FGR impugna decisión de jueza de regresar mansión de $38 millones a Lozoya

La Fiscalía General de la República presentó este martes un recurso de apelación contra la decisión de Ana Lilia Osorno Arroyo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, que declaró el 10 de noviembre improcedente el recurso legal con el cual la institución pretendía quitarle de forma definitiva una vivienda a Emilio Lozoya Austin.

La residencia del ex director de Petróleos Mexicanos, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y adquirida en 2012, está valuada en más de 38 millones de pesos.

“Ahora el pleito por la propiedad del inmueble pasará a un Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Civil y Administrativa, para que defina en segunda instancia si prevalece o revoca el fallo de la juzgadora”, informó, el mismo día, el diario Reforma.

“El litigio no acabará con el veredicto de dicho tribunal, pues cualquiera que sea su determinación, tanto Lozoya como la Unidad de Inteligencia Financiera tendrán la posibilidad de combatirla mediante un amparo”, detalló.

“Aún si la FGR perdiera la demanda de extinción de dominio, el inmueble no sería devuelto hasta que estuviera finiquitado el proceso por lavado de dinero iniciado al ex director de Pemex por el Caso Agronitrogenados”, indicó el Reforma.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, la juzgadora resolvió, el 10 de noviembre pasado, que los fiscales de la FGR se equivocaron al solicitar el cambio de dueño del inmueble, con un recurso legal que no estaba vigente cuando ocurrieron los presuntos hechos delictivos.

La FGR buscaba imputar a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex funcionario federal, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícitas, porque presuntamente de junio a noviembre de 2012, se transfirieron 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México, a una cuenta de la que la mujer es beneficiaria, sin que se identificara el origen de los recursos.

El Ministerio Público Federal aseguró que los 3 millones de dólares fueron utilizados para la supuesta compra por parte del ex director general de Pemex, de la residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, inmueble que era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Intercam.

En el caso Agronitrogenados, causa penal 211/2019, se acusaba a Lozoya Austin de haber recibido un soborno de 3.4 millones de dólares para que PEMEX comprara, a sobreprecio, a AHMSA, una planta “chatarra”, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, misma que tenía 14 años sin operar.

El aseguramiento definitivo de la residencia, que según la revista digital Emeequis, la FGR pretendía entregar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, requería de otro procedimiento por separado, conocido como juicio de extinción de dominio.

Según el mismo medio, que informó del hecho el 23 de noviembre, en mayo de 2019 la casa fue asegurada de manera preventiva, y en noviembre de 2021, con Lozoya ya ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, se iniciaron las gestiones ante el Poder Judicial de la Federación, para que la propiedad pasara a manos del Gobierno Federal.

El caso quedó radicado en el juicio de extinción de dominio número 9/2021-V que, tras varios retrasos, finalmente fue resuelto el 10 de noviembre de 2023. Tras detallar los antecedentes, la jueza consideró que la defensa del ex director general de Pemex, encabezada por los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, tenían razón al considerar que la extinción del dominio en los términos planteados por la FGR, no era procedente.

Lo anterior bajo el argumento de que la casa fue adquirida en 2012. Según Emeequis, aun cuando dicha propiedad se hubiera comprado con dinero de origen ilícito lavado en el sistema financiero, en esa época dicho delito no figuraba en la lista de aquellos por los cuales se podría pedir la extinción de dominio, contenidos en el artículo 22 de la Constitución.

El medio digital detalló que fue hasta 2019 cuando se hizo la reforma constitucional para que se incluyera el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como causa de extinción, y en agosto de ese mismo año se expidió la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Aunque en 2021, fecha de la solicitud de extinción de la FGR, dichas normas ya estaban vigentes, la casa fue adquirida varios años antes.

“En consecuencia, si la compra del inmueble materia de la extinción se efectuó y se consumó en dos mil doce, y esa transacción fue la que motivó la investigación que sirve como base para demandar la extinción de dominio, la acción es improcedente porque la investigación se sigue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que no estaba previsto en el artículo 22 Constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de referencia”, concluyó la jueza.

