FGR procede penalmente contra Casar por presunta pensión ilegal de Pemex
La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por la supuesta obtención ilegal de una pensión vitalicia derivada de la muerte de su esposo.
Casar fue citada para el 16 de diciembre de 2025 a una audiencia ante Diana Selene Medina Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde será imputada por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, según informaron fuentes judiciales.
La diligencia se llevará a cabo a solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR, que pretende vincular a proceso a la analista política por una conducta sancionada con 6 meses a 12 años de prisión y multa de 30 a 150 días de salario.
El 10 de enero de 2005, Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó a Casar una pensión vitalicia por el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla. Los pagos se realizaron de manera ininterrumpida hasta marzo de 2024, cuando la empresa productiva del Estado suspendió los depósitos. Ante esta situación, la presidenta de MCCI presentó un amparo.
La demanda de garantías interpuesta por Casar generó una reacción tanto de Pemex como del Gobierno Federal. El 5 de abril de 2024, la empresa productiva del Estado presentó una denuncia penal ante la FGR, y 10 días después inició formalmente la carpeta de investigación.
La querella se fundamentó en el otorgamiento de la pensión a particulares por la muerte del esposo de Casar y “por las autorizaciones de contenido económico que concedieron los servidores públicos para ese efecto”. El Gobierno Federal demandó además a Casar por 31 millones de pesos y publicó un micrositio con documentos relativos al caso, incluyendo datos personales.
El 3 de mayo de 2024, durante su conferencia matutina, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Casar de haber modificado el acta de defunción de su esposo, cambiando la causa de muerte de suicidio a accidente —cuando cayó de la Torre de Pemex — con el propósito de cobrar una pensión de 123 mil pesos mensuales.
El 10 de mayo de 2024, el entonces juez federal Ricardo Guzmán Wolffer concedió a Casar la suspensión de plano para que Pemex continuara realizando los pagos pendientes. Pemex impugnó el fallo, pero el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo declaró parcialmente infundada su queja, en la que argumentó que Casar no tenía derecho a la pensión porque su esposo se suicidó y porque no la requería para subsistir debido al salario que percibe en MCCI.
En febrero de 2025, Fidel Acosta Hernández, secretario en funciones de juez que relevó a Guzmán Wolffer, canceló el trámite del amparo al considerar que Pemex continuaba pagando la pensión y, por tanto, no existía un acto que pudiera reclamarse por esa vía legal.
“Lo que hace evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber continuado, hasta la fecha, el pago de la pensión post mórtem, por tanto, este juicio de amparo queda sin materia; asimismo, se puede decir que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional; pues se continuó con los pagos correspondientes, en tiempo y forma”, señala el fallo.
Pemex impugnó esta resolución, la cual fue turnada al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de la Ciudad de México.
Tras conocerse la acción penal de la FGR, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) expresó su solidaridad con Casar. “De nueva cuenta, como desde hace varios años, vuelve a ser sujeta a persecución judicial. Se trata de un ejemplo extremo de venganza hacia una ciudadana lúcida e íntegra, cuyo trabajo ha consistido en revelar y documentar la corrupción en nuestro país, desde hace más de una década”, indicó el organismo en un comunicado.
“La Fiscalía no debe, no merece ser utilizada para la represalia política, tal y como se comprometió la señora Ernestina Godoy ante el Congreso”, añadió el IETD.
