Gobernadora BC y ex esposo se deslindan de acusaciones de EU por nexos con Cártel de Sinaloa
La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su ex esposo, Carlos Alberto Torres Torres, se deslindaron por separado el 29 de septiembre de 2026 de los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos que vincularon al ex funcionario con el Cártel de Sinaloa, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo incluyó en un listado de 21 personas y 25 entidades sancionadas.
“La Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres. El único interés que comparte es el bienestar de su hijo”, se detalla en un comunicado difundido por el Gobierno de Baja California, que subrayó la separación legal de la pareja, concretada en noviembre de 2025. El mismo documento precisó que la mandataria estatal no figura entre las personas sancionadas por la OFAC.
Torres Torres, por su parte, negó de manera categórica cualquier relación con grupos o actividades criminales. En un posicionamiento público, acotó su vinculación empresarial a una sola de las firmas incluidas en el listado estadounidense. “La única empresa señalada por la OFAC de la que soy accionista del 30 por ciento es Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.”, afirmó.
El exfuncionario detalló que esa razón social corresponde al mercado de productos orgánicos “Vive Orgánico”, ubicado en Boulevard de las Américas 5117, colonia Lomas de Agua Caliente, en Tijuana, Baja California, con ventas mensuales promedio de 570 mil pesos.
Torres Torres anunció que acudirá ante las autoridades estadounidenses para desvirtuar los señalamientos. “Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente”, indicó. Según su versión, los señalamientos se originaron en denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025, y hasta ahora no ha sido citado a comparecer.
“Soy el más interesado en que se concluyan las diligencias correspondientes, para que se compruebe que no tengo relación con ninguno de los supuestos hechos investigados por la autoridad norteamericana”, expresó.
Los deslindes respondieron a un señalamiento de alto perfil. Según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Torres Torres es un operador político vinculado al cártel que mantiene una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de Los Rusos, subfacción que domina la plaza de Mexicali. La autoridad estadounidense sostuvo que el exfuncionario utilizó su influencia política para facilitar las actividades del cártel y protegerlo de la intervención del Gobierno y de las fuerzas del orden en Baja California, y que el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) le revocó la visa en mayo de 2025 debido a esa afiliación.
En el mismo esquema fue designado Luis Alfonso Torres Torres, hermano del exfuncionario, a quien la OFAC identificó como responsable de recibir sobornos y lavar los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas. También fue sancionado Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, quien según la autoridad estadounidense recibió sobornos de “El Ruso” a cambio del control del cártel sobre la policía municipal. Según el Departamento del Tesoro, Torres Torres habría recibido pagos mensuales de Mendivil García para permitir que la organización operara con relativa impunidad en el estado.
Las empresas Vida Organica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF fueron bloqueadas por su presunta vinculación con Luis Alfonso Torres Torres.
La lista incluyó además a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, identificado como líder indiscutible de la facción Los Mayos tras la detención de su padre, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, en julio de 2024, así como a los hermanos Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, y René Arzate García, alias “La Rana”, jefes de la plaza de Tijuana.
“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La acción se tomó según la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra la proliferación internacional de drogas ilícitas, y según la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886, que apunta contra terroristas y sus simpatizantes. Como resultado, todos los bienes e intereses patrimoniales de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben notificarse a la OFAC, restricción extensiva a cualquier entidad cuya propiedad corresponda en 50 por ciento o más a una o varias personas bloqueadas.
