Encargada de negocios de Embajada de México sale de Perú, en medio de conflicto diplomático
El Gobierno de Perú confirmó que la encargada de negocios de la Embajada de México en Lima, Karla Tatiana Ornelas Loera, abandonó dicho país en medio del conflicto diplomático suscitado después de que el Gobierno mexicano asiló en su Embajada en Lima, Betssy Chávez, ex Primera Ministra durante la Administración de Pedro Castillo.
“En la fecha y según lo dispuesto por el Gobierno de Perú, la encargada de negocios de México realizó su control migratorio de salida y abandonó el País”, anunció en un escueto mensaje en la red social X, la Superintendencia Nacional de Migraciones.
El Ministerio de Exteriores de Perú señaló que analizó la solicitud de salvoconducto para la ex Primera Ministra y determinó que “se ha producido una evolución negativa en (la) práctica internacional” de la Convención de Caracas, que rige el asilo político.
“En los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política. El Gobierno de Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención concebida para proteger a nacionales de los Estados miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas”, agregó la Cancillería peruana.
Anunció que planteará ante la Organización de Estados Americanos una propuesta de modificación del texto adoptado en 1954 para evitar que esta tergiversación continúe ocurriendo.
Pablo Monroy Conesa, Embajador de México en Perú, fue expulsado de dicho país sudamericano, el martes 20 de diciembre de 2022, después de ser declarado “persona non grata”.
El Gobierno encabezado en ese entonces por Dina Boluarte Zegarra, le dio 72 horas para que abandonara el territorio peruano.
El Gobierno de México informó que la Embajada de México en Perú quedaría a cargo de la primera secretaria Karla Tatiana Ornelas Loera.
El 4 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la ruptura de relaciones diplomáticas del Gobierno de Perú con México.
Señaló que se trató de una decisión unilateral que estaba, según ella, “fuera de toda proporción”.