En dicho contexto, Osorno Arroyo determinó declarar improcedente la extinción de dominio y, una vez que la resolución quedara en firme, levantar el aseguramiento de la propiedad de Lozoya Austin, para que esta regresara a su dueño.

Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, suspendió en forma condicional, el 31 de agosto pasado, el proceso contra el ex director general de Pemex, por el caso Agronitrogenados.

Ello debido a que el juzgador federal estimó que Alonso Ancira Elizondo, ex presidente del Consejo de Administración y ex dueño de la empresa Altos Hornos de México SAB de CV, ya estaba pagando la reparación del daño en dicho caso.

Por solicitud del abogado Alejando Rojas Pruneda, el juez federal aplicó un criterio aislado del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en el estado de Guerrero, publicado el 27 de agosto de 2023, en el Semanario Judicial, que estableció que la celebración de un acuerdo reparatorio, por parte de un procesado beneficiaba al resto de los imputados que no lo acordaron.

Ante ello, Alarcón López dijo que en dicho asunto existía pluralidad de imputados, se trataba de los mismos hechos y el pago de Ancira Elizondo impactaba en forma solidaria en favor de Lozoya Austin.

La FGR hizo público, el 2 de septiembre de 2021, el acuerdo reparatorio que el empresario Ancira Elizondo, en los que se comprometió a pagar en abonos, 216 millones 664 mil 040 dólares, como reparación del daño a Pemex, por la venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.

El Gobierno federal elevó, el 18 de julio, de 10.7 a 30 millones de dólares, el pago que exigía a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Pemex, para que saliera de prisión, incremento que el ex funcionario denunció como una supuesta extorsión por parte de la administración encabezada por López Obrador.

Al comparecer ante Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el ex director general de la empresa paraestatal calificó de exageradas las pretensiones económicas del Gobierno de México y dijo que parecía que no quería llegar a un acuerdo reparatorio, ello a pesar de su colaboración con la FGR.

Hasta junio de 2023, el Gobierno federal pedía al ex director general de Pemex, reparar un daño de 10 millones 736 mil 351 dólares, de los cuales 3.4 millones correspondían al caso Agronitrogenados y 7 millones 336 mil 351 dólares por el caso Odebrecht.

“La Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] y PEMEX pidieron en enero del año pasado 3.4 millones de dólares, ahora lo que piden es un 200 por ciento más, me parece que es inmoral e ilegal y que raya hasta en la extorsión”, dijo Lozoya Austin, durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

“Acepté pagar el 100 por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño, ¿por qué la exageración? ¿por qué la cuasi extorsión? Es inmoral para este Gobierno ir a un restaurante en la Ciudad de México, pero no lo es ir a restaurantes y jugar golf en Boston [Massachusetts] y Madrid [España]”, señaló el ex funcionario federal, en clara alusión a Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el ex presidente Enrique Peña Nieto, quienes viven dichas ciudades.

“Después de estos actos de autoridad, de acoso y extorsión ¿quién querrá en sus cinco sentidos colaborar con el Gobierno? Parece que la política le gana a la justicia, estoy sentado aquí por una farsa, me pregunto si el señor presidente [López Obrador] está enterado de lo que se dijo aquí”, insistió Lozoya Austin.

Respecto a la causa penal de la planta de fertilizantes, ésta se le imputó por supuestamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares por parte del entonces presidente del Consejo de Administración de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, por la compra de la planta que se ubica en el complejo Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.

La FGR alegó que la compra provocó un daño a Pemex por casi 8 mil millones de pesos, porque la planta era obsoleta, ya que tenía 14 años sin estar en funciones. No obstante, Lozoya Austin se declaró inocente y dijo que renunció al juicio de extradición, tras ser detenido en España, para que se aclarara su situación y demostrar que no era culpable de los delitos que se le imputaban.