Fobaproa: de fondo de contingencia a arma política; esta es su historia
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) comenzó como un mecanismo para proteger los ahorros y evitar el colapso de las instituciones bancarias, pero terminó convertido en un rescate financiero de enormes dimensiones, cuyos compromisos fueron trasladados a las finanzas públicas y siguen siendo motivo de discusión más de tres décadas después.
Su historia está ligada a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, a la crisis económica de 1994, a la privatización de la banca y a una decisión legislativa que dividió a las fuerzas políticas, la posturas fue reconocer como deuda pública los pasivos generados por el rescate bancario.
El origen del Fobaproa: un fondo creado para proteger a los bancos
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue creado en 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como un mecanismo preventivo para enfrentar problemas financieros de las instituciones de banca múltiple. Su propósito era contar con recursos e instrumentos para responder ante situaciones que pusieran en riesgo la estabilidad bancaria y determinadas obligaciones con los ahorradores.
Su creación ocurrió en un momento de transformación económica para México, marcado por la reprivatización de la banca, luego de que las instituciones financieras habían permanecido bajo control estatal desde 1982.
El nuevo modelo buscaba fortalecer la participación privada en el sector, pero también hacía necesario contar con mecanismos que permitieran responder ante posibles problemas de solvencia.
La crisis de 1994 cambió el destino del fondo
El panorama cambió radicalmente a finales de 1994, cuando México atravesó una de sus crisis económicas más profundas, cuando se devaluó el peso, incrementaron las tasas de interés y la salida de capitales golpearon a empresas, familias y al sistema financiero, mientras miles de personas comenzaron a tener dificultades para cumplir con sus créditos y los bancos acumularon carteras vencidas.
La crisis, conocida también como el llamado “Error de diciembre”, puso en evidencia la fragilidad de las instituciones bancarias, que enfrentaban problemas de liquidez y capitalización.
A partir de 1995, el fondo comenzó a operar mediante distintos mecanismos de rescate, entre ellos la compra de carteras de crédito problemáticas y programas de capitalización. La intención oficial era evitar que los bancos dejaran de operar, proteger el ahorro y mantener funcionando el sistema de pagos, pero el tamaño de las operaciones hizo que los compromisos financieros crecieran considerablemente.
El problema fue que el rescate no estuvo exento de cuestionamientos, ya que la selección de los créditos que serían absorbidos, la falta de transparencia sobre algunas operaciones y la identidad de empresarios y grupos financieros beneficiados alimentaron las críticas sobre el uso de recursos públicos para salvar instituciones privadas.
Deudas privadas convertidas en una obligación para el País
Para 1998, el Fobaproa ya representaba un problema que trascendía al sistema bancario. Los pasivos acumulados rondaban los 552 mil 300 millones de pesos, por lo que el gobierno de Ernesto Zedillo propuso que esas obligaciones fueran reconocidas como deuda pública, una decisión que trasladaría al Estado el costo financiero del rescate.
La propuesta provocó una fuerte confrontación en el Congreso y entre los partidos políticos. Mientras el gobierno defendía la necesidad de dar certidumbre al sistema financiero y evitar un deterioro mayor de la economía, sus detractores cuestionaban que los contribuyentes tuvieran que asumir las consecuencias de las deudas y operaciones de bancos y empresarios privados.
El 12 de diciembre de 1998 se aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con la que se estableció el nuevo esquema institucional y se reconocieron obligaciones relacionadas con el rescate. La votación fue de 325 votos a favor y 159 en contra, con el respaldo de legisladores del PRI y del PAN, mientras el PRD se opuso a la medida.
El Fobaproa se convirtió en una bandera de oposición
La discusión sobre el rescate bancario también tuvo consecuencias políticas que se extendieron más allá del gobierno de Zedillo. Uno de sus principales opositores fue Andrés Manuel López Obrador, quien entonces encabezaba el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y convirtió el rechazo a la conversión de los pasivos en deuda pública en una de las principales banderas de su partido.
