Fuerzas armadas participan en menos enfrentamientos, pero siguen siendo más letales que policías

Durante la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador las fuerzas armadas participan en menos enfrentamientos violentos que cuando gobernaba Felipe Calderón, pero siguen siendo más letales que las policías estatales, señala un nuevo informe realizado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta.

“Si un civil fue afectado en un enfrentamiento donde estuvo presente la policía estatal, tiene tres veces más probabilidades de haber fallecido que de haber sido lesionado. El ejército, por el contrario, está presente en menos enfrentamientos que en sexenios anteriores. No obstante, si una persona fue afectada en los enfrentamientos donde el ejército está presente, la probabilidad de que haya fallecido es cuatro veces mayor a que se haya lesionado”, dice el documento titulado A(r)madas y letales.

La presentación del informe ocurre luego de que el pasado 5 de febrero de 2024, el Gobierno Federal presentó un paquete de iniciativas de reformas que incluye una para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quitándole así su carácter civil por uno militar.

En la exposición de motivos de la iniciativa, el Gobierno señala que uno de los argumentos para justificar la reforma es la confianza de la que gozan las fuerzas armadas entre la ciudadanía, por lo que estarían “mejor calificadas” para encargarse de labores de seguridad pública.

De acuerdo con las últimas ediciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública (Envipe 2023) y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu 2023-IV) del Inegi, el Ejército y la Marina son las instituciones de seguridad con mayor “percepción de efectividad”, mayor “percepción de confianza” y menor “percepción de corrupción”.

No obstante, para cuestionar con evidencia que los militares sean mejores para encargarse de la seguridad pública, el informe de Data Cívica e Intersecta revela que el abuso de la fuerza, incluida la tortura y la fuerza letal, es igual o incluso más frecuente para los casos en los que se involucran elementos de las fuerzas armadas, comparados con aquellos en los que participan las policías.

“Nuestro análisis no significa que las policías sean perfectas. De hecho, confirma que también abusan de la fuerza. Es una realidad que tenemos un problema con las policías.

(Pero) en general, en enfrentamientos con autoridades el número de personas civiles fallecidas es mayor que el de heridas, lo cual refleja que su uso de la fuerza no es conforme lo que dice la ley que establece que debería ser el último recurso cuando enfrentan a presuntos delincuentes. Es decir, que más bien tirar a matar”, señalan.

El uso y el abuso de la fuerza en enfrentamientos

Para realizar el informe, las organizaciones utilizaron principalmente dos fuentes de datos: la “Base Sexenal del Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada (Grupo Candado)”, que forma parte de los correos de la Sedena que fueron filtrados por el colectivo Guacamaya en septiembre de 2022, y la “Base Presidencia”, que fue la única publicación oficial de la “Base Sexenal”, publicada por el gobierno de Felipe Calderón, pero que fue retirada debido a las críticas que recibió.

Por ello, el informe aquí analizado incluye datos del gobierno de Felipe Calderón, desde diciembre de 2006 hasta noviembre de 2011, los últimos dos años del gobierno de Peña Nieto, entre enero de 2017 y agosto de 2018, y los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a diciembre de 2020.

Entre ambas bases, para los periodos 2007-2011 y 2017-2020, el Estado registró un total de 6 mil 934 enfrentamientos violentos entre autoridades y civiles. De estos enfrentamientos, un 55% se registraron entre 2007 y 2011, con un promedio de 65 enfrentamientos mensuales con Calderón, mientras que mil 493 sucedieron con Peña Nieto y mil 606 sucedieron con AMLO, con un promedio de 75 y 70 mensuales, respectivamente.

Gracias a la obtención de estos datos se pudo establecer que la letalidad de las fuerzas armadas también es mayor si se comparan las cifras de detenidos, sobre todo si actúan solas y no en conjunto con una corporación civil, pues bajo este supuesto en los enfrentamientos del Ejército la letalidad es de 1.5 fallecidos por detenido, frente a menos de 0.4 cuando en ese evento estuvo presente también otra corporación.

“Esto refuerza la idea de que el uso de la fuerza de las autoridades es más abusivo al actuar solas y llama a la necesidad de que las fuerzas armadas no actúen en solitario. De hecho, la letalidad de las fuerzas armadas es similar a la de las fuerzas de seguridad civil cuando las fuerzas armadas actúan acompañadas”.

De manera específica, las organizaciones señalan que tanto la policía municipal como la Guardia Nacional muestran una menor letalidad cuando actúan en solitario. Es decir, las policías estatales y la Guardia Nacional son las únicas autoridades cuya actuación, al ser conjunta, es más letal.

Desde 2019, en México existe la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF), que aplica tanto para las fuerzas de seguridad pública como las fuerzas armadas, en la que se establece que el uso de la fuerza es la posibilidad que tiene el Estado de someter, controlar o incluso afectar físicamente a otra persona, lastimándola o incluso matándola, pero siempre y cuando exista una necesidad absoluta de hacer.

Sin embargo, señala que el ideal es que se use la fuerza lo menos posible y que, cuando se use, sus daños sean los mínimos.

En octubre de 2022, Animal Político realizó una revisión a los reporte internos obtenidos por el hackeo de Guacamaya a la Sedena y a información entregada por transparencia, mediante el cual se pudo establecer que el Ejército miente sobre cifras de personas muertas y heridas en enfrentamientos, en las que los soldados han reportado agresiones por parte de presuntos delincuentes.

Estas discrepancias fueron detectadas en al menos tres casos que atrajeron la atención pública. En todos, la Sedena reportó internamente una cifra distinta de personas muertas y lesionadas en comparación con lo que públicamente reconoció, abusos que no han sido reconocidos por la Sedena.

Sobre esta situación, el informe de Data Cívica e Intersecta también identificó que cuando se “mediatizan” casos en los que se va a autoridades maltratando o incluso disparando en contra de personas, las autoridades tienden a desplegar una narrativa que justifica el uso de la fuerza.

“El discurso tiende a ser muy parecido entre casos y entre autoridades: aseguran que las personas eran “delincuentes”, estaban armadas, y atacando a las autoridades. Las autoridades, por lo tanto, solo estaban “repeliendo agresiones. En ese sentido, no solo tenemos instituciones que no están investigando debidamente los posibles abusos de la fuerza, sino que tenemos instituciones utilizando su poder para difundir narrativas que los justifican y minimizan”.

Fuerzas armadas participan en menos detenciones, pero cometen más abusos

El nuevo informe también compara, además, la violencia e irregularidades cometidas por distintas corporaciones al momento de arrestar personas, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, donde se evidenció que, aunque las fuerzas militares participan en menos detenciones, cuando lo hacen cometen más abusos.

“Las fuerzas armadas ejercen más violencia psicológica contra las personas que arrestan el 79.5% de las veces, frente al 66.4% de cuando la detención la hacen autoridades civiles, y aplican violencia física el 67.7%, mientras que las fuerzas civiles lo hacen el 50.6% de las veces. Otro abuso notorio es que las fuerzas armadas cometen violencia sexual contra la mitad de las personas que arrestan (49.6%), mientras las civiles lo hacen con una de cada tres (34.3%)”.

Otra primera diferencia es que las autoridades civiles arrestan con una orden judicial el 19.7% de las veces, mientras que las fuerzas armadas sólo tienen una orden en 6% de los casos y la mayoría de sus detenciones son en flagrancia o después de una inspección.