federal de la Defensoría Pública ha documentado 3 mil 177 incidentes denunciados como actos de tortura, que afectaron a 4 mil 100 víctimas entre 2019 y 2025, añade el documento.
En tanto, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado en dos ocasiones a México que elimine la prisión preventiva oficiosa, el Congreso aprobó una serie de leyes para ampliarla, en un país en el que alrededor de un 40 por ciento de las personas privadas de la libertad no tiene sentencia.
HRW también pone de relieve que el gobierno mexicano ha seguido ampliando el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y civiles. Entre los diversos casos de abusos, recuerda el asesinato de dos niñas, de 7 y 11 años, en Sinaloa; la acusación de violación a una niña de 9 años por parte de un militar, y la negativa del Ejército a entregar los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa.
La falsa dicotomía: “el bienestar material no reemplaza al Estado de derecho”
Entre los datos que recupera el informe de HRW destaca que 13 millones de personas salieron de la pobreza durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras al mismo tiempo comenzó un proceso de retroceso democrático que socavó la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho.
Durante la presentación del informe, Goebertus; Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), y Denisse Dresser, del ITAM, hicieron énfasis en la importancia de comprender que el bienestar material no sustituye al Estado de derecho, ni los derechos son intercambiables.
“Comer bien no compensa vivir sin justicia, recibir apoyos no reemplaza la protección frente a los abusos del poder. Los derechos no son intercambiables, y esa es una lección que el gobierno mexicano ha preferido ignorar. Human Rights Watch documenta un patrón que ya no es nuevo, pero sí más visible: la militarización de la seguridad pública con fuerzas armadas involucradas en tareas civiles sin controles efectivos”, señaló Dresser.
Esto quiere decir que se trata de modificaciones al modelo de seguridad y justicia mexicano que tienen, principalmente, tres efectos negativos: aumentan la capacidad del Estado para actuar de manera arbitraria, incrementan los riesgos para que las personas puedan ser victimizadas o abusadas, y limitan la capacidad de las víctimas para acceder a la justicia y a mecanismos de defensa de los derechos humanos.
Entre ellas han estado las que apuntan a militarizar la política de derechos humanos, lo que inició con la transferencia y ampliación de facultades de la Guardia Nacional.
Particularmente, otorgarle capacidades de investigación contradice uno de los principios más importantes en materia de derechos humanos: que los civiles investiguen a civiles.
Por otro lado, varias reformas han derivado en consolidar una excepcionalidad legal para los militares, añadió Sánchez, como darles facultades para intervenir las comunicaciones privadas o permitir las operaciones encubiertas, que anteriormente ya habían sido anuladas por la Corte.
Aunado a ello, criticó que las reformas constitucionales no sean impugnables.
En tanto, la reforma judicial, dijo, tendrá un efecto pernicioso sobre las víctimas de delitos, pues prevé la sustitución de más de 600 jueces penales, lo cual implica que habrá juicios orales que quedarán vacantes y tendrán que reiniciarse; con esto también se violan derechos humanos de las víctimas.
Además, se espera que para 2027 otros mil 81 jueces sean removidos.
A juicio de la organización, se han perdido los últimos controles que le quedaban a la Constitución, y en particular preocupan las reformas a la Ley de Amnistía, que anteriormente contemplaba una restricción para que no pudiera aplicarse en caso de violaciones a los derechos humanos, la cual dejó de existir.
En el capítulo México de su informe, HRW recuerda que en octubre de 2024 México fue elegido integrante del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027, y concluye que si bien ha apoyado esfuerzos para promover un tratado sobre crímenes contra la humanidad, se ha mostrado ambivalente respecto a algunas de las situaciones más críticas en materia de derechos humanos en América Latina, excusando la doctrina de “no intervención”.