En agosto de 1998, el PRD impulsó una consulta nacional y movilizaciones para rechazar la propuesta gubernamental. Su argumento central era que no debía utilizarse el dinero de la población para cubrir obligaciones de instituciones privadas, especialmente cuando persistían dudas sobre los beneficiarios y las condiciones en que se había realizado el rescate.
Con el paso de los años, el Fobaproa se mantuvo como un argumento recurrente en los discursos de Morena y sus antecesores políticos para criticar las políticas económicas de los gobiernos priistas y panistas.
El IPAB sustituyó al Fobaproa, pero la deuda permaneció
En enero de 1999 se creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo que sustituyó al Fobaproa y asumió legalmente sus operaciones y obligaciones a partir del 20 de enero de ese año. Su función principal fue establecer un sistema de protección para los depósitos bancarios y administrar los compromisos financieros heredados del proceso de saneamiento de las instituciones.
La creación del nuevo instituto no significó que la deuda desapareciera ni que el rescate quedara liquidado. Por el contrario, los pasivos que se habían generado durante la crisis continuaron bajo administración del IPAB, que comenzó a utilizar instrumentos financieros como los Bonos de Protección al Ahorro para obtener recursos y cumplir con sus obligaciones.
La dimensión del compromiso quedó reflejada en las cifras que el propio organismo reportó en 1999: el costo fiscal acumulado del rescate bancario ascendía a 873 mil 100 millones de pesos, equivalente a 19.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese momento.
Una deuda que sigue pesando en las finanzas públicas
Aunque el Fobaproa dejó de existir como tal, las obligaciones financieras que surgieron de su operación no desaparecieron. El IPAB continúa administrando los compromisos relacionados con el rescate bancario y obtiene recursos mediante distintas fuentes, entre ellas las cuotas que aportan las instituciones bancarias y la emisión de instrumentos de deuda.
El tema volvió a cobrar relevancia en septiembre de 2026, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que dedicaría una conferencia a explicar el origen y la evolución del Fobaproa y del IPAB.
La Mandataria señaló que, de acuerdo con un estudio reciente de la Secretaría de Hacienda, la deuda podría extenderse hasta 2050 y cuestionó que una parte importante de los recursos se destine al pago de intereses, mientras el capital pendiente no se liquida en la misma proporción.
Sheinbaum también calificó el compromiso como impagable y planteó la necesidad de explicar cómo se diseñó el mecanismo, qué modificaciones tuvo y por qué sus consecuencias continúan presentes en las finanzas nacionales.
Sus declaraciones volvieron a colocar el rescate bancario en el centro de la discusión pública, casi 30 años después de que el Congreso aprobara la conversión de sus pasivos en deuda pública.
La posibilidad de abrir los expedientes del Fobaproa
La discusión sobre el Fobaproa volvió a la agenda pública el 11 de noviembre de 2026, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de abrir los archivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo que sustituyó al fondo, luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego planteara que se hiciera pública esa información.
Durante su conferencia matutina, la Mandataria tomó la palabra al dueño de Grupo Salinas y pidió al secretario de Hacienda revisar si era legalmente posible transparentar los expedientes, con el propósito de conocer las operaciones realizadas durante el rescate bancario y los negocios que, según sus señalamientos, se hicieron al amparo del Fobaproa.
El pronunciamiento también estuvo acompañado de cuestionamientos directos a Salinas Pliego. Sheinbaum sostuvo que el empresario se benefició del rescate de la compañía Salinas y Rocha, operación en la que, de acuerdo con las cifras que presentó, se destinaron 4 mil 160 millones de pesos y posteriormente Elektra adquirió las acciones por 77 millones de pesos.
La Presidenta argumentó que, aunque el beneficio para el empresario no necesariamente hubiera sido directo, sí habría sido indirecto, pues la adquisición de Salinas y Rocha contribuyó a la expansión de Elektra. También consideró que abrir los archivos permitiría conocer con mayor claridad cómo se realizaron estas operaciones y quiénes resultaron favorecidos.
