Ernesto Ruffo pide en amparo para llevar su proceso por huachicol fiscal en prisión domiciliaria
El ex Gobernador de Baja California Ernesto Guillermo Ruffo Appel promovió un juicio de amparo con el que buscó que se le permitiera enfrentar en prisión domiciliaria el proceso penal en el que la Fiscalía General de la República le imputó ser uno de los presuntos líderes de un grupo delictivo dedicado al huachicol fiscal, según se dio a conocer el 25 de agosto.
La defensa del ex Mandatario estatal interpuso el recurso contra la prisión preventiva oficiosa y contra la negativa de prisión domiciliaria, medidas dictadas el 19 de julio de 2026 por Alejandra Ramírez de la Vega, Jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
En esa misma audiencia, la impartidora de justicia vinculó a proceso a Ruffo Appel por los delitos en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando, los dos primeros contemplados con prisión automática en la Constitución.
El amparo fue admitido por Jorge Adrián Cruz Flores, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México, quien concedió una suspensión provisional que mantuvo sin cambios la situación jurídica del quejoso.
El efecto de la medida se limitó a que la libertad del ex Gobernador quedara a disposición del órgano que tramita el amparo, sin interrumpir la continuación del procedimiento penal.
“Respecto de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la persona quejosa en la causa penal 253/2026, se concede la suspensión provisional para que Ernesto Guillermo Ruffo Appel, quede a disposición de este órgano jurisdiccional, en el lugar en el que se encuentre recluido, sólo en lo que se refiere a su libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento”, resolvió el juzgador, quien precisó que la determinación no implicaba que el quejoso gozara de su libertad.
Resuelta la suspensión, Cruz Flores se declaró incompetente para seguir instruyendo el expediente y, al haber tramitado demandas anteriores del mismo quejoso, turnó el asunto a Azucena Lazalde Íñiguez, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca.
La juzgadora admitió la competencia y fijó el 7 de septiembre de 2026 para la audiencia incidental en la que resolverá si dicta la suspensión definitiva, así como el día 21 del mismo mes y año para la audiencia constitucional, último requisito antes de emitir sentencia.
Para sustentar su petición de prisión domiciliaria, la defensa ofreció seis pruebas: un informe médico denominado “Evaluación de Riesgo para la salud en Condición de Internamiento”; el expediente clínico de un seguimiento ortopédico que incluye notas médicas, resúmenes de atención, radiografías e instrucciones postoperatorias; electrocardiogramas de una valoración preoperatoria; recetas médicas del 17 de julio de 2026 suscritas por su cardiólogo; copias simples de las credenciales para votar de sus dos hijos, y un recibo expedido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, del 31 de mayo de 2026.
Según la imputación de la FGR, durante 2025 la empresa Ingemar, de la que Ruffo Appel es accionista y fundador, importó 2 mil 137 millones 455 mil 156.22 litros de petrolíferos, mientras que Servicios Aduanales JR, S.A. de C.V. introdujo otros 225 mil 633 litros, en ambos casos sin contar con los permisos de la Secretaría de Energía (SENER).
De ese volumen, las autoridades federales aseguraron 18 millones 24.86 litros de hidrocarburos en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. El daño estimado a la hacienda pública ascendió a 166 millones 466 mil 735.26 pesos.
En paralelo al litigio, el Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo Appel se manifestó frente a la sede de la FGR para exigir que el ex Gobernador siguiera su proceso desde su domicilio en Ensenada, Baja California.
A la concentración acudieron su hija Verónica Ruffo; el ex Presidente Vicente Fox Quesada; los dirigentes de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez Icaza Longoria y Amado Avendaño; el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, y el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés.
“Es completamente injusto lo que se le está haciendo a mi padre”, afirmó Verónica Ruffo, quien sostuvo que el acto servía para defender la verdad, la justicia y el Estado de Derecho en México.
La hija del ex Gobernador anunció que la defensa jurídica se amplió con cuatro abogados más y refirió que su padre, recluido en el penal del Altiplano, pidió que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ajustara al marco legal.
El vocero de la defensa, Arturo Hernán, informó de la presentación de dos juicios de amparo relacionados con las medidas cautelares impuestas y con el auto de vinculación a proceso, y precisó que la jueza determinó una investigación complementaria de seis meses.
Fox Quesada, quien portó en la solapa la placa con el número de interno asignado a Ruffo Appel, señaló a Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, por el encarcelamiento del ex Gobernador y calificó la reclusión como indigna.
Romero Herrera exigió al Gobierno federal que dejara de usar la justicia como herramienta política, mientras que Acosta Naranjo responsabilizó a la Presidenta de cualquier afectación a la salud del procesado.
El acto concluyó con consignas por la liberación del ex Mandatario estatal.
La resolución del amparo quedará supeditada al desahogo de las audiencias fijadas para septiembre de 2026, mientras el proceso penal continúa su curso en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez bajo el plazo de investigación complementaria de seis meses.
