Función Pública descarta conflicto de interés entre AMLO y Daniel Chávez, de Vidanta

La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal -cuyo titular es Roberto Salcedo Aquino- desechó la queja en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario chihuahuense Daniel Jesús Chávez Morán -fundador y dueño del Grupo Vidanta-, por probable conflicto de interés en la ejecución de la obra del Tren Maya.

Esto luego de que la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalara en febrero de este año, que en 2020, el Gobierno de México otorgó a Grupo Vidanta una ampliación de una concesión para ocupar una playa por 15 años más.

“Con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares”, indicó la SFP en un comunicado.

Según MCCI, Grupo Vidanta recibió en 2020 la ampliación por 15 años de una concesión para ocupar playas en diversas entidades, entre ellas Guerrero, así como un permiso para construir un teleférico sobre el río Ameca, que conectará dos mega proyectos turísticos en Jalisco y Nayarit.

La ONG agregó que la concesión y el permiso fueron otorgados a Vidanta el mismo año en que el hijo mayor del mandatario nacional, José Ramón López Beltrán, obtuvo la visa para trabajar en Estados Unidos por gestión e invitación de KEI Partners, empresa inmobiliaria fundada en Houston por los hijos de Chávez Morán, quienes también han tenido participaciones accionarias en compañías de dicho consorcio turístico.

Sin embargo, la SFP explicó que en su investigación se acreditó que el empresario chihuahuense, nombrado como “supervisor honorario” en el proyecto del Tren Maya, no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de la Función Pública agregó que no ha ejercido las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “No se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno Federal”, finalizó la SFP.