Gabinete de Seguridad desmiente al jefe de la DEA sobre nexos con cárteles

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aseguró, el 14 de julio de 2026, que las declaraciones de Terrance Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), respecto a una presunta relación entre el Gobierno mexicano y los cárteles del narcotráfico, carecían de sustento y no correspondían a los resultados obtenidos por México en el combate al crimen organizado.

Durante una cumbre sobre adicciones, llevada a cabo en Orlando, Florida, Cole advirtió sobre lo que calificó como una “mortífera conexión” entre el Gobierno de México y las organizaciones del narcotráfico, al tiempo que reiteró que combatir a esos grupos era su principal prioridad.

“Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales”, respondió el Gabinete de Seguridad.

La instancia sostuvo que la estrategia de seguridad mexicana se basaba en una política de cero impunidad, sustentada en labores de inteligencia, investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.

“Las investigaciones han alcanzado a servidores públicos vinculados con actividades delictivas. Como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones, han sido detenidos más de 80 servidores y ex servidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, lo que confirma que en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas”, argumentó el Gabinete de Seguridad.

Añadió que, en lo que iba de la actual administración, fueron detenidas 59 mil 582 personas y aseguradas 31 mil 366 armas de fuego, así como 498 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 363 kilogramos y 5 millones 546 mil 100 pastillas de fentanilo. Además, informó que se inhabilitaron 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

“Entre las personas detenidas se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia pertenecientes a todas las organizaciones delictivas, sin distinción alguna, lo que demuestra que las acciones del Estado mexicano se realizan con base en investigaciones y conforme a la ley”, indicó la instancia federal.

El Gabinete de Seguridad también destacó que la cooperación bilateral con Estados Unidos había dado resultados y permitido la captura de líderes y operadores criminales requeridos por las autoridades estadounidenses.

“El Gobierno de México mantiene su disposición para fortalecer la cooperación bilateral con Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, con el objetivo común de combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambas naciones”, sostuvo.

Cole asumió la titularidad de la DEA el 24 de julio de 2025. Bajo su conducción, la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) intensificó los operativos contra el Cártel de Sinaloa (CDS), una de las ocho organizaciones que el Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés) designó, el 20 de febrero de 2025, como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED), junto con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN), el Cártel del Golfo (CDG), La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).

Las afirmaciones respecto al supuesto control de los cárteles sobre el Estado mexicano fueron formuladas antes por otros integrantes de la Administración encabezada por el Presidente Donald Trump, incluido el propio mandatario, quien el 23 de octubre de 2025 aseguró que México estaba gobernado por esas organizaciones. En cada ocasión, el Gobierno de México rechazó esos señalamientos y defendió los principios de soberanía y responsabilidad compartida que rigen la relación bilateral en materia de seguridad.