Familiares de víctimas de la guerra sucia recorren por primera vez prisión militar

MÉXICO._ El Campo Militar Número Uno de la Secretaría de la Defensa Nacional, identificado como prisión clandestina y centro de torturas contra disidentes, abrió sus puertas este martes a medio centenar de sobrevivientes y familiares de asesinados y desaparecidos en la guerra sucia del Estado contra los movimientos insurgentes, un acontecimiento histórico impulsado por la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de hechos entre 1965 y 1990.

Entre los integrantes de la misión de reconocimiento de la prisión militar, que fue sede también de la siniestra Brigada Blanca, se encuentran Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio Cabañas Barrientos, el fundador del Partido de los Pobres que fue asesinado hace 48 años, y Rafael Ramos Eusebio, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fundada hace 49 años, dos de los principales grupos guerrilleros de México.

Siendo una niña, Micaela Cabañas estuvo presa en el Campo Militar Número Uno junto con su madre, quien fue torturada por el General Mario Arturo Acosta Chaparro y violada por el ex Gobernador de Guerrero Rubén Figueroa Figueroa, como denunció en el programa Los Periodistas, el 22 de junio.

“Mi madre fue torturada, fue violada y fue ultrajada [...] Quiero decirles también que yo llegué aquí de dos meses y en algún lugar de este edificio yo aprendí a caminar, aprendí a correr y a decir mis primeras palabras. En este lugar y con el cobijo de mi madre y de toda la familia Cabañas que aquí nos encontrábamos en la clandestinidad, porque así lo dijeron el Gobierno de ese entonces, sufrimos tortura, tortura física, moral y sicológica, y muchas otras violaciones, incluida la sexual, puesto que mi madre salió de aquí embarazada del Gobernador de ese entonces de Guerrero”.

Micaela Cabañas también reveló que ella misma fue torturada por Miguel Nazar Haro, ex director de la Dirección Federal de Seguridad, quien la tomó de los pies y le colocó una pistola en la cabeza. Su madre fue asesinada en julio de 2011, en Guerrero, crimen que sigue impune.

A casi medio siglo de la fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, el 15 de marzo de 1973, y del asesinato de Lucio Cabañas, el 2 de diciembre de 1974, por primera vez los sobrevivientes de la guerrilla y familiares de caídos y desaparecidos ingresaron a las instalaciones militares del Campo Militar Número Uno, como lo harán con otras instalaciones militares.

Entre los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la represión se encuentran Reyna García y Laura Gaytán, del Comité Eureka, y Enrique Téllez Pacheco, integrante del Comando Armado del Pueblo (C.A.P.), capturado en 1971.

Apenas el mes pasado, el 7 de agosto, cinco amigos del Museo Casa de la Memoria Indómita, que fundó Rosario Ibarra de Piedra, entraron al Campo Militar Número Uno como parte de una “rodada” convocada por la Sedena.

Los jóvenes portaban camisetas de color verde fluorecente, que tenían impresas las frases de lucha de la organización y que también corearon: “Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡”Eureka!”.

Pero el primer ingreso formal, este martes, a lo que sigue siendo prisión militar tienen un enorme significado en los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990, creada por decreto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que, el 22 de junio, los familiares de las víctimas de la represión participaron en una ceremonia en ese lugar, donde también protestaron porque el General Secretario, Luis Crescencio Sandoval, informó que se inscribirán los nombres de militares fallecidos junto a los de éstas.

“Nosotros esperábamos recorrer ese lugar, esperábamos entrar y la verdad yo esperaba como lloraba cuando era niña, regresar a mi casa. Quería saber dónde había estado mi madre. Quería recordar algo. Yo me sentía muy desencajada, pero me sentí más ofendida cuando al General se le ocurre decir que entre los asistentes están los familiares de los que acribillaron al pueblo [...] Nosotros fuimos los agraviados porque fuimos la población civil”, expresó Micaela sobre el discurso de Sandoval.

Carlos Pérez Ricart, integrante de la COVeH, escribió en SinEmbargo que el Campo Militar Número Uno fue uno de los centros clave de la represión del régimen autoritario. El primer registro que se tiene del sitio como espacio de desaparición de civiles data de 1952, año en el que comenzó a ser utilizado como centro clandestino de cremación y una década más tarde, en 1964, fue construida la prisión militar del Campo.

“En la prisión militar, todavía en uso, se establecieron —si hacemos caso a decenas de testimonios y a múltiples fuentes documentales— cárceles clandestinas en las que se detuvo, torturó y desapareció a una cantidad todavía no determinada de personas. Por la prisión militar —y probablemente por otros lugares en el Campo todavía no identificados— pasaron, entre otras, comunidades de víctimas, dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, heridos del Halconazo de 1971, personas vinculadas con grupos guerrilleros, así como víctimas de la Brigada Blanca —el grupo policiaco-paramilitar responsable de cientos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron desde mediados de la década de los setenta hasta principios de los ochenta”.

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la guerra sucia harán otras visitas al Campo Militar Número Uno, pero también ingresarán en otras instalaciones castrenses, informa Pérez Ricart, como la base naval de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero, “sitio desde el cual, según testimonios cruzados, despegaban los vuelos de la muerte en los que —amarrados en costales con piedras— se lanzaba a opositores del régimen al mar”.

Pero el ingreso de sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra sucia a la prisión militar, ubicada en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, también está marcado por el escepticismo, como lo manifestaron en la ceremonia del 22 de junio con pancartas: “¡Si no entra la justicia, de nada sirve entrar!”