‘Falla técnica’: Lydia Cacho cuestiona nuevo retraso en el juicio contra Mario Marín

Debido a fallas en el sistema de videoconferencia Webex utilizado por el Poder Judicial de la Federación, la jueza María José Pech Sáenz, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Cancún, determinó diferir la audiencia de vista en contra del ex Gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, señalado por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho. Esta audiencia es considerada una etapa clave dentro del proceso legal que enfrenta el exmandatario.

De acuerdo con la abogada Araceli Andrade Tolama, la audiencia estaba programada a las 13:00 horas (tiempo local), mediante videoconferencia por Webex, sin embargo, el enlace decía: “No puede entrar a esta reunión porque la cuenta del organizador ya no está activa”, por lo que en un primer momento se señaló que habría un nuevo enlace, pero poco antes de las 13:30 horas se informó el diferimiento.

Andrade Tolama afirmó que no se ha establecido una nueva fecha para la audiencia de vista de Marín Torres, en donde principalmente se espera que dé paso a la sentencia condenatoria o absolutoria del delito que se le acusa y por el que se encuentra en prisión desde el 3 de febrero de 2021, tras haber sido detenido en Acapulco, Guerrero.

Desde su exilio en España, Lydia Cacho transmitió en vivo para exponer lo ocurrido en el Poder Judicial de la Federación, al que señaló que “se les cayó el sistema” después de haberse preparado “en todos los sentidos, profesionales y emocionales para este momento muy importante”, el cual señaló, será “un cierre emocional y un cierre vital de justicia” que fue pospuesto.

Cacho resaltó que, al parecer, el Juzgado no había pagado el sistema de videoconferencia para realizar la audiencia y que “casualmente” la falla técnica ocurre después de unas horas en las que su defensa solicitó al Juzgado que la audiencia fuera pública y se diera acceso a medios de comunicación.

“Como las audiencias son por ley públicas, si la víctima quiere que sea así, yo quiero que la gente esté ahí, que la prensa sea testigo, que nos escuchen, que vean, que documenten y se les cayó el sistema”, dijo la periodista.

Artículo 19 señala retrocesos e impunidad sistemática

Mediante redes sociales, la organización Artículo 19 también manifestó su inconformidad tras recibir la noticia de que la cuenta se reportaba como inhabilitada: “Manifestamos nuestra inconformidad que tras 21 años de impunidad por la tortura de Lydia Cacho, fallas o errores logísticos sigan generando retrocesos. Agradecemos a quienes están pendientes y en observación del caso”. apuntaron.

La organización había publicado previamente que esta audiencia sería “clave para la sociedad civil, la prensa y la comunidad internacional, pues lo que se resuelva determinará si en México quienes ejercen el poder político y privado pueden seguir violentando y torturando a periodistas sin consecuencias”.

Esta situación ocurre luego de 21 años de la detención arbitraria de la periodista en Cancún, para ser trasladada por tierra a Puebla en un trayecto de más de 20 horas en donde fue víctima de amenazas de muerte, incomunicación, violencia sexual, tortura física y psicológica, como represalia por su libro Los demonios del Edén, en el que expuso redes de explotación sexual infantil vinculadas a empresarios y autoridades mexicanas.

“Cada año transcurrido sin justicia integral reitera el mensaje de que quienes agreden a periodistas pueden seguir haciéndolo sin consecuencias. Las penas impuestas hasta ahora a los mandos operativos han sido insuficientes frente a la gravedad del delito, mientras que diversas resoluciones han supuesto nuevas vulneraciones institucionales contra Lydia”, precisó la organización al enlistar los fallos.

Resoluciones previas y exoneraciones en el caso

El primero de ellos fue el amparo concedido al empresario Kamel Nacif Borge, cuya resolución del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún el 27 de julio de 2021 lo liberó de responsabilidad por tortura.

Y lo más reciente, en julio del año pasado: el mismo tribunal exoneró a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la entonces Procuraduría de Puebla, cuya pena había sido elevada en apelación a 7 años y 6 meses de prisión. “La resolución constituyó un grave retroceso y reforzó un patrón de impunidad”, precisó Artículo 19.

Eso se suma al cambio de medidas cautelares en agosto de 2024 a favor de Hugo Karam Beltrán, procesado por la probable comisión del delito de tortura, un proceso pendiente.

La semana pasada, el 14 de octubre de 2026, el excomandante Alejandro Rocha Laureano fue puesto en libertad tras una condena de cinco años y seis meses, que se consideró compurgada en exceso por el tiempo que pasó en prisión desde su detención en 2018. “No implica un reconocimiento de inocencia, pero demuestra que la justicia no solo ha sido lenta, sino que ha impuesto penas reducidas pese a la gravedad de los delitos cometidos contra Lydia”, destacó la organización en defensa de los periodistas.