Ernesto Ruffo es trasladado al Altiplano tras recibir prisión preventiva por huachicol fiscal

Una Jueza federal dictó prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, y otros siete presuntos implicados en un esquema de contrabando de hidrocarburos que, según la Fiscalía General de la República, habría movido más de 2 mil 137 millones de litros de combustible ilegal.

Ruffo Appel fue trasladado este 19 de julio desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México, hasta el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.

El traslado se realizó en un vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, escoltado por camionetas artilladas de la Secretaría de Marina.

Alejandra Ramírez de la Vega, Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, duplicó el plazo legal para definir la situación jurídica de los imputados a solicitud de la defensa, por lo que hacia la mitad de la semana resolverá si los vincula o no a proceso.

La audiencia se desarrolló por videoconferencia con los detenidos en las instalaciones de la FEMDO y tuvo una duración de 32 horas y media: inició el viernes a las 22:00 horas y concluyó el 19 de julio de 2026 a las 6:30 horas, lo que la convierte en una de las diligencias judiciales más extensas registradas desde la implementación del sistema oral acusatorio.

Durante la audiencia, fiscales de la FEMDO formularon imputación contra los detenidos por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

“La FGR, luego de más de un día de audiencia, obtuvo de un juez, prisión preventiva en contra de Ernesto ‘N’, Ricardo ‘N’, José María ‘N’, Guillermo ‘N’, Juan ‘N’, Luis ‘N’, Adriana ‘N’ y José ‘N’, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando”, informó la FGR en un comunicado.

Además de Ruffo Appel, será enviado al Altiplano Ricardo Thompson Navarro, uno de los dueños de Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y ex vocal de la empresa Ingemar, de la cual el ex gobernador es socio y fundador.

También ingresarán al penal José Merino Valdés Cuervo, representante de Dragados y Puertos S.R.L. de C.V. y de Servicios Portuarios S.A. de C.V. —empresas accionistas de Ingemar—, así como el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y su dependiente autorizado, Luis Antonio Barrientos Juárez.

Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., con sede en la zona industrial de San Luis Potosí, será internada en el Centro Federal de Readaptación Social Nezahualcóyotl Sur, en el Estado de México.

José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de la empresa Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., ubicada en el corredor industrial de Saltillo, Coahuila, permanecerán en prisión domiciliaria por motivos de salud.

La Fiscalía señaló que las detenciones se realizaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado de una investigación de alta complejidad sobre operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

“Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos”, indicó la dependencia.

En la misma causa se ordenó la captura de Armando III Riestra Fernández, dueño de Servicios Aduanales JR, quien pese a permanecer preso desde enero de 2026 en el Altiplano por el caso de huachicol contra militares de la Aduana de Matamoros, no compareció en la audiencia del caso Ruffo.

La Jueza Ramírez de la Vega giró un total de 25 órdenes de aprehensión, de las cuales ocho personas fueron detenidas, una permanece presa por otro asunto sin haber sido imputada, y 16 continúan prófugas de la justicia.

Según la FGR, Ruffo Appel es uno de los presuntos líderes de una organización criminal que, de 2019 a 2026, importó petrolíferos declarando en los pedimentos aduanales apenas el 10 por ciento de lo realmente transportado, con lo que omitió el pago total del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Impuesto al Valor Agregado.

El aseguramiento de 18 millones de litros de combustible habría causado un daño de 166 millones de pesos a la hacienda pública.